Los objetivos prioritarios del Ejecutivo son sanear el sistema financiero para que se recupere el crédito y mejorar la protección de los pequeños ahorradores. Se crea una sociedad de gestión para aislar los activos tóxicos de las entidades financieras y se posibilita la liquidación de bancos inviables.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, que resulta esencial en el proceso de reformas que está llevando a cabo el Gobierno, según ha declarado la vicepresidenta.
Soraya Sáenz de Santamaría ha destacado que con esta norma "hoy se culmina una reforma de primer orden" porque el saneamiento del sector financiero es imprescindible para recuperar la financiación y el crédito para familias y empresas.
Además, la restructuración tiene como objeto conseguir dinamizar el mercado inmobiliario para sacar a la venta el stock de viviendas y locales que siguen en manos de las entidades de crédito para que puedan venderse a precios razonables. Impulsar ese sector, según la vicepresidenta, "supondría un elemento importante de dinamización de la economía y generación de empleo".
Sáenz de Santamaría ha explicado que la norma recoge medidas de calado importantes para proteger a los pequeños ahorradores: "Es necesario fortalecer su protección, saber en lo que invierten de verdad y que tengan un perfecto conocimiento de lo que les ofrecen".
Con este Real Decreto Ley, el Gobierno cumple los compromisos acordados dentro del programa de asistencia financiera a España para la recapitalización del sector bancario, acordado por el Eurogrupo el pasado 20 de julio y recogido en el Memorando de Entendimiento. "Cumplimos nuestros compromisos europeos y se hace en tiempo y forma", ha manifestado Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta ha añadido que la restructuración del sistema financiero "no costará un euro al contribuyente" ya que aprovechará la ayuda de la Unión para solventarse sin coste.
Medidas fundamentales
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado que los principios generales de la norma son actuar preventivamente; minimizar el coste para los contribuyentes; garantizar que tenemos un sistema bancario saneado y solvente, fundamental para la seguridad de los ahorradores y la recuperación del crédito, y poner a disposición del entramado económico unas entidades que generen confianza.
De Guindos ha detallado las medidas incluidas en la norma, en cuya elaboración han colaborado el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Banco Monetario Internacional.
Entidades con problemas
La norma establece tres niveles de gestión, según ha exlicado el ministro. El primero supone medidas de actuación temprana para las entidades que son viables pero tienen dificultades leves, por lo que pueden requerir una ayuda excepcional y transitoria en un horizonte máximo de dos años.
El segundo nivel sería la actuación de restructuración, que está prevista para las entidades que son viables pero que necesitan recursos para un plazo máximo de cinco años con una prórroga de dos mas.
El tercer nivel supone la resolución ordenada de entidades. A diferencia de la reestructuración, que se aplicaría a entidades viables que pueden devolver por sí misma las ayudas recibidas, la resolución es para aquellas que no lo pueden hacer en un plazo razonable e incumplan los requisitos de solvencia.
En caso de resolución se contempla la venta del negocio de la entidad, la transmisión de los activos y pasivos de mayor calidad a un "banco puente" y los de peor calidad se llevarían a una entidad de gestión.
Refuerzo del FROB
La norma hace una separación absoluta entre el Fondo de Garantías de Depósitos y el FROB. El Fondo de Garantías de Depósitos "se centraría en avalar los depósitos de los ahorradores españoles y es la única misión que va a tener", según De Guindos.
El ministro ha señalado que se elimina una participación que existe actualmente del capital privado en el FROB y se le dota de un capital y una capacidad de endeudamiento de 120.000 millones de euros para 2012. El Estado establecerá un control permanente de la actuación del FROB. Su presidente comparecerá trimestralmente ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.
Costes de reestructuración
Luis de Guindos ha señalado que se pretende minimizar el impacto que los procesos de resolución bancaria tienen para contribuyente: "Se trata de hacer la mejor utilización de los recursos públicos, que los costes de las crisis bancarias se minimicen y que sean los accionistas y los acreedores los que paguen dichas crisis".
Sociedad de gestión de activos
Luis de Guindos ha explicado que se trata de un entidad que compra los activos dañados de los bancos a fin de que estos se quedan en una situación de mayor solvencia, con un balance saneado y se centren en su actividad lógica: gestionar el ahorro de los depositantes y dar créditos. El "mal denominado banco malo" adquiere los activos, los enajena con un horizonte temporal de entre 10 y 15 años y luego los vende.
El ministro ha anunciado que tiene que estar en vigor a finales de noviembre o principios de diciembre. El Real Decreto Ley otorga al FROB la capacidad de obligar a los bancos que reciben ayudas públicas a transferir los activos al 'banco malo'.
Protección a los minoristas
El ministro de Economía ha afirmado que la comercialización que se ha producido hasta ahora de preferentes no era la más adecuada para los ahorradores individuales. Por ello, el Gobierno protegerá al pequeño ahorrador y establecerá "luz y taquígrafos a efectos de comercialización de estos productos".
Se exigirá que en cualquier colocación de productos complejos exista, al menos, un 50% de inversores profesionales. A su vez se establece el límite de 100.000 euros de cuantía mínima para desalentar que pequeños ahorradores los adquieran.
Capital principal, Banco de España y retribuciones de directivos
Por otra parte, Luis de Guindos ha señalado que se elevan los requerimientos de capital de todas las entidades bancarias del 8% al 9%. Se traspasan competencias del Ministerio de Economía al Banco de España y se reducen los límites establecidos con respecto a las remuneraciones de directivos y ejecutivos de entidades con asistencia financiera. El máximo pasa de 600.000 actuales a 500.000.
Asuntos de actualidad
En respuesta a los periodistas, respecto a la entrada en vigor de la nueva regulación de la cobertura sanitaria, la vicepresidenta ha recordado que se ha concretado el concepto de asegurado: "la tarjeta sanitaria cubrirá por primera vez a todos los españoles y a los extranjeros en situación de residencia legal". En el resto de situaciones se tendrá acceso a la cobertura sanitaria pero siendo sufragado, ya sea por los Estados de origen, a través de acuerdos bilaterales, por los propios extranjeros u otros métodos en función de lo que acuerden las Comunidades Autónomas dentro se sus competencias.
No obstante, Sáenz de Santamaría ha afirmado que no habrá desatención sanitaria en ningún caso, teniendo atención directa e inmediata los casos de menores, mujeres embarazadas, situaciones de urgencia, y prevención y control de enfermedades trasmisibles.
Por otro lado, el ministro de Economía ha confirmado que el Gobierno estaba al corriente de las Comunidades que podían pedir ayuda y que en ningún caso se dejará caer a ninguna de ellas. "El fondo de liquidez es la expresión más importante de la solidaridad que existe entre Estado y Comunidades Autónomas" ha confirmado, subrayando que este apoyo supone el compromiso de cumplimiento de déficit público que las propias comunidades han asumido.
