FORO defiende en el Congreso la educación diferenciada por sexos, la homologación económica del profesorado concertado y una prueba nacional de evaluación

• Enrique Álvarez Sostres afirma que la educación diferenciada es plenamente constitucional y no supone discriminación
• FORO, favorable a la homologación de los sueldos de la escuela concertada con la escuela pública, según dictan las leyes orgánicas
• “La prueba nacional debe ser un elemento clave de la reforma educativa”

OVIEDO.- FORO defenderá mañana, miércoles, en el Congreso de los Diputados la validez de la enseñanza diferenciada por sexos, la implantación de un sistema de evaluación a los alumnos con carácter nacional, y la homologación de sueldos de los profesores de la escuela concertada con la escuela pública.

Todo ello será argumentado en la Comisión de Educación del Congreso por el diputado de FORO y portavoz del Grupo Mixto en Educación, Enrique Álvarez Sostres, durante el debate de tres proposiciones no de ley presentadas por los grupos socialista, popular y de UPyD.

Respecto al primer punto, Sostres se opondrá a la iniciativa del Grupo Socialista que pretende que el Gobierno promueva las “medidas necesarias para que los centros educativos que discriminan la admisión del alumnado por razón de sexo y que, a través del concierto educativo, reciben subvenciones de las administraciones públicas”, opten entre la adaptación a las leyes o renuncien al concierto educativo y otras ayudas públicas.

El diputado de FORO recuerda que la educación diferenciada por sexos es una alternativa al modelo de coeducación, generalizada en España y en el mundo occidental. Si bien la iniciativa socialista se basa en las sentencias de 23 y 24 de julio del Tribunal Supremo, Sostres advierte que “jurídicamente la cuestión no es lineal ni unidireccional, y sí rica en matices y sentencias”.

Tanto el propio TS antes de esa fecha como varios Tribunales Superiores de Justicia de comunidades autónomas, entre ellas Asturias, admitían  la educación diferenciada. Además, la Convención de la Unesco de 1966, refrendada por la ONU en 1999, negaba la consideración de discriminatorios “los sistemas de enseñanza separados para alumnos de sexo masculino o femenino, siempre que ofrezcan facilidades para el acceso a la enseñanza”.

Aunque la coeducación es el modelo pedagógico mayoritario en Occidente, existen tanto en España como en

Estados Unidos, Alemania, Australia o Canadá centros escolares públicos y privados diferenciados por sexos. Sostres se pregunta que “si no se cuestiona su existencia, ¿por qué debe negarse el concierto con los centros en los que esté implantado?”.

Para él, los valores comunes se refuerzan con el reconocimiento de la diferencia y de la complementariedad recíproca. “Tenemos que abandonar toda corriente dogmática de prejuicios esgrimidos discriminadamente”, señala, y recuerda que “se admite la existencia de federaciones deportivas con deportes y disciplinas diferenciadas entre hombres y mujeres”.

Y concluye: “Más allá de consideraciones pedagógicas o biológicas, de presuntos beneficios o perjuicios, la pretendida preeminencia choca con el artículo 27 de la Constitución: el derecho a la Educación que incluye la libertad de enseñanza como medio para garantizar el pluralismo democrático”. Por todo ello, “FORO siempre se opondrá a aquellas medidas que obstaculicen el ejercicio efectivo de la libertad de enseñanza y de los padres, por elegir el tipo de enseñanza y el proyecto pedagógico que quieran para sus hijos”.

Prueba Nacional de Alumnos

El representante de FORO en el Congreso sí apoyará mañana la iniciativa del Grupo Popular para que el Gobierno establezca una prueba nacional de evaluación para conocer el grado de progreso de los alumnos, con el objeto de conseguir unos mayores niveles de calidad del sistema educativo.

Para Sostres, esta Proposición no de Ley “representa un elemento clave de la inminente reforma educativa, de la que sólo conocemos sus primeros pasos de una manera oficiosa y periodística Y es un elemento clave, porque parte de la necesidad de contar con un sistema de evaluación de ámbito nacional, que permita conocer el rendimiento de los escolares españoles, entendido éste como el grado de adquisición de destrezas y conocimientos de los objetivos comunes  al sistema escolar, con el fin de estar en condiciones de abordar situaciones de mejora en el sistema escolar en su conjunto”.

Para ello, resalta, “resultarán clave los instrumentos de evaluación que vayan a ser utilizados, y que es conveniente diseñar participativamente y mucho más en sistemas sobre los que giran organizaciones políticas federales o cuasi-federales. Aquí, la colaboración debe ser muy estrecha entre las administraciones educativas y el Gobierno central y donde la lealtad institucional resulta nuclear”.

De ahí que “resulta aconsejable el diseño participativo de todos los agentes de administración y gestión, en la estructura y desarrollo en todos sus términos”. FORO votará a favor de la iniciativa y presentará una enmienda de tipo técnico “porque en su formulación no debería hablar de grado de progreso sino de consecución”.

Equiparación salarial del profesorado

Por último, la Comisión de Educación del Congreso debatirá una Proposición no de Ley de UPyD que tiene por objeto “garantizar en el año 2013 que los docentes de la enseñanza concertada no pierdan salario en comparación con sus homólogos de la función pública”.

Enrique Álvarez Sostres apoyará esta iniciativa y presentará varias enmiendas de adición para completar el análisis y la dimensión de un problema suscitado por los últimos gobiernos. “Tras un cuarto de siglo de aplicación de lo prescrito en la LODE, LOGSE, LOCE Y LOE,  siguen sin cumplirse los términos de la homologación”, explica.

Sostres recuerda que la LOE, en la tradición inaugurada por la LGE,  considera la educación como un servicio público, es decir, que debe ser asequible a todos sin distinción de clase, en condiciones de igualdad de oportunidades y con garantías de regularidad, continuidad y adaptación a los cambios sociales”. Y ese servicio público lo pueden prestar los poderes públicos y la iniciativa social.

El diputado de FORO considera que “con el argumento de que los módulos de concierto dependen de la  financiación  pública, se equiparan los recortes a los profesores de la enseñanza pública, aun partiendo de situaciones económicas y laborales muy desiguales. Esa diferencia y equiparación con el personal funcionario, lejos de acortarse, aumenta, contrariando lo prescrito en las Leyes orgánicas”.

“La disminución de las partidas del módulo pone en peligro no solo al profesorado sino a otro personal y a todo el sector, que corre el peligro de no poder sostener la encomienda social prevista en las diversas leyes educativas con la consecuente repercusión en alumnos y familias”, argumenta.