España.-El 21 de diciembre de 2010, en su resolución 65/209, la Asamblea General expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo e, igualmente, decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, celebrándose por primera vez en 2011, con el objetivo de poner de relieve estos crímenes y de no olvidar a todas las personas que son víctimas de desapariciones forzadas.

A ello habría que añadir que en este año 2012 se conmemora el 20 aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1992.

La desaparición forzada es utilizada en ocasiones como una estrategia para sembrar el temor en la sociedad. La sensación de inseguridad generada por esta práctica no se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que afecta también a sus comunidades y a la sociedad en su conjunto. La desaparición forzada se ha convertido en un problema global y no se limita a una región específica del mundo.

En este sentido, España fue uno de los primeros países de Europa en ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, y viene promoviendo e instando su ratificación por otros países

La promoción y el respeto de los derechos humanos y lucha por erradicar de la sociedad toda violación a los derechos humanos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas, constituye una absoluta prioridad del Gobierno de España. Desde la entrada en vigor de la Convención, el Gobierno de España  viene adoptando todas las medidas necesarias para garantizar a todas las personas el disfrute efectivo de los derechos humanos y la protección ante posibles violaciones.

En este día el Gobierno de España quiere rendir homenaje a las víctimas,  los defensores de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y otras personas y grupos que trabajan para denunciar los casos de desaparición forzada  y erradicar esta práctica.

En consecuencia, el Gobierno de España sigue trabajando en todos los ámbitos en la prevención y la lucha contra las desapariciones forzadas, de manera que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar así de una ciudadanía democrática verdadera y plena.

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