Guillermo Martínez estima que la continuidad del servicio policial no sería posible si el Gobierno de España impone unas cantidades no asumibles para el Principado y si no se cubren las vacantes de funcionarios pendientes

• El número de efectivos es de 78, pero actualmente sólo prestan servicio 45

• El anterior Ejecutivo asturiano no renovó, en julio de 2011, el convenio con el Ministerio de Interior, “una situación que nos preocupa y que urge abordar”, precisó el consejero

Oviedo.-El consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, anunció hoy en la Junta General que el Ejecutivo asturiano negociará con el Ministerio de Interior la continuidad de la Unidad de Policía Adscrita (UPA) para lo que habrá de determinar el número de efectivos disponibles y las condiciones financieras para su mantenimiento, más en un marco de restricciones presupuestarias.

Guillermo Martínez defendió la continuidad de  la Unidad de Policía Adscrita, en servicio desde 2008, como uno de los instrumentos básicos de la estrategia de seguridad desarrollada por la administración autonómica en cooperación con el Gobierno de España y los ayuntamientos asturianos.

El titular de Presidencia recordó que el pasado 16 de julio, cuando presentó el programa de legislatura de su departamento ante la Junta General del Principado de Asturias, “me comprometí a la continuidad de las labores de la UPA en materia de protección y vigilancia de edificios e inspección y seguimiento de actividades ilícitas con la sección del juego”. Añadió que para lograr estos objetivos se habían iniciado contactos con el Ministerio del Interior y que este mismo jueves mantendrá un encuentro en Madrid con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio.

El Consejero de Presidencia defendió la labor desempeñada por los funcionarios de la UPA, pero puntualizó que existen “dos supuestos que podrían dificultar su continuidad: si el Gobierno de España impone unas cantidades no asumibles por parte de esta Administración y si no cubre las vacantes pendientes”.

La UPA entró en servicio en 2008 con toda su plantilla, un total de 78 personas, al frente de los que se encuentra un comisario, incluida la sección del juego, con 8 funcionarios. Fue un paso decisivo en la asunción de las  competencias en materia de seguridad del Principado, que exigió desde su inicio, hace casi 30 años, “un esfuerzo progresivo en materia de dotación de medios materiales y humanos para avanzar hacia un sistema autonómico de seguridad pública de calidad que en esencia, es responsabilidad del Gobierno del Principado, pero también de los ayuntamientos, y de otras administraciones y entidades privadas”, subrayó Guillermo Martínez.

Actualmente el número de efectivos de la UPA se ha visto reducido a 45, cinco en la sección de juego.

“Cabe destacar que sin embargo tomando como referencia los dos últimos años, la disminución de efectivos policiales no se traduce en una caída de los servicios de protección, puesto que mientras que la reducción de personal supone un 18%, el número de intervenciones desciende sólo un 5%”, precisó el titular de Presidencia. Sólo en los dos últimos años, los efectivos de la UPA realizaron un total de 8.840 servicios en materia de protección y custodia de edificios, de seguridad de personas y de los edificios que albergan la Junta General del Principado de Asturias y la Presidencia del Gobierno de la comunidad autónoma”.

El convenio suscrito en 2005 establece que el Gobierno del Principado aportará el 50 por ciento del coste de la UPA y que contará con un total de 70 funcionarios, pudiendo ampliarse o reducirse el número de sus efectivos de común acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Consejería de la Presidencia. El Consejero recordó que el acuerdo precisa que la reducción de efectivos “no podría ser superior al 15% de los funcionarios adscritos inicialmente”.

La primera prórroga del convenio se materializó el 28 de julio de 2008 por un período de tres años, donde se acordó que las vacantes producidas en la UPA, cuando alcancen el 10% de la dotación, se cubran anualmente, a efectos de mantener actualizada la plantilla.

A la circunstancia de la falta de actualización del número de funcionarios de la UPA se suma el hecho que desde julio de 2011 no se ha renovado el convenio con el Ministerio de Interior. “Desde la fecha señalada hasta la toma de posesión de nuestro Gobierno no se realizó ninguna actuación respecto de la Unidad de Policía Adscrita que ha venido prestando sus servicios en una situación a la que es necesario poner coto”, puntualizó Guillermo Martínez.

En concreto, especificó el Consejero de Presidencia, “en esta fecha de finalización de la primera prorroga de los convenios, no solo no se negocia la prórroga o se renegocia el convenio sino que se paraliza cualquier actividad en orden a llevar a cabo un planteamiento organizativo que la legislación demanda, situando la Unidad de Policía Adscrita en una situación que comprenderán nos preocupa y nos urge abordar”.

Ante esta situación, el principal objetivo anunciado por del Gobierno del Principado es abordar este asunto en el encuentro el jueves con el representante del Ministerio del Interior, “pues el futuro de estos convenios está condicionado inexorablemente a las directrices que nos marquen desde el Gobierno central y acordemos con el Ministerio de Interior. Confiamos plenamente en su sensibilidad en este asunto, conscientes además de que no somos la única comunidad autónoma que se encuentra ante esta problemática situación”, añadió Guillermo Martínez.

Cooperación en seguridad

El Consejero de Presidencia abogó por la mejora de este modelo de seguridad, “ que pretendemos sea cada vez más inclusivo y mejor coordinado con todos los actores públicos y privados”.  Precisó que este modelo se sustenta en tres principios fundamentales:

• Perspectiva integral de la seguridad.
• Coordinación entre las administraciones públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y ciudadanía.
• Eficiencia en el uso de los recursos. Máxime en un momento de austeridad presupuestaria que obliga a optimizar y racionalizar el empleo de los instrumentos existentes, sin menoscabo por supuesto de rebajar ningún margen de seguridad.

En este contexto, la estrategia de seguridad en Asturias tiene como elemento de referencia a la UPA, pero también otros tres:

• La Guardia Civil. Desde mayo de 2008 existe un convenio con el Ministerio del Interior por el que se acuerda la prestación de los servicios de vigilancia y protección de los edificios e instalaciones judiciales, y que actualmente cubre la seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

• Los contratos de seguridad privada, actualmente existen 20 que afectan a un total de 111 edificios.

• Y también de otros apoyos d el Cuerpo Nacional de Policía en acciones concretas en el ámbito de sedes judiciales como los Juzgados de Guardia, durante el horario de apertura y los calabozos en las instalaciones judiciales en momento concretos.

Y a todo ello se suma además los convenios de colaboración con la Unidad Militar de Emergencias y las dotaciones de bomberos y del 112 Asturias que también forman parte de esta concepción integral de la seguridad. El Consejero de Presidencia aprovechó este momento para mencionar expresamente estos servicios “porque en los poco más de cien días de gobierno, en los que desafortunadamente hemos activado tres planes de emergencia, si algo hemos podido comprobar es que el éxito en la seguridad pública está en manos de la profesionalidad de nuestros agentes, pero también, y en muy buena medida de la cooperación entre las distintas fuerzas que operan”.

Guillermo Martínez anunció que en los próximos meses convocará los siete órganos colegiados en materia de seguridad: las comisiones de Protección Civil del Principado de Asturias y la de coordinación de policías locales, el consejo asesor de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como los consejos del juego, fuego, rector de bomberos y rector del 112 Asturias.

FOTO:  De izquierda a derecha, el director general de Justicia e Interior, José Luis Villaverde, y el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.