Más de treinta de activistas han convertido la plaza San Juan de la Cruz (puerta principal del ministerio) en una playa privada de lujo, para lo que han utilizado una tonelada y media de arena, y han desplegado pancartas que reclaman el uso público de la playa y un “No a la reforma de la Ley de Costas”. También han puesto signos de interrogación al nombre de “Ministerio de Medio Ambiente” en la puerta principal del edificio.

“En este anteproyecto de Ley se renuncia a la protección ambiental, no incorpora términos como biodiversidad o espacios naturales protegidos, sóoo habla de obras, instalaciones, usos y autorizaciones, y cede un terreno de alto valor ambiental y social a la especulación, otorgando suelo público a concesiones privadas que van más allá del año 2100. No existe ni una sola medida de protección del litoral”, ha subrayado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace.

La supuesta mala aplicación de la anterior Ley de Costas que argumenta el Gobierno actual es lo que permitirá ahora su reforma, y dará la razón, cual traje a medida, a los particulares y empresarios que han perdido pleitos por deslindes o invadir el dominio público marítimo-terrestre. Pero además se permite, entre otras cosas, poner en venta estas edificaciones en terreno público, lo que fomenta la especulación.

#NOalaReforma

Greenpeace pide que se retire el anteproyecto de Ley, con el paradójico nombre, de Protección y Uso Sostenible del Litoral, debido a que:

No supone una mayor “protección” porque excluye hábitats como las dunas muertas y con vegetación, hasta ahora protegidas, y limita la definición de marismas a “las que tienen mareas”, lo que excluye a las del Mediterráneo. Además desafecta y privatiza las salinas (por ejemplo, las del delta del Ebro, Lanzarote, Torrevieja, Formentera, Ibiza...). Representa eliminar de un plumazo las zonas más extensas y mejor conservadas de la zona marítimo-terrestre con riqueza de fauna extraordinaria (en especial aves).

Por lo que se refiere a todas las concesiones, su extensión hasta los 75 años es, en la práctica, otorgarlas para siempre, ya que el Estado pierde toda la capacidad de control sobre ellas. Además, con dicha medida se encarece extraordinariamente, y de forma absolutamente injustificada, el coste que representa para el Estado la posibilidad de rescatar o expropiar dichas concesiones, lo que por tanto impide la recuperación del litoral.

Recoge la posibilidad de reconocer los núcleos rurales, siempre que en la actualidad se les declare como suelo urbano y con el informe favorable del Ministerio. Para ello con un informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente, se admite que durante dos años se declaren urbanos los núcleos que no se han declarado conforme a la Disposición Transitoria de la actual Ley de Costas. Esto es, reabre la posibilidad durante un plazo de dos años de declarar suelo urbano el frente litoral y establecer una servidumbre de 20 metros.

Desafecta (desvincula de su uso público) singularmente determinados núcleos de población que cita, sean legales e ilegales, con título de ocupación o sin él, algunos de ellos (como El Palo, en Málaga) sobre los que existen estudios del CEDEX que demuestran su inundabilidad por el mar. Esta ley, que puede calificarse de singular y arbitraria, va a generar la reclamación de todos los no contemplados en la Ley y de todas aquellas personas que a lo largo de estos 25 años se les han demolido sus viviendas o negocios, lo que generará una responsabilidad patrimonial del Estado a la que éste no podrá hacer frente. El anteproyecto no cuantifica dichas reclamaciones.

Obliga a revisar todos los deslindes de la costa española, los cuales se han tardado en realizar más de 25 años y han costado millones de euros. Ello deja sin efecto cientos de sentencias firmes de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, obliga a la Administración a repetir una tarea ingente y para la que además no existe disponibilidad económica. En definitiva, genera una inmensa inseguridad jurídica, un gasto innecesario y un caos de gestión administrativa.

Pretende la privatización de al menos la mitad de la isla de Formentera (y por ello obliga a realizar un nuevo deslinde sobre ella, pese a que el vigente ha sido ratificado por al menos diez sentencias firmes de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo), una de las islas mejor conservadas del Mediterráneo y punto de referencia de mayor calidad del mundo.

Elimina del dominio público las zonas donde han llegado los mayores temporales conocidos, lo que representa que conscientemente privatiza y permite la ocupación de zonas inundables, con evidente desprecio no sólo a la ley y al dominio público marítimo-terrestre sino, lo que todavía es peor, a la propia seguridad física de bienes y personas. No se aclara quién se va a responsabilizar civil y penalmente de los daños que se produzcan.

No se adapta a las amenazas de subida del nivel del mar e inundaciones por cambio climático, que postergará el gasto de dinero público en “parches” para la contención del mar y la regeneración de playas a corto, medio y largo plazo.


La organización ecologista llama a la movilización social a través de la “Plataforma no a nuestra costa” que conforman más de 200 organizaciones y pide la protección de la actual Ley de Costas. En el marco de esta plataforma, Greenpeace convoca a la ciudadanía para que participe en próximo 28 de julio en el Día de Acción Global en defensa de las playas.

“Ante los recortes y la situación económica actual, es absurdo malgastar el dinero público en una reforma innecesaria que va a aumentar el coste del mantenimiento del litoral y va a hipotecar nuestro futuro”, ha concluido Pilar Marcos.