España.- Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y semFYC exigen que no se adopten represalias contra el personal sanitario que atienda a personas sin tarjeta sanitaria

Cuando mañana entre en vigor la reforma sanitaria, España incurrirá en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y por ser una medida regresiva y discriminatoria. Esta decisión vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España.

Las organizaciones firmantes vienen denunciando que la no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes mayores de edad en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud. Estas personas solo serán atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto.

Las personas con enfermedades crónicas o mentales serán algunas de las más afectadas por la reforma sanitaria. Como María, una mujer boliviana de 32 años que dejó a sus hijos en su país y trabaja en el servicio doméstico sin contrato. Al enterarse de que su hijo mayor estaba gravemente enfermo, cayó en una profunda depresión con ideas suicidas, que requiere tratamiento farmacológico, proporcionado por su médico de familia. A partir de mañana no podrá seguir con su tratamiento, cuya medicación no se vende sin receta.

Petru tiene la misma edad que María. Es natural de Rumanía y padece tuberculosis pulmonar con multirresistencia. Fue atendido en un hospital de Mallorca y sometido a aislamiento respiratorio. No cuenta con recursos económicos para continuar con su tratamiento, ni para combatir la tuberculosis, ni para comprar la insulina que necesita para su diabetes. Esta situación puede implicar además un problema de salud pública por el riesgo de transmisión de esta enfermedad.

Orden ministerial

A pesar de que mañana entra en vigor la reforma sanitaria, el gobierno todavía no ha hecho pública la anunciada orden ministerial que contemplaría crear convenios especiales para atender a las personas migrantes, mediante los que se condicionaría el acceso a la salud al pago de una cantidad económica y al hecho de estar un año inscrito en el padrón municipal. Por las informaciones publicadas en los medios de comunicación, las entidades firmantes temen que esta orden establezca barreras económicas que pongan en peligro el acceso a la atención sanitaria de las personas más vulnerables.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU exige la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud y afirma: “Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos (…) incluidos los grupos socialmente desfavorecidos”.

En los mismos términos se ha manifestado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, quien ha solicitado a los Estados que eliminen “los honorarios elevados de los servicios de atención médica“, identificándolos como uno de los “obstáculos con que tropieza la mujer para acceder a esta atención.

Estas peticiones internacionales contrastan con declaraciones como las de José Antonio Monago, presidente de Extremadura, que afirmó ante los medios de comunicación que el cobro de una cuota a los inmigrantes irregulares por asistencia sanitaria "no es una cuestión de humanidad sino de presupuesto", Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) afirman que la cuestión es, en realidad, de derechos humanos y de cumplir o no con la legislación internacional y las exigencias de la ética profesional.

Otros gobierno autonómicos, sin embargo, han manifestado desde el principio su oposición a dejar sin tarjetas sanitarias (y, por extensión, sin acceso a la asistencia primaria de salud y la atención de especialistas) a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

Según se desprende del estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, Inmigrantes en situación irregular: acceso a la asistencia sanitaria en 10 estados miembro de la Unión Europea, España junto con Francia, Bélgica e Italia contaban con sistemas más garantistas que el resto de países europeos en lo que se refiere a asistencia sanitaria para inmigrantes en situación administrativa irregular. En España, a través de la tarjeta sanitaria, se tenía acceso a todos los servicios prestados por el sistema nacional de salud. Con las actuales reformas, esas garantías se transforman en desprotección.

Postura del personal sanitario

En relación al movimiento de objeción de conciencia que se ha generado en el sector de la salud con respecto a la aplicación del Real Decreto 16/2012, las entidades que suscriben este comunicado consideran que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos. Por ello, solicitan al gobierno que no adopte represalias ante el ejercicio por parte de estos profesionales de acciones orientadas a cumplir obligaciones internacionales de derechos humanos, tal y como destaca el artículo 17 de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU.

Los miembros de este sector que han anunciado su intención de seguir atendiendo a los enfermos que queden fuera del sistema sanitario público serán considerados “defensores y defensoras de derechos humanos”, en tanto que “promueven y procuran la protección y realización de los derechos humanos”, tal y como refleja la Declaración anteriormente citada.

Efectos sobre las personas más vulnerables

Las organizaciones advierten de las graves consecuencias que las restricciones en el acceso a la atención sanitaria pueden implicar para quienes sufran enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles y enfermedades mentales, suponiendo además un riesgo para la salud de toda la población. Recuerdan asimismo que los Estados tienen la obligación de proteger a los miembros vulnerables de la sociedad, incluso en épocas de limitaciones graves de recursos, que es cuando deben redoblar dichos esfuerzos.

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha subrayado que “excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar, incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad”.

En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género en situación de irregularidad, se da la circunstancia de que su centro de salud, adonde suelen acudir tras recibir las agresiones, se convierte en punto esencial para la detección temprana y la identificación de las víctimas. Especialmente grave puede ser la situación de las personas enfermas de tuberculosis o de VIH/SIDA, enfermedad crónica que si no es tratada adecuadamente produce la muerte.

Solicitantes de asilo y víctimas de trata

Las entidades promotoras acogen con satisfacción la inclusión en el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, de dos colectivos vulnerables como son los solicitantes de protección internacional y las mujeres víctimas de trata. Sin embargo, con respecto a las víctimas de trata, la asistencia sanitaria se limita a las mujeres en periodo de restablecimiento y reflexión, cuando en realidad son muy pocas a las que se les concede esta opción.

La propia Fiscalía General del Estado reconoce en su memoria del 2011 que en las operaciones policiales en lugares donde se realizaba la prostitución se detectaron 15.075 personas en situación de riesgo, de las cuales solo fueron identificadas como víctimas de explotación sexual y trata 1.641. Y únicamente a 43 de ellas se les ofreció el periodo de reflexión.

Además, la atención sanitaria es una de las vías por las que se detecta a posibles víctimas, como destaca el “Protocolo Marco de Protección de Víctimas de seres humanos”, adoptado por el gobierno en 2011.

Cumplimiento de las obligaciones internacionales

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y SEMFYC exigen al gobierno el cumplimiento íntegro de sus obligaciones internacionales. Así lo hizo ya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que advirtió a España de que la reforma sanitaria no debe limitar el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal. Por tanto, el gobierno debe revisar de manera urgente los reales decretos 16/2012 y 1192/2012.

FOTO: 'CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola'