Piden que la justicia deportiva sea controlada por los tribunales profesionales

Piden que la justicia deportiva sea controlada por los tribunales profesionales

Santander, 10 de septiembre de 2012.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, ha reclamado hoy en Santander que “la justicia deportiva sea controlada por los tribunales profesionales” para que no haya “zonas de inmunidad”, algo que “siempre anda buscando el mundo deportivo para escapar a la jurisdicción ordinaria”, ha lamentado. A sus ojos, los tribunales ordinarios siguen ofreciendo “más garantías” que la cada vez más desarrollada “justicia deportiva”.

 

Tolosa se pronunció de esta forma en la inauguración del encuentro ‘Justicia deportiva en la actualidad’ que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) hasta el miércoles, un foro que servirá para analizar cómo responde la legislación española a los cada vez más numerosos problemas en este campo. El encuentro está patrocinado por el Ministerio de Educación.

 

El presidente del TSJC reflexionó sobre la complejidad del conflicto (justicia ordinaria/justicia deportiva) diciendo que el deporte ha pasado a una “profesionalización absoluta”, por lo que se han introducido “intereses empresariales y económicos ciertamente potentes”. Este cambio provoca que haya que dotar al deporte de un “entramado más complejo”, por lo que va existiendo un nuevo sistema de justicia deportiva.

Este proceso, según explicó, se ha concretado, con dos modelos distintos: el público, característico de los países mediterráneos, en el que existe una importante intervención de los poderes públicos y que es “absolutamente diferente” del privado que rige en los países anglosajones, en Estados Unidos y Suiza, en los que la filosofía que impera es una intervención “mínima” porque la disciplina deportiva se considera “materia jurídica privada”.

 

Para César Tolosa, en España “hay un problema importante de complejidad de normas jurídicas” y una regulación “ciertamente deficiente” que se debe a dos factores: por un lado, a “la doble naturaleza, pública y privada”, de las federaciones deportivas y, en segundo lugar, a la “difícil delimitación” de cuándo esas federaciones ejercen potestades públicas o privadas.

Ese “carácter híbrido” está en “la base de los problemas”, recalcó el juez, que recordó que incluso el Tribunal Supremo hace referencia a cómo la especifidad del fenómeno deportivo “da lugar a una cierta modulación de normativas” cuando se aplican al sector del deporte.

Tolosa reseñó un segundo problema: “la excepción deportiva, o esa especie de tentación permanente del mundo del deporte a buscar zonas de inmunidad para escapar del control de la jurisdicción ordinaria” y depender, en exclusiva, de la deportiva.

 

Al hilo de la actualidad, el presidente del TSJC se refirió a un caso reciente. “El presidente del COI pedía “justicia deportiva” para el ‘caso Contador’, una jurisdicción deportiva que se apartara de los tribunales ordinarios “achacando lentitud al ámbito jurisdiccional, y admito la crítica”, subrayó.

Pero acaba de terminar la Vuelta Ciclista a España, ganada por Alberto Contador, “y quiero recordar que la lentitud y dilación no es exclusiva de los tribunales profesionales. En el ‘caso Contador’, el ciclista dio positivo en julio 2010. Le absolvieron en febrero de 2011, el recurso de la UCI se interpuso en marzo de 2011 y es en febrero de 2012 cuando el TAS acuerda su suspensión”, ilustró el magistrado.

“Si esta es la justicia a la que se ve la ventaja de la celeridad”, esta acaba por no ser tal ventaja “en detrimento de las garantías que, a mi juicio, siguen comportando el que la justicia siga siendo controlada por los tribunales profesionales”, insistió.

 

En su opinión, la cuestión “se complica” cuando aparece el fenómeno del dopaje. “Aquí no cuentan solo las federaciones, sino también los organismos internacionales que, en muchas ocasiones, son de naturaleza privada”. Esto, desde el punto de vista del derecho interno, “plantea el conflicto de la pervivencia de unas instituciones públicas y otras privadas con las mismas competencias”, señaló.

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