El estado estadounidense de Luisiana debe eliminar de inmediato el régimen de aislamiento al que tiene sometidos a dos reclusos desde hace casi 40 años. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Albert Woodfox, de 64 años, y Herman Wallace, de 69, fueron puestos en lo que se denomina “Restricción de Celda Cerrada” (CCR, por sus siglas en inglés) en la Penitenciaría Estatal de Luisiana –conocida como Prisión de Angola– desde que fueron condenados por el asesinato de un guardia de la prisión en 1972. Salvo periodos muy breves, desde entonces permanecen en régimen de aislamiento.
"El trato al que Albert Woodfox y Herman Wallace han sido sometidos durante las últimas cuatro décadas es cruel e inhumano, y constituye una violación de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
"No sabemos de ningún otro caso de Estados Unidos en el que se haya sometido a personas a un contacto humano tan restringido durante un periodo tan prolongado."
Durante décadas, no se ha llevado a cabo una revisión significativa de la imposición de régimen de CCR a estos dos hombres. El único motivo que se ha dado para mantener a estos hombres en estas condiciones ha sido el “carácter del motivo de la imposición original".
Los dos reclusos fueron detenidos originalmente por robo a mano armada.
Ambos permanecen 23 horas al día recluidos en sus celdas, que miden 2 x 3 metros. Cuando el tiempo lo permite, pueden salir al exterior tres veces por semana para una hora de ocio en solitario en una pequeña jaula al aire libre.
Durante cuatro horas semanales, se les permite salir de su celda para ducharse o para caminar, en solitario, a lo largo del pasillo de la unidad de celdas.
Se les restringe el acceso a libros, periódicos y la televisión. Durante las últimas cuatro décadas no se les ha permitido en ningún momento trabajar o tener acceso a educación. La interacción social se ha limitado a visitas ocasionales de amigos y familiares y a llamadas de teléfono limitadas.
También se les ha negado una revisión significativa de los motivos de su régimen de aislamiento.
Sus abogados han dicho a Amnistía Internacional que ambos sufren graves problemas de salud causados o agravados por sus años de régimen de aislamiento.
Amnistía Internacional también ha planteado cuestiones relativas a los aspectos legales del caso contra estos dos hombres.
Nunca se han encontrado pruebas materiales que los vinculen con el asesinato del guardia, se han perdido pruebas de ADN potencialmente exculpatorias, y las condenas se basaron en testimonios cuestionables proporcionados por otros reclusos.
Durante los años de litigio sobre estos casos, han surgido documentos que sugieren que el testigo principal fue sobornado por funcionarios de la prisión para que prestara declaración contra los dos hombres, y que la fiscalía ocultó pruebas sobre el testimonio perjuro de otro recluso. Otro testigo se retractó más tarde de su declaración.
Aparte de los recursos judiciales en curso sobre sus condenas por asesinato, Albert Woodfox y Herman Wallace han demandado a las autoridades de Luisiana, alegando que su aislamiento prolongado constituye una pena “cruel e insólita” y, por tanto, viola la Constitución estadounidense.
"El trato infligido a estos hombres por el estado de Luisiana constituye un claro incumplimiento del compromiso de Estados Unidos para con los derechos humanos", ha manifestado Guadalupe Marengo.
"Sus casos deben ser revisados urgentemente y, mientras eso sucede, las autoridades deben garantizar que el trato que reciben cumple las normas internacionales relativas al trato humano a los reclusos."
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