Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Barcelona un grupo organizado dedicado a la falsificación de documentos con los que ciudadanos extranjeros en situación irregular se daban de alta de forma fraudulenta en la Seguridad Social. Se ha detenido a 20 personas quienes, a cambio de 3.000 euros, vendían todos los documentos requeridos por la legislación vigente. A través de una red de empresas ficticias ofrecían falsos contratos de trabajo con el único fin de acceder a prestaciones y subvenciones derivadas del desempleo. El fraude ocasionado a las arcas públicas supera los 600.000 euros y los supuestos trabajadores implicados son más de 600.
La investigación se inició a principios del mes de junio de 2010 cuando se detectó la existencia de una serie de personas de nacionalidad pakistaní dedicadas a la falsificación de documentos. Paralelamente, se encargaban de dar cobertura legal a compatriotas en situación administrativa irregular.
Cobro fraudulento del paro
El grupo criminal desarticulado estaba perfectamente organizado y jerarquizado en su estructura operativa, con un plan determinado de acción y un reparto especifico de funciones. Parte de sus miembros eran los encargados de captar, en los círculos y lugares de ocio donde habitualmente se reúnen, compatriotas a quienes ofrecían regularizar su situación administrativa en España a cambio de 3.000 euros. Otros se dedicaban a llevar a cabo las falsificaciones de documentos de identidad, contratos de trabajo, nóminas o certificados de empadronamiento.
Por su parte, varios de los integrantes de la red se dedicaban al registro de empresas que en realidad carecían de todo tipo de actividad pero a través de las cuales proporcionaban cobertura legal a los contratos de trabajo ficticios y las altas en la Seguridad Social. Consecuencia de ello, además de regularizar su situación administrativa, la víctima tenía acceso a prestaciones y subvenciones fraudulentas por desempleo.
Los registros llevados a cabo en un local y un domicilio de Barcelona, donde tenían su centro de operaciones, ha permitido la intervención de numerosos documentos referidos a empresas y personas vinculadas a las ilícitas actividades, así como contratos de trabajo, certificados de empadronamiento o nóminas, todo ello fraudulento. Consecuencia del operativo policial, se han desmantelado 16 empresas creadas exclusivamente para estos fines, sin ningún tipo de actividad comercial, industrial o mercantil, que han supuesto un fraude a la Seguridad Social superior a los 600.000 euros y la implicación de más de 600 trabajadores dados de alta de forma fraudulenta. Hay 20 detenidos a quienes se les imputan los presuntos delitos de falsificación documental, estafa, defraudación a los servicios y organismos públicos y contra los derechos de los trabajadores.
