La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha dispuesto mediante Orden Ministerial la asignación de nuevas funciones a las Direcciones Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las Comunidades Autónomas.
A partir del 12 de agosto de este año, estos organismos territoriales podrán desarrollar acciones sobre sectores, situaciones o empresas cuya actividad rebase el ámbito provincial y no exceda el de la Comunidad Autónoma. Todo ello, según indica el texto legal, sin incrementar los recursos humanos y materiales de que disponen.
Entre las nuevas tareas inspectoras de las Direcciones Territoriales están las de perseguir el trabajo no declarado a la Seguridad Social y el fraude en la obtención de prestaciones del Sistema; velar por el cumplimiento de la obligación de cotizar; combatir el uso fraudulento de bonificaciones o reducciones de cuotas y aquellas que le asigne la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Todas estas funciones están en línea con el objetivo gubernamental de combatir con todos los medios a su alcance el grave problema del trabajo no declarado y el fraude a la Seguridad Social.
Nuevas competencias de los Directores Territoriales
Para llevar a cabo este nuevo cometido, los Directores Territoriales tendrán facultades de organización, ejecución y seguimiento de operaciones y de actuaciones sobre sujetos, situaciones o sectores de actividad que puedan operar dentro del territorio de una Comunidad Autónoma.
De esta forma la máxima autoridad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en una Comunidad Autónoma podrá actuar de forma más efectiva en la lucha contra el fraude.
Los Directores Territoriales dirigirán la investigación de posibles supuestos de fraude cuando las empresas operen con estructuras descentralizadas en distintas provincias y territorios como ocurre en los supuestos de contratas y subcontratas de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa principal.
La Orden publicada el 11 de agosto en el BOE, cubre la laguna que se generaba cuando a pesar de haberse detectado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social situaciones de fraude en una provincia, las empresas investigadas disponían de otros centros de trabajo ubicados en una provincia distinta, incluso fuera de esa Comunidad Autónoma.
Ahora lo que se pretende es que los inspectores y subinspectores adscritos a las Direcciones Territoriales puedan extender su actividad a todo el territorio de la Comunidad Autónoma y que además puedan servir como estructuras de intercambio de información con la Dirección Especial (que tiene competencias sobre todo el territorio nacional) y con las Inspecciones Provinciales.
El Gobierno culmina de esta forma el desarrollo de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cumpliendo con lo establecido en el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 2012-2013 y de acuerdo con el Proyecto de Ley Orgánica que modifica el Código Penal en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.
