El remate tuvo una base en una primera instancia de US$ 136 millones y fue subastado en 137 millones de dólares. La empresa tiene 30 días a partir de la fecha para efectivizar el pago y a partir de ahí se crean las condiciones para negociar con el Gobierno. 

Los objetivos del Gobierno en el proceso de la subasta fueron cuatro: preservar la conectividad aérea; defender los recursos del Estado; contemplar la problemática de los trabajadores de la ex PLUNA y atender la masa de acreedores de la empresa. 

El mecanismo de subasta asegura la máxima transparencia del proceso, a pesar de su rigidez. La instancia estaba prevista inicialmente para el pasado 12 de setiembre de 2012. El Gobierno pospuso la subasta para el 1 de octubre para lograr una mayor competencia y captar a más privados interesados.