El Partido Popular considera que el sistema sanitario público español ha dado un gran paso hacia la universalidad

Lo ha hecho gracias al Real Decreto 16/2012 de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema, y al Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España.

Sin embargo, hay personas que no ostentan la condición de asegurado ni beneficiario. Para ellos, se está preparando la orden reguladora de convenios especiales de asistencia sanitaria, que no tienen la consideración de exportabilidad del derecho a efectos de aplicación de los reglamentos europeos.

De acuerdo a lo establecido en la Ley General de sanidad de 1986, el sistema nacional de salud tiene la obligación de facturar la asistencia sanitaria prestada a personas no aseguradas. Por ello todos los servicios de salud facturan aplicando los decretos de tarifas por servicio prestado.

El PP recuerda que, además, los particulares no asegurados podrán acceder, si voluntariamente desean ser atendidos por la sanidad pública por espacios de tiempo, a través de la formalización de convenios especiales. Serán para los siguientes casos:

-Españoles que nunca hayan trabajado y ganen más de 100.000 euros al año (rentistas). 
-Europeos que voluntariamente quieran suscribir estos convenios para ser atendidos por el sistema sanitario público español.  
-Nacionales de terceros países que durante su estancia en España, quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público. 

El sistema tiene obligación legal de facturar a todo el que no es asegurado, bien a través de estos convenios, que ya existen en otros sistemas sanitarios públicos, como el de Francia, o bien facturando cada acto médico.

En cuanto a los inmigrantes en situación irregular, la intención del Gobierno es que regularicen su situación, ante todo. No obstante, tendrán garantizada su asistencia básica (urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años).

Estos convenios están recogidos en un borrador, un documento de trabajo enviado a las CC AA para que realicen alegaciones. Se trata de la orden que desarrollará el Real Decreto de Aseguramiento. La cuantía de la suscripción de los convenios se ha calculado de acuerdo a la metodología oficial de cálculo de coste de asistencia sanitaria por ciudadanos, que es la misma aplicada a la facturación por la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos de  otros países europeos.