Del análisis previo realizado se desprende que la oferta media de infraestructuras en carreteras, ferrocarril de alta velocidad, puertos y aeropuertos sería suficiente para atender la demanda a medio plazo, si no fuera porque adolece de problemas de planificación y de desequilibrios territoriales.

La planificación contenida en el PITVI busca además optimizar el uso de las infraestructuras con muy baja utilización. En la actualidad, un 68% de la totalidad de la red ferroviaria tiene un grado de ocupación bajo o muy bajo; el 60% de la red de alta capacidad de carreteras tiene una IMD (Intensidad Media Diaria) menor de 20.000 veh/día; 16 aeropuertos tienen menos de 100.000 pasajeros al año y 21 menos de 500.000 y el grado de ocupación medio de las terminales del sistema portuario español es del 40 por ciento.

A la vista del diagnóstico y de acuerdo con los objetivos estratégicos del plan, sus principios básicos son los siguientes:

• Postular un enfoque integrado que abarque el conjunto del sistema del transporte. 
• Adecuar las infraestructuras y la prestación de servicios a la demanda real de la sociedad, garantizando la movilidad de todos los ciudadanos mediante las Obligaciones de Servicio Público (OSP). 
• Desarrollar las redes de transporte españolas considerando su inclusión y funcionalidad dentro de las Redes Transeuropeas.
• Profundizar en la liberalización y apertura al mercado de la gestión de infraestructuras y servicios del transporte. 
• Potenciar una creciente participación del sector privado en la financiación y desarrollo del sistema de transporte. 
• Revisar y reforzar la evaluación de proyectos e inversiones, incorporando mecanismos de análisis coste-beneficio y previsiones de rentabilidad económica y financiera.

El PITVI se estructura en tres grandes programas de actuación para cada uno de los modos de transporte: programa de regulación, control y supervisión, programa de gestión y prestación de servicios y programa de actuación inversora.
El programa de regulación, control y supervisión recoge el necesario desarrollo de la función reguladora que permite desarrollar y aplicar las políticas establecidas en cada uno de los modos de transporte.

Como actuaciones a destacar de este programa están las siguientes: 

• Aprobación de una Ley de Financiación del Transporte. 
• Regulación del transporte terrestre, con la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). 
• Definición de un nuevo modelo de la Red de Carreteras del Estado, con la revisión de la Ley de Carreteras y su Reglamento.
• Regulación del sector ferroviario y liberalización efectiva del transporte de viajeros. 
• Integración de FEVE en ADIF y RENFE.
• Intensificación de la seguridad aérea tanto operacional como de seguridad física, mediante un nuevo enfoque preventivo.
• Potenciación de la competencia de los puertos.
• Refuerzo de la presencia de España en organismos internacionales del sector transporte.
• Creación de la Agencia Estatal de Seguridad del Transporte Terrestre.

El programa de gestión y prestación de servicios persigue, por su parte, promover un uso eficiente del transporte, con un mejor aprovechamiento de la red existente y una potenciación de la cadena intermodal o de la opción modal que proporcione mayor beneficio y rendimiento al sistema bajo el principio de sostenibilidad económica.

Las actuaciones a destacar de este programa son:

• Racionalización de la oferta de servicios ferroviarios y análisis de líneas deficitarias al objeto de optimizar los recursos. 
• Definición de un nuevo modelo de gestión de servicios ferroviarios de mercancías. 
• Nuevas condiciones para las concesiones de los servicios de transporte por carretera. 
• Nuevo modelo de gestión aeroportuaria y de navegación aérea. 
• Nueva cultura en el modelo de gestión portuaria. 
• Apoyo a la internacionalización de las empresas españolas. 
• Nuevo modelo de gestión de las terminales de mercancías ferroviarias e intermodales. 
• Creación del Observatorio del Transporte. 
• Creación del Portal del Transporte.

En consonancia con la cartera de servicios ofrecida desde los poderes públicos, se establecerá asimismo la carta de derechos de los usuarios del transporte

Las iniciativas de inversión en nuevos desarrollos y capacidades que el PITVI contempla tienen por objeto, fundamentalmente, completar los grandes ejes estructurantes y los itinerarios de la red, el refuerzo de las conexiones intermodales y la dotación de determinadas infraestructuras estratégicas, como las conexiones transfronterizas.

En este ámbito de la planificación, se tendrá presente en las inversiones un enfoque intermodal y se incorporarán también, con la finalidad de priorizar y racionalizar las inversiones, mecanismos de análisis coste-beneficio y previsiones de rentabilidad económica, financiera y social.

En el transporte por carretera las actuaciones se centrarán en: conservación y mantenimiento viario, mejora de la seguridad vial, acondicionamientos, mejora de la capacidad y nuevas variantes de población.

Junto a todo ello, se establece un subprograma de nueva infraestructura, cuyas actuaciones, de acuerdo con los principios de austeridad y de máximo rigor económico, se centran en la finalización de los itinerarios ya empezados con el objetivo de cerrar o mejorar el mallado de la red tanto a nivel radial como transversal y en la ejecución de los tramos incluidos en los corredores multimodales de la nueva Red Transeuropea de Transporte, incluyendo la ejecución de accesos viarios a puertos.

En transporte ferroviario, los objetivos específicos serán mejorar la red convencional, potenciar el transporte ferroviario de mercancías, completar la red ferroviaria de alta velocidad y mejorar la red de Cercanías.

En el caso de la red de alta velocidad, el principal objetivo que se plantea es la generalización de una efectiva reducción de los tiempos de viaje, integrándose y complementándose con la red convencional, de cara a conseguir un incremento del uso de la red y una mejor cohesión territorial.

Se definirá una estrategia para la incorporación de los tramos actualmente en construcción, para poner en valor las inversiones en ejecución y permitir una mejora progresiva de los tiempos de viaje.

En el transporte aéreo las iniciativas en materia de inversión en nuevas infraestructuras tendrán fundamentalmente por objeto el ajuste de las condiciones operativas y de capacidad derivadas de los nuevos retos y necesidades del sector.

Respecto a los aeropuertos, el objetivo fundamental será obtener el máximo rendimiento de la red actual, gestionándolos con criterios empresariales y potenciando la fortaleza de la red aeroportuaria española.

En el modo de transporte marítimo, los subprogramas de actuación inversora contemplados incluyen inversiones en el sistema de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación, y las inversiones en infraestructuras portuarias.

En materia de vivienda, el PITVI tiene por objeto potenciar la rehabilitación, a fin de mejorar y conservar el patrimonio residencial español, especialmente las viviendas con más antigüedad, y el alquiler, introduciendo, en este caso, medidas que permitan aumentar su participación en el conjunto del mercado.

El plan también persigue mejorar la calidad y sostenibilidad de la edificación y del urbanismo.

Junto a ello, el PITVI prevé colaborar con otras administraciones para la rehabilitación y conservación del patrimonio arquitectónico e histórico-artístico mediante proyectos y obras que promuevan su puesta en valor.

Dentro de las actuaciones previstas en este ámbito destaca la elaboración de un proyecto de ley sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que elimine las trabas actualmente existentes, fomente la calidad y sostenibilidad de la edificación y del suelo, en consonancia con la regulación de la Unión Europea, y ofrezca un marco normativo seguro e idóneo para la reconversión y reactivación del sector de la construcción.

Otro de los planes de actuación es la Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, cuyo proyecto fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 24 de agosto. El texto refuerza la libertad de pactos entre las partes, garantizando un equilibrio de derechos y deberes entre arrendador y arrendatario, reduce el tiempo de prórroga obligatoria y el de comunicación del desistimiento del arrendatario, al tiempo que mejora la seguridad jurídica y la regulación del proceso de desahucio e incorpora medidas de carácter fiscal para incentivar el mercado de alquiler.

También se incorporará la reforma de la Ley de Ordenación de la Edificación, la actualización del Código Técnico de Edificación y una actualización de la normativa técnica.

El segundo grupo de actuaciones se refiere a programas de gestión y de inversión. Así, se desarrollará el Observatorio de la Vivienda y el Suelo como herramienta para conocer de forma adecuada el mercado de la vivienda y la situación de suelos clasificados y en desarrollo.

Asimismo, se articularán medidas específicas para la rehabilitación del parque de vivienda usada vacía dentro del nuevo Plan de Estatal de Vivienda y el fomento de la regeneración urbana y del alquiler.

También se reforzará el Sistema de Información Urbana (SIU) como instrumento de elaboración de las nuevas políticas urbanas desde una perspectiva integrada. En concreto, se integrará en el SIU la información sobre riesgos naturales, infraestructuras, indicadores de sostenibilidad ambiental y territorial, evolución del mercado de vivienda y del suelo y datos sobre certificación energética.

En el ámbito de la conservación del patrimonio histórico-artístico, se mejorará el programa del 1% cultural, incrementando la dotación del mismo hasta el 1,5%, dentro de un criterio de corresponsabilidad entre administraciones y agentes, y se impulsará la rehabilitación, restauración y recuperación del patrimonio arquitectónico utilizando aquellos instrumentos administrativos y financieros disponibles.

Dentro de los programas correspondientes a ayudas públicas y subvenciones, se incluye la gestión del Plan Estatal Vigente y de compromisos anteriores, así como un nuevo plan estatal de vivienda, que entrará en vigor en 2013.

La ministra ha afirmado que la inversión pública en infraestructuras es una prioridad del gasto público y un instrumento básico para dinamizar la economía y ha añadido que su departamento está firmemente decidido a llevar a cabo todas las actuaciones consideradas prioritarias.

En función de los escenarios de evolución macroeconómica en España hasta el año horizonte 2024, la suma total de inversiones contempladas en el PITVI, en relación al PIB, supone un porcentaje variable entre el 0,89% y el 0,94%.

Con pocas diferencias entre escenarios, a las políticas de transporte se destina aproximadamente el 90% de estos recursos y el 10% aproximadamente a las de vivienda.

En el ámbito de infraestructuras y transporte, las inversiones se autofinanciarán de forma creciente mediante los recursos generados por las propias entidades por la prestación de sus servicios. Para ello, se reforzará su enfoque de mercado, de manera que puedan llegar a suponer hasta el 60% del esfuerzo inversor.

En el PITVI, la contribución del sector privado crecerá hasta representar el 16% de la inversión total en el periodo, lo que supondrá un incremento del 64% en relación con lo que se ha venido haciendo hasta ahora.

Se fomentará la aplicación de los modelos de colaboración Público-Privada (CPP) en proyectos que resulten atractivos por su rentabilidad y ampliando su aplicación a sectores donde no se han utilizado tradicionalmente.

Los fondos europeos constituirán también un elemento del modelo de financiación del plan. Tanto el FEDER como los recursos asociados con la Red Transeuropea de Transporte (CEF) aportarán financiación junto a los recursos del BEI y los nuevos instrumentos de financiación de infraestructuras (Project Bonds).