Expertos y expertas de la región coincidieron en que la seguridad ciudadana es un tema de derechos humanos y en la necesidad de incorporar un enfoque de género a las políticas públicas de seguridad, en sus presentaciones en el Foro "Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos", que tuvo lugar en San Salvador en vísperas de la 41a Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"Los derechos humanos deben ser entendidos como referentes que guíen la acción de las autoridades y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y como verdaderos indicadores del desempeño del Estado", dijo María Clara Martín, jefe de la sección de las Américas, División de Operaciones en el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Los y las participantes señalaron que  deben implementarse políticas públicas que enfoquen el fenómeno de la seguridad como un asunto no solamente penal y policial, sino que debe ofrecer una respuesta integral, enfocada en la prevención de la violencia y de la delincuencia y en las causas subyacentes de las altas tasas de violencia y criminalidad.

En el Panel "Mujeres, Género y Seguridad Ciudadana", la Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), Rocío García Gaytán, afirmó que "un enfoque de seguridad que se base en el ejercicio de los derechos humanos pasa necesariamente por la inclusión de la violencia de género en las políticas, planes y programas de seguridad. La incorporación de una perspectiva de derechos humanos de las mujeres y de igualdad de género en la promoción y la protección de la seguridad - desde un enfoque de seguridad ciudadana - es esencial para asegurar que las mujeres gocen de la seguridad de una manera plena e igualitaria".

Por su parte, en el panel sobre "Jóvenes y Seguridad Ciudadana", el Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de la Niñez, Paulo Sérgio Pinheiro, destacó la necesidad de incorporar además una perspectiva de protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes a las políticas de seguridad. Como ejemplos de buenas prácticas, Pinheiro mencionó los programas dirigidos a trabajar sobre los factores posibilitadores de la violencia y el delito en espacios concretos, como aquéllos que impulsan técnicas de resolución no violenta de conflictos en los centros educativos; programas de desarrollo infantil temprano y de apoyo para las familias con niños, niñas y jóvenes en situaciones de mayor vulnerabilidad ante el delito o la violencia; y el trabajo con personas jóvenes que ya han cometido delitos mediante programas de penas alternativas a la prisión que incluyan la reparación de la víctima y la rehabilitación del victimario.

Los y las participantes del Foro destacaron que las altas tasas de violencia y criminalidad de muchos países de la región menoscaban el Estado de Derecho y han generado una pérdida de credibilidad de la población en el Estado como fuente de seguridad. Esto, a su vez, contribuye a erosionar los avances democráticos de las últimas décadas en la región. En este sentido, señalaron, la implementación de políticas públicas integrales en materia de seguridad ciudadana es fundamental para la vigencia del sistema democrático.

El Foro tuvo lugar el domingo 5 de junio de 2011 en el auditorio de la Casa Presidencial de El Salvador. Fue co-organizado por la CIM, OACNUDH, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y la CIDH.

FOTO.OEA. Asamblea General