Las organizaciones integrantes de la Cumbre Social han convocado para este domingo, 7 de octubre, decenas de manifestaciones y concentraciones en todas las capitales españolas para expresar el rechazo a unos PGE que redundarán aún más en el deterioro de la calidad de vida de millones de españoles y unas medidas de recorte del Gobierno que cada día que pasa hunden más a las clases populares y una creciente mayoría de la clase media en la recesión económica y, lo que es peor, la desesperanza.
Pero, paralelamente a estas medidas, cuyo acierto defiende con ahínco el Gobierno pero de cuya eficacia dudan cada vez más abiertamente organismos internacionales y el propio día a día de unos ciudadanos que en estos últimos cuatro años han visto esfumarse sus ahorros y han tenido que pignorar modestos patrimonios construidos con el esfuerzo familiar de décadas de trabajo, paralelamente a ellas, está la deriva involucionista del Gobierno y la amenaza directa a las libertades esenciales de los ciudadanos, una deriva que ya comienza a dar miedo a las gentes de bien.
En estos nueve meses de Gobierno, los sectores más retrógados del mismo y sus habituales corifeos, han comenzado a sacar de las alforjas de la tiranía propuestas e incluso medidas que en modo alguno pueden tolerarse en la Europa del siglo 21. Primero se trata de criminalizar a los ciudadanos por manifestarse, decretando medidas inicuas como las de que una persona, por realizar una sentada pacífica en la vía pública de la que es coopropietario o por insultar a un policia en el calor dialéctico de una protesta pacífica, pueda ser procesado como terrorista y condenado a largas penas de cárcel. Después se da un paso más y se prohiben manifestaciones laicas so pretexto de que molestan a los católicos. Y ya en estas semanas, la delegada del Gobierno en Madrid propone, lisa y llanamente, prohibir las manifestaciones en el centro de las ciudades y cambiar la Ley para, en definitiva, poner una mordazar a las protestas populares. Además, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una de las frases más desafortunadas de su vida política, afirma que los buenos españoles son los silenciosos, los que no se manfiestan, y no contento con ello coluye que todos esos españoles apoyan sus medidas.
Como guinda del pastel, la Fiscalía ha propuesto apenas hace una semana que varios españoles fuesen condenados por "atentar contras las Instituciones del Estado"...¡por haber convocado una manifestación! Igualito que en Cuba, China o Corea del Norte. Al juez que desbarató tamaño despropósito legal lo han puesto a la altura de los cascos de los caballos, claro está.
A lo amigos de las conspiraciones ésta, desde luego, puede parecerles una gran conjura. Es como sí, una vez que el pueblo está pasando hambre y privaciones, y que tiene miedo de perder hasta el colchón, el pan, el sal y la lumbre, la parte de la sociedad que añora tiempos ya idos y se caracteriza por su sentido patrimonial del Estado y su consideración de las personas como súbditos que deben de ser obedientes y mandados, dijese "ésta es la mía" y se pasase la Constitución y el derecho internacional por el arco de triunfo. Dicho más claro, es empobrecer al pueblo haciéndole sufragar un fraudulento artificio financiero ajeno para después reducirlo a una condición de semiesclavitud disfrazada de 'orden público'.
Porque en esa deriva atemorizante se incluye también una merma de la democracia formal, con ser ya ésta limitada, con lo que ya no son propuestas, sino hechos, como el de eliminar los sueldos de los parlamentarios electos por el pueblo para que sólo los señoritos, los altos funcionarios, los empresarios y los profesionales enriquecidos, puedan ser cargos electos. María Dolores de Cospedal ya lo ha puesto en práctica en Castilla-La Mancha. No sólo se cargan el principio constitucional de que todo español es elector y elegible, cambiándolo por "todo español es elector y sólo los ricos son elegibles", sino que, además, reducen los parlamentos y los plenos a una representación testimonial en la que sólo PP y PSOE tendrían representación. Y eso de momento, porque un sector del conservadurismo más duro lleva clamando desde las pasadas elecciones para que también se limite el derecho al voto, a fin de que no valga lo mismo el voto de un obrero que el de un abogado del Estado o un banquero.
El escenario en el que nos encontramos los españoles a 9 meses de Gobierno es cruel e injusto por otros motivos. De momento, muchos jóvenes españoles ya no podrán cursar estudios universitarios simplemente porque el encarecimiento de las matrículas hará imposible que ni sus padres ni ellos -condenados a no tener empleo-- se lo paguen. A partir de ahora sólo podrán estudiar los hijos de los pudientes. Así de duro. Así de claro.
O, al tener que pagarse los desplazamientos, determinados medicamentos y hormonas e incluso las prótesis, miles de enfermos crónicos están condenados a morirse no por causa de sus enfermedades sino por insolidaridad de ese Estado al que paulatinamente se quiere convertir de gestor del interés común en amo de vidas y haciendas.
Hay más ejemplos y se preparan otros capítulos igualmente terroríficos que merecen análisis posterior. Pero, en síntesis, hoy es un buen día para recordar que las libertades, los derechos, se han arrancado con un coste de siglos, de sufrimiento, de coraje, de heroismo e incluso de sangre por parte de los españoles. Y que cada espacio de libertad, cada derecho que les es arrebatado nunca lo es temporalmente. El poder tiende a recuperar poder...y a quedarse con él hasta que no se lo arrebatan de nuevo. El de reunión y manifestación es uno de ellos. Y lo mejor para no perderlo es...ejercerlo.
FOTO: UGT
