El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro anunció hoy en el Senado que aquellos empleados públicos que cuenten con menos recursos económicos si cobrarán la paga de diciembre.
Especificó, tal y como recoge el decreto aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros y publicado por el BOE el sábado, que aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos los incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional, sí cobrarán la paga de diciembre.
De esta manera el Gobierno muestra su compromiso con aquellos empleados públicos de menor capacidad económica, es decir que cobren hasta 962 euros al mes y 13.469 euros en cómputo anual.
En respuesta a las preguntas que le plantearon en el Senado, Montoro reconoció que las medidas del Gobierno "suponen pedirle un esfuerzo adicional a los españoles en un momento crítico, pero este esfuerzo va a merecer la pena para acabar cuanto antes con esta crisis" afirmó.
Dijo que se trata de medidas dolorosas, medidas que dijo se han tenido que adoptar por las dificultades de financiación de la economía española y por un déficit oculto dejado por el Gobierno anterior, que si no se hubiese producido no sería necesario corregir.
El ministro de Hacienda justificó estas reformas igualmente por las circunstancias actuales que atraviesa el euro y toda Europa en su conjunto, como advirtió ayer el Fondo Monetario Internacional y "obligados por estas circunstancias y compromisos europeos hay que subir el IVA, aunque eso sí, a cambio de bajar las cotizaciones sociales, la fiscalidad sobre el trabajo", añadió Montoro.
También afirmó que se está siguiendo el guión europeo en materia de la retirada de la desgravación de la vivienda, al tratarse de "una recomendación que ya es una obligación por estar sujetos al procedimiento de déficit excesivo recibido del Gobierno anterior", explicó el ministro.
El ministro defendió a lo largo de su intervención en el Senado como el Ejecutivo ha luchado por buscar una ponderación, un equilibrio y una distribución lo más equitativa posible entre todos los ciudadanos a la hora de elevar los impuestos.
Así enunció el cambio de la tributación de las grandes empresas y el esfuerzo realizado en materia del IRPF con el margen adicional progresivo en función del nivel