La tentación de privatizar la disposición de seres humanos nacionales para obtener beneficios empresariales de ellos es vieja y mensurable en sus beneficios. La pregunta es si una sociedad honorable puede mercadear con la represión penal, el castigo o incluso la muerte, convirtiendo a personas en objeto de beneficios apetitosos pero injustificables. El nombramiento de sherif al libre albedrío requiere un cambio constitucional. 

Madrid.-El Gobierno ha reconocido al diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, que deja abierta la posibilidad de ampliar a más cárceles la que ha denominado como “fase piloto” inicial en la que vigilantes de seguridad privada pasarán a hacer tareas de vigilancia en el exterior de los centros penitenciarios.

El Gobierno responde así por escrito a la pregunta parlamentaria registrada por Sixto el pasado mes de julio en la que, entre otras cuestiones, se interesaba por conocer “¿En qué va a consistir de forma concreta y detallada la propuesta del Gobierno de contratar vigilancia privada en los centros penitenciarios?” y “¿Qué funciones tiene previsto el Gobierno que desempeñen los vigilantes de seguridad privada en los centros penitenciarios?”.

En la contestación remitida ahora al parlamentario de IU Moncloa indica que “cabe señalar que los vigilantes de seguridad privada desarrollarían sus funciones bajo la dirección del Cuerpo policial que tenga atribuida la responsabilidad de la seguridad del centro penitenciario. En virtud de los resultados que se obtuviera en esa posible fase piloto, se decidiría su implantación en otros centros”.

Con anterioridad, los responsables del Gobierno del PP confirman que “el Ministerio del Interior está estudiando la posibilidad de que las empresas de Seguridad Privada desempeñen algún cometido específico en la seguridad exterior de los centros penitenciarios, de los que actualmente son desarrollados por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, como podrían ser el control de accesos exterior perimetral, los puestos de vigilancia perimetrales y la sala de control de circuitos cerrados de televisión del perímetro”.

Ricardo Sixto considera que “la privatización de los servicios de las prisiones pone en tela de juicio el modelo de Instituciones Penitenciarias del que nos hemos dotado constitucionalmente, cuyo criterio orientador es la reeducación y la reinserción social en las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad”.

El diputado por Valencia destaca “la preocupación y el rechazo” que esta medida ha suscitado tanto en Izquierda Unida como en buena parte de los agentes sociales relacionados con este asunto, que coinciden en valorar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no está proporcionando información suficiente de sus verdaderos objetivos.

La respuesta escrita del Gobierno indica también que “se trataría de un proceso de implantación gradual, que podría afectar inicialmente a menos de un tercio de los centros penitenciarios existentes y a un número de puestos reducido y variable en función del tipo de Centro de que se tratase”