En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en la mañána de hoy, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el Ejecutivo ha avanzado hoy en algunas reformas importantes en el ámbito judicial, entre las que destacó la revisión del Código Penal, cuyo objetivo principal es "atajar nuevas formas de delincuencia, dar mejor tratamiento a la multirreincidencia y una respuesta penal más adecuada a delitos más graves, como la inclusión en el catálogo de penas de la prisión permanente revisable".

Además se incluyen cambios esenciales en materia de violencia sobre la mujer para los que se ha contado, según ha explicado la vicepresidenta, con la activa participación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por ejemplo, se tipifica el matrimonio forzado, se castigan los actos de hostigamiento que a veces con el código actual no podían ser penados y se penará la divulgación no autorizada de grabaciones íntimas aunque hayan sido obtenidas con consentimiento de la víctima.

También se ha referido a la presentación de un informe sobre el Estatuto de la Víctima, "una de las leyes comprometidas por este Gobierno". El objetivo es "dar un trato más humano, con los mejores trámites posibles, más personalizado, garantizando su información en todo el proceso".

Sáenz de Santamaría ha destacado que la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial "tiene por objeto profesionalizar la carrera judicial y adaptarla a otros cambios que se han producido en materia presupuestaria".

Reformas en el Código Penal

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha detallado algunos de los nuevos tipos delictivos relacionados con la violencia sobre la mujer que se plantean en el nuevo Código Penal entre los que figura el acecho u hostigamiento, con el que "acabamos con la desprotección ante determinadas situaciones que no podían ser perseguidas por el delito de amenazas o coacciones". También ha citado el de matrimonio forzado, la divulgación no autorizada de grabaciones o la inutilización de los dispositivos electrónicos para el control del cumplimiento de penas y medidas de seguridad cautelares.

El titular de Justicia ha informado también de la extensión del comiso ampliado (comiso de bienes procedentes de actividades similares anteriores a las que son objeto de condena) a los delitos de blanqueo, receptación profesional, trata de seres humanos, prostitución, explotación y abuso de menores, tráfico de drogas, falsificación y corrupción en el sector privado.

Por otra parte, el ministro ha señalado que el Gobierno ha avanzado en su compromiso de luchar contra el racismo, la xenofobia y el odio ideológico. En este sentido, y con el fin de trasponer la normativa europea al respecto, se tipifica "la incitación al odio o la violencia contra grupos determinados por raza, religión, ascendencia, origen nacional o étnico, incluyendo la divulgación de escritos o imágenes y la apología, trivialización flagrante o negación de los crímenes de genocidio, contra la humanidad o de guerra como forma de incitación al odio o violencia, así como los específicamente referidos al Holocausto".

Estatuto de la Víctima 

Ruiz-Gallardón ha presentado un primer informe para la elaboración del Estatuto de la Víctima sobre el que los distintos ministerios podrán formular, a partir de ahora, sugerencias. El titular de Justicia ha explicado que se trata de un compromiso electoral que hará efectiva la trasposición de una directiva europea aprobada el pasado 12 de septiembre. En este sentido ha destacado que España "es el primer Gobierno europeo que da cumplimiento a esta directiva europea".

Según el ministro, "el Estatuto de la Víctima nace con vocación de ser un catálogo de derechos procesales y extraprocesales de las víctimas de cualquier tipo de delito". No deroga sino que complementa las legislaciones específicas sobre algunos tipos de víctimas concretas (del terrorismo, menores, etc..).

Su objetivo es ofrecerles, desde los poderes públicos, una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, reparadora del daño sufrido y a la vez minimizadora de otros efectos traumáticos que su condición les puede generar.

El ministro ha concretado que el Estatuto de la Víctima podría remitirse al Consejo de Ministros en un plazo de dos o tres meses, mientras que el nuevo Código Penal podría entrar en vigor en el plazo de un año.

Eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia

El Consejo de Ministros ha aprobado también una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que pretende profesionalizar la carrera judicial y garantizar laestabilidad presupuestaria en la Administración de Justicia

Gallardón señaló  que el objetivo último es que todos los jueces sean profesionales y que el acceso a la carrera se produzca por mérito y capacidad, superando las oposiciones correspondientes. Aseguró, asinmismo que sólo se recurrirá a magistrados suplentes y jueces sustitutos en circunstancias excepcionales. Las vacantes se cubrirán por los actuales miembros de la carrera judicial. "El criterio del Ministerio es que la Justicia en España tiene que ser profesional", ha reiterado.

Por otra parte, los permisos por asuntos propios se verán reducidos a tres días al año y se crea una nueva licencia por la que jueces y magistrados podrán ausentarse tres días al mes, hasta un máximo de nueve días al año, para estudiar o revolver causas de especial complejidad.

Foto: Moncloa