El presidente de Canarias, Paulino Rivero, propone hoy en su blog la revisión del modelo de financiación autonómica. Por su interés, ofrecemos el artículo, íntegro, a los lectores.

Las próximas semanas serán vitales para que, si hay voluntad política y verdadero sentido de Estado, España pueda empezar a resolver uno de los problemas que más tensiones territoriales ha generado en el ámbito político en los últimos años, y no es otro que la necesidad de revisar y poner al día el modelo de financiación autonómica.

Un sistema que no gusta a casi nadie y del que discrepan muchos presidentes autonómicos, dándose la circunstancia de que ese malestar no se detiene en siglas o militancias porque es generalizado.

Un sistema, el de financiación, que consagra la desigualdad entre los ciudadanos de los diferentes territorios -lo contrario de lo que la Constitución establece-, permitiendo una distribución de fondos per cápita real y objetivamente desproporcionada e injusta.

Un sistema que se ha visto sacudido por constantes controversias desde que se dieron los primeros pasos.

Es una realidad constatable que en estos momentos hay una contestación bastante generalizada ante un sistema que alimenta desigualdades y debilita la cohesión territorial y también social.

Canarias y Andalucía son dos de las comunidades autónomas peor tratadas por el actual reparto y así lo hemos denunciado ambos presidentes en multitud de ocasiones. Pero también Murcia, y Valencia, e incluso Castilla-La Mancha, cuyos presidentes se han mostrado partidarios públicamente de revisar el actual sistema.

Ha llegado el momento de corregir un modelo especialmente perverso e injusto para comunidades autónomas como Canarias, a la que se adeudan 800 millones de euros anuales por tal concepto.

Es hora de que aquellas autonomías que se consideran más perjudicadas se coordinen para trabajar conjuntamente -desde la responsabilidad institucional y sin partidismos-, y avanzar hacia un objetivo compartido.

Ese es el objetivo fundamental de la reunión que mantendré mañana en Sevilla con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y también el de las conversaciones que en los últimos meses he tenido con otros presidentes, como el de Valencia o Murcia.

En la jornada de trabajo en la capital andaluza estará igualmente el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad. Muy lejos de cualquier perfil protocolario, la reunión de mañana sentará las bases de una colaboración estrecha por parte de ambas comunidades.

Como se recordará, Andalucía y Canarias hemos pedido la convocatoria de la Comisión Permanente de Evaluación del Sistema de Financiación como primer paso para avanzar hacia una revisión que ponga fin a las desigualdades e injusticias actuales; injusticias y desigualdades que solo se corregirán cuando todos los ciudadanos españoles reciban el mismo trato con independencia del territorio en el que residan.

No se entiende ni tiene ninguna justificación que cada canario reciba 384 euros menos que la media del Estado.

¿Por qué hemos de contar con menos recursos que otros para atender la sanidad, la educación o las políticas sociales? Ni Canarias, ni en este caso Andalucía, se pueden permitir renunciar a unos fondos que a nosotros nos habría ahorrado adoptar algunas decisiones que, duras pero necesarias, hemos tomado en los últimos meses.

Hablamos, por tanto, de un asunto de la máxima importancia, que estará en lo más alto de la lista de prioridades de mi Gobierno en los próximos meses. Y que también debe estarlo en la agenda del presidente del Gobierno de España, a quien las autonomías tendremos la oportunidad de explicarle nuestra posición en la Conferencia de Presidentes que ha convocado para el próximo 2 de octubre.

Será en ese momento cuando se ponga de manifiesto la voluntad real –o no- de avanzar hacia la convergencia entre las comunidades autónomas, y si éstas asumen el principio de solidaridad como elemento de cohesión social entre los diecisiete territorios.

Por lo que respecta al Gobierno de Canarias, seguiremos buscando puntos en común con otras comunidades autónomas perjudicadas por el actual modelo para abrir líneas de trabajo y colaboración que nos permitan mantener una posición firme en la defensa de la revisión de un sistema que tanto daño nos está haciendo.