Campo: “La ausencia de déficit en sus cuentas así como a la austeridad y rigor con que funcionan, invalidan cualquier argumento que pudiera justificar su extinción”

• “La parroquias rurales hacen referencia a una situación de facto, real y palpable, que forma parte de la historia, la cultura y las tradiciones propias de Asturias y los asturianos, desde tiempos inmemoriales”
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• El diputado destacó efectos positivos como la gestión de infraestructuras, la conservación de bienes, prestación de servicios, la administración de la masa forestal y de espacios naturales, o el aprovechamiento de montes, la protección de la fauna y la prevención de incendios

Pravia.- El diputado de FORO Juan Ramón Campo, ha participado esta mañana en el acto organizado por la Federación de Parroquias Rurales de Asturias donde ha reivindicado y defendido el papel de la parroquias rurales que “despliegan una función importante e imprescindible y han demostrado su eficacia y buen funcionamiento a lo largo de la historia”. Campo recordó que las parroquias rurales, que “datan ya de siglos pasados, pero con afán de permanencia y continuidad”, nacieron con “el espíritu de conservar su territorio, ponerlo en valor y unirse en torno al lugar donde han crecido”.

El diputado ha destacado que sus normas “hacen referencia a una situación de facto, real y palpable, que forma parte de la historia, la cultura y las tradiciones propias de Asturias y los asturianos, desde tiempos inmemoriales, es decir, son ‘modus vivendi’ y parte del acervo y del arraigo de todos los asturianos hasta nuestros días, así como de la idiosincrasia actual de muchos territorios”.

“El desarrollo legislativo de la parroquia rural no pretende recuperar la división parroquial en su conjunto, sino reconocer jurídicamente aquellas comunidades tradicionales que continúan existiendo, de forma veraz y consolidada”, afirmó Campo. “Cabe por tanto, una línea argumental de defensa de las Parroquias Rurales, basada no sólo en la propia legislación que regula todos sus aspectos, incluido su propio nacimiento, sino también en lo que viene siendo una realidad palpable, un derecho consuetudinario, y una utilidad socio cultural incuestionable”.

En su intervención, Campo destacó el carácter de vinculación al mundo rural, “especialmente despoblado, castigado y abandonado durante los últimos años, en los que se ha tendido a una excesiva concentración de la población en la zona central de Asturias, en detrimento de las alas, y zonas periféricas, que ha generado a su vez, una situación de ‘caída libre’ en cuanto a la destrucción de empleo, precariedad de servicios y comunicaciones”.

El diputado ha destacado su “carácter de colaboración, y no de competencia, con el resto de administraciones públicas, con las que coexisten en el espacio y en el tiempo, en actitud de cooperación y diálogo, muy distante de la competencia, o concurrencia de competencias, que pudiesen generar duplicidad en la que justificar su posible extinción, todo ello sin olvidar el carácter de auto gestión de la convivencia, y del aprovechamiento de sus bienes y recursos, en beneficio de la colectividad, algo que sin duda, ha de ser principio inspirador de cualquier modalidad de administración pública”.

“Parece innegable, y consustancial a la propia definición de democracia, que sean los ciudadanos quienes se doten a sí mismo de las formas de gobierno, y en ello reside la legitimación de los gobernantes para asumir precisamente las competencias, por delegación de los ciudadanos, como votantes o electores”, añadió.

Campo alabó el “carácter democrático y plural” de su organización interna y funcionamiento, que “unido a la ausencia de déficit en sus cuentas, algo significativo e indicativo de su correcta gestión, a la vez que extraño, tratándose de “entidades locales” aunque sean con carácter de menores, así como a la austeridad y rigor con que funcionan, invalidan cualquier tipo de argumentos que pudieran justificar su extinción, ni por la posible concurrencia competitiva con otro tipo de organismos, ni por sus costes, ni desde ninguno de los aspectos que pudieran interesar a la Administración del Estado”.

“Si atendemos a todas estas cuestiones, parece más bien desprenderse todo lo contrario, tratándose de la forma más cercana al ciudadano, al vecino de los entornos rurales, garantes de democracia, de convivencia, de cultura, tradición y formas de vida, de asentamiento de población, de gestión eficaz, y de un sinfín de cualidades, todas ellas evaluables con criterios políticos, económicos y administrativos, que las hacen indispensables para el Principado de Asturias”, añadió.

Campo pide que no se debe olvidar “una serie de efectos indirectos positivos, como su labor en la gestión de infraestructuras, equipamientos, conservación de bienes y prestación de servicios, así como otros de vital importancia como la administración de la masa forestal y de espacios naturales, o el aprovechamiento de montes, que contribuyen a optimizar estos recursos, a evitar los incendios forestales, a generar riqueza, empleo y a un sinfín de aportaciones en materia ecológica y de protección de la fauna, imposibles de asumir de otra manera en territorios tan dispersos y en ocasiones incomunicados como aquellos en los que se incardinan nuestras parroquias”.

“Por todo ello, reivindicamos y defendemos la herencia recibida de una forma de organización que no se ha limitado a sobrevivir como un vestigio histórico, con escasa utilidad práctica, sino que ha sabido además adaptarse a los tiempos, a los cambios administrativos, sociales, culturales o gubernamentales, demostrando además su buen funcionamiento y eficacia, que las hacen indispensables incluso en la moderna administración de nuestro territorio, y que estamos obligados a conservar, para que sean a su vez herencia de las generaciones venideras, como ejemplo de buen gobierno, impidiendo que la Crisis económica y los recortes, ataquen, como suele ser costumbre a lo largo de la historia, a los más débiles, a pesar en muchos casos, como el de las parroquias rurales, de su demostrada eficacia, en lo que parece ser un empeño de ocultar lo que verdaderamente no funciona, lo que constituye un lastre y una carga que sí sería necesario remodelar”, manifestó Campo.

El diputado concluyó señalando que “no debemos resignarnos a la destrucción de una forma de participación ciudadana en la que los gestores, además de ser elegidos democráticamente, no perciben salario alguno, sino que aportan desinteresadamente su esfuerzo y tesón al servicio del interés general, pretendiendo culpabilizarlos injustamente de los sobrecostes y excesos que no les corresponde asumir, y obviando al mismo tiempo, la importante misión que desempeñan, con un adecuado funcionamiento”.