"Se aplicará el derecho irrenunciable de que el que contamina, paga"
El pliego de cargos de la Consejería de Fomento recoge que los hechos imputados son constitutivos de infracción muy grave, según la legislación ambiental vigente
Oviedo.-Un comité científico asesorará al Principado de Asturias en la aprobación del plan de restauración ambiental previsto con motivo del vertido en la ría de Aboño. Este órgano, de carácter técnico, está integrado por nueve especialistas. En concreto, lo componen cuatro científicos de la Universidad de Oviedo, de reconocido prestigio en materia de riesgos ambientales, ecología marina y geodinámica litoral. A ellos se suman cuatro expertos adscritos a la Administración autonómica, vinculados a las direcciones generales de Calidad Ambiental, de Sostenibilidad y Cambio Climático, de Recursos Naturales y de Justicia e Interior, y otro vinculado a la Administración del Estado a través de la Demarcación de Costas del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente.
Lo explicó esta tarde la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, durante su comparecencia a petición propia ante el Parlamento asturiano para explicar las medidas adoptadas ante el vertido de fuel a la ría de Aboño, ocurrido el pasado 26 de junio en la central térmica de Aboño. Belén Fernández apuntó que el órgano tiene como objetivo asesorar a la Consejería en la toma de decisiones relativas al diagnóstico y evaluación del daño ambiental ocasionado y en las medidas de recuperación que sea preciso adoptar para restaurar el medio a su estado original. Este comité se constituyó el pasado 17 de julio por resolución de la Consejería de Fomento y ya se reunió por primera vez el pasado jueves, 19 de julio.
Durante su intervención, la titular de Medio Ambiente, se refirió también al expediente sancionador abierto por la Administración autonómica. Respecto a este asunto informó de que los servicios jurídicos de la Consejería de Fomento ya han concluido la redacción del pliego de cargos del expediente, en el que se recoge que los hechos imputados son constitutivos de infracción muy grave, según la legislación ambiental vigente.
Conviene recordar que de acuerdo con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación, que es la norma básica de aplicación en esta materia, el incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente, es constitutivo de infracción muy grave, y la Consejería ya determinó este incumplimiento al iniciar la tramitación del expediente sancionador. Las sanciones para las infracciones así calificadas pueden ser diversas. En términos pecuniarios, la multa puede oscilar desde los 200.001 euros y hasta los 2.000.000 de euros.
La consejera de Fomento, Belén Fernández, informó de que el pliego de cargos ha sido notificado a Hidroeléctrica del Cantábrico S.A. como procede, y a partir de ahora la empresa dispone de un plazo de diez días para contestar a los cargos y presentar o proponer la práctica de cuantas pruebas considere convenientes para la determinación de los hechos y las posibles responsabilidades.
La titular de Medio Ambiente insistió en que “sin perjuicio de la sanción que se imponga”, se aplicará el principio irrenunciable de derecho ambiental de que “el que contamina paga y repara y previene de nuevos episodios” y recalcó que “seremos firmes y rigurosos en la exigencia de cumplimiento de este principio”.