MADRID, España (ACNUR/UNHCR) - La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentó esta semana el informe titulado “La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles”, en el que se recoge el resultado de una investigación sobre un fenómeno arraigado en nuestro país, que refleja la dura y dramática realidad a la que se enfrentan miles de personas que viven en situación de esclavitud.

Este amplio trabajo, que comienza con información recabada en 2008, ha sido elaborado a partir de más de 60 investigaciones de oficio, un número similar de entrevistas con víctimas de la trata, mayoritariamente mujeres, y 32 expedientes de queja presentados ante la Oficina del Defensor del Pueblo. El informe ha contado con la participación de distintas administraciones, sindicatos, organizaciones internacionales, como ACNUR, así como las entidades que forman parte de la Red Española de Lucha contra la Trata.

Uno de los principales problemas en la lucha contra este fenómeno es la identificación de víctimas de trata. Las cifras del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado demuestran que el número de víctimas identificadas es muy bajo en relación con las personas detectadas en  situación de riesgo: en 2010 se identificaron 1.641 víctimas frente a 15.075 personas detectadas en situación de riesgo mientras que, en 2011, fueron identificadas 1.082 frente a 14.730 en situación de riesgo.

Relación trata y protección internacional

La Oficina del Defensor del Pueblo dedica un amplio capítulo al tema del asilo y la protección internacional, en relación a víctimas de trata que podrían estar en necesidad de protección internacional y por tanto podrían ser merecedoras del estatuto de refugiado. También aquí se pone de manifiesto la necesidad de emplear métodos más eficaces  para identificar a presuntas víctimas de trata en el procedimiento de asilo. Asimismo, la Defensora muestra su preocupación por la denegación sistemática de protección internacional a víctimas de trata que han solicitado asilo, por entender la administración competente que sus solicitudes no encajan en la ley de asilo, a pesar de contar con el informe favorable de ACNUR a estudiar el caso en profundidad o a otorgar protección por existir un temor fundado de persecución por un motivo de la Convención de 1951 en línea con las directrices de ACNUR sobre trata y las de persecución por motivos de género, citadas en el informe.

En este sentido y, entre las conclusiones que recoge dicho informe, se señala que los Estados deben garantizar el reconocimiento como refugiadas a las personas que ya han sido víctimas de trata y temen ser perseguidas al regresar a su país de origen, o a aquellas que temen ser víctimas de trata para que reciban la correspondiente protección internacional.

La protección internacional del Estatuto de refugiado no es la misma que se ofrece a estas víctimas bajo la legislación de extranjería, comenzando porque garantiza el respeto al principio de “no devolución” (non-refoulement) a un país en el que la persona pudiera temer por su vida o por su integridad física, y no exige que la víctima colabore con las autoridades en las investigaciones y enjuiciamiento de los criminales, algo que, en muchas ocasiones, es muy difícil de realizar por parte de las víctimas.

Estos aspectos son especialmente preocupantes cuando estamos frente a víctimas de trata menores de edad, necesiten o no la protección internacional que les brinda el asilo, y que no son debidamente identificadas.

Si bien se han hecho importantes avances normativos en España para la lucha contra la trata, las cifras demuestran que aún queda mucho por hacer para abordar este fenómeno desde la perspectiva de la vulneración de los derechos humanos y la necesaria protección a las víctimas, en lugar de ceñirse exclusivamente a los aspectos puramente delictivos.

“Estás atada a ellos … estás atada a ese juramento”, “Sobre todo tienes que pagar, no debes hablar; no debes huir…” rezan algunos de los testimonios que recoge este informe de la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo es contribuir a incrementar la conciencia de ciudadanos e instituciones sobre estas víctimas invisibles y colaborar en la erradicación de esta forma de esclavitud del siglo XXI.