Agilizará la incorporación al sistema de los más de 5.000 dependientes que están en lista de espera
- Esther Díaz garantiza los planes concertados con los ayuntamientos, a pesar del recorte del 46% del presupuesto que aporta el ministerio.
- La consejera impulsará el mercado de viviendas mediante ayudas a los inquilinos y el alquiler con opción a compra
La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha garantizado hoy su compromiso firme para sentar las bases “de una economía que nos permita estar preparados para cuando la situación mejore, unas bases que salvaguarden una serie de servicios y prestaciones que para nuestro Gobierno son irrenunciables”. Díaz realizó estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Bienestar Social y Vivienda de la Junta General del Principado, a la que informó del programa de gobierno de su consejería.
Esther Díaz abogó por trabajar desde “la responsabilidad que hemos adquirido, y por lo tanto, el enfoque de la actividad política será el del diálogo, la transparencia, la honestidad y la seguridad en los planteamientos y la forma de hacer política”. Recordó también que, “más allá de nuestra voluntad política de llevar a cabo ciertas iniciativas, deberemos adaptarnos al marco legal elaborado por el Gobierno de España, que es de obligado cumplimiento”. En este sentido, destacó que los “vertiginosos y permanentes cambios normativos ocurridos en las últimas semanas nos obligan a estar continuamente a la expectativa de esas modificaciones legales impulsadas por el Gobierno de la nación, que están condicionando el desarrollo y aplicación de nuestras políticas y redefiniendo nuestros márgenes de actuación, de ahí la necesidad de realizar un trabajo constante de adaptación a las reformas”.
Dirección General de la Dependencia
En lo que respecta a la Dirección General de la Dependencia, Díaz destacó que en este departamento se enmarcan dos programas de especial trascendencia, como son la dependencia y el salario social, “tanto para los beneficiarios directos y sus familias, como por el volumen de financiación que requieren”.
La titular de Bienestar Social explicó que “el planteamiento de partida ha sido ver de qué forma las prestaciones y servicios que contempla la ley pueden llegar a las familias lo más rápido posible”. Por ello, ya se han tomado medidas enfocadas a agilizar la elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA).
Por otro lado, Esther Díaz recordó que el marco legal de la dependencia ha cambiado tras la aprobación del nuevo decreto por parte del Gobierno de España, que incorpora modificaciones “que tienen un fin meramente económico, de reducción del gasto”. Además, la entrada en vigor del texto obliga a revisar las prestaciones anteriores, lo que incidirá en la gestión de las nuevas solicitudes. Desde el Principado “vamos a intentar acortar este plazo de revisión todo lo que podamos, con el fin de dar entrada a más usuarios al sistema”, aseguró la consejera.
Respecto al salario social básico, se agilizará el proceso de tramitación con el aumento del personal a través de una reorganización de la plantilla de la consejería y compensando el mes con que cuentan los ayuntamientos para comprobar la documentación de los solicitantes. Para mejorar este servicio, se abrirá un proceso de análisis, discusión y debate en el que se espera contar “con un amplio consenso, ya que los perfiles de sus beneficiarios han ido evolucionando a la par que la situación económica”, señaló la consejera.
Esther Díaz anunció, asimismo, que el Principado mantendrá este año la totalidad de los planes concertados con los ayuntamientos, a pesar del recorte de un 46% de la dotación que aporta el Ministerio de Sanidad, y recordó que actualmente ya están firmados los convenios con la mayoría de las entidades locales, “lo que acortará los periodos de pago”.
Dirección General de Servicios Sociales
La atención a los mayores es una de las líneas prioritarias de la consejería, por lo que el fomento de su participación en todos los ámbitos, así como las políticas de envejecimiento activo y el impulso al organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), que presta servicio a unos 5.000 usuarios, son actuaciones en cartera.
Para cumplir con el objetivo de la calidad asistencial y rebajar en lo posible la lista de espera, que es de 1.539 personas, se pondrán en funcionamiento equipamientos ya terminados y se finalizarán aquellos que están en proceso de ejecución o de licitación, “aunque los futuros acontecimientos presupuestarios serán los que marquen el ritmo de ejecución de tales objetivos”, aseguró
En lo relativo a la atención a las personas con discapacidad, anunció la elaboración de un Plan Integral de Atención a la Discapacidad, que sería consensuado con las instituciones, agentes sociales y asociaciones del ramo, siempre dentro del marco presupuestario. La puesta en marcha del Centro de Referencia Estatal para personas con Graves Discapacidades Neurológicas Stephen Hawking de Langreo, para cuyo proyecto existe un convenio de colaboración entre el ministerio y el Principado, es otro de los objetivos de la consejería.
En materia de familia y derechos de la infancia, a lo largo de esta legislatura se aprobará el III Plan Integral de Infancia y Adolescencia 2013–2016, cuya elaboración ya ha comenzado y para cuyo diseño se contará con todos los agentes implicados en la materia, especialmente con el Observatorio de la Infancia, coordinando el trabajo también con los ayuntamientos a través de la Federación Asturiana de Concejos.
En esta misma área se van a intensificar los programas de apoyo a las familias en situación de riesgo, se impulsará la nueva Ley de Mediación Familiar, se fomentarán los programas de acogimiento familiar de menores en familias, y se establecerá un plan de actuación para los centros de protección de menores. Además, el BOPA publicará en los próximos días el acuerdo marco para la contratación del servicio público de plazas, es decir, de la gestión del centro de día para menores, centro de atención integral diurna (Programa Sol a Sol), centro de acogimiento residencial para menores y centro para mujeres con grave problemática sociofamiliar. Así, se contará con una cantidad adicional de 565 plazas que se sumarán a las 227 existentes en los recursos públicos y permitirán atender con rapidez y calidad las necesidades de los menores protegidos, dando estabilidad y servicio a los programas en los próximos cuatro años, lo que supondrá una inversión de 37,5 millones de euros.
Un área de especial sensibilidad es el trabajo con menores extranjeros no acompañados, ya que “somos conscientes de la especial problemática que supone la atención a estos menores, por ello elaboraremos y pondremos en marcha un programa de intervención específico para ellos”, anunció la consejera.
Se comprometió también a estudiar y adoptar medidas que permitan agilizar los trámites relacionados con la adopción de menores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, manteniendo y mejorando la coordinación entre los servicios sociales, la administración de justicia y el resto de organismos de reforma y protección a la infancia.
Esther Díaz reconoció el trabajo y la colaboración de todas las asociaciones del llamado tercer sector (privadas y no lucrativas) que “se han volcado en estos años en desarrollar e impulsar servicios y prestaciones que por parte de la Administración sería difícil alcanzar sin su concurrencia. Es nuestro deseo continuar en la línea de colaboración y mejorarla, si cabe, a través de los diferentes órganos consultivos de que forman parte”. En esta línea, sugirió para su estudio por los diferentes grupos del Parlamento, que se valore la conveniencia de crear una Comisión Parlamentaria de Seguimiento de la Discapacidad, en la que participe este grupo de asociaciones.
Por lo que se refiere a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, la consejera señaló que se seguirán impulsando las líneas básicas de actuación y las prioridades establecidas en el plan director 2009-2012. Por ello, de manera inmediata, se procederá a la aprobación de la convocatoria pública de subvenciones, “en función a la disponibilidad presupuestaria que se vaya abriendo, de forma que aún podamos aprovechar el escaso tiempo que nos queda para concluir el año”. Paralelamente, se procederá a la renovación del Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo. El procedimiento para que todas las instituciones nombren representante ya está iniciado y el objetivo es convocar para el mes de septiembre el pleno.
También en este ámbito, en el último trimestre del año se va a trabajar en la evaluación del plan director vigente y se sentarán las bases para la elaboración del futuro, 2013-2016, que deberá estar aprobado en los primeros meses del próximo año.
Díaz recordó que el Gobierno de España ha reducido su presupuesto en cooperación al desarrollo en un 70%.
Dirección General de Vivienda
En materia de vivienda, Esther Díaz se centró en la rehabilitación y el alquiler, aspectos que “desde Asturias aportaremos al nuevo Plan Estatal de Vivienda y que también llevaremos en nuestro plan autonómico”. La consejería impulsará el mercado del alquiler por medio de:
- Ayuda a los inquilinos, especialmente dirigida a colectivos con necesidades específicas.
- La promoción en el mercado inmobiliario de servicios de gestión mediadora, que pongan en contacto a propietarios y posibles inquilinos en un marco de seguridad jurídica.
- Impulsando el alquiler con opción a compra.
En materia de rehabilitación se potenciará tanto la zona urbana como la rural, porque, según matizó Díaz, “consideramos que ha de jugar un papel importante, puesto que además de suponer una salida para muchas empresas que sufren una fuerte bajada de actividad, impulsaría la adaptación de las viviendas a nuevas realidades e incorporando tecnologías de edificación sostenible energética y medioambientalmente”.
En lo relativo a la promoción pública, la consejería finalizará las obras iniciadas y buscará financiación para las nuevas promociones, aunque antes será necesario realizar un análisis, porque las condiciones han cambiado y los estudios existentes no sirven. Díaz abogó por movilizar el patrimonio público de suelo, tanto del Principado como el que se obtenga de la colaboración con los ayuntamientos, para impulsar la construcción de nueva vivienda y con ello contribuir a recuperar parte del empleo del sector. Apuntó que, “aunque en este momento no haya presión en la demanda de viviendas, no quiere decir que en los próximos años no vaya a haberla”.
El parque público de vivienda que gestiona VIPASA es de 8.781 viviendas en régimen de alquiler, a las que hay que añadir 409 más que se pondrán a disposición antes de finalizar el primer semestre de 2013, y otras 1.824 en venta con parte del precio aplazado. Además, la consejería pondrá en venta algunas de las viviendas que han quedado liberadas de protección, por su antigüedad, así como algunas de las plazas de garaje de los espacios urbanos más atractivos, que en este momento no están a disposición de la ciudadanía.
