Las autoridades venezolanas deben abordar la cultura de impunidad existente en el seno de las fuerzas de seguridad del país, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras el homicidio el pasado fin de semana del séptimo miembro de una familia a manos aparentemente de la policía. 

Según informes, el 28 de mayo, dos encapuchados asesinaron en Aragua, al oeste de Caracas, a Juan José Barrios, con quien son ya siete los miembros de su familia muertos en circunstancias sospechosas desde 1998. Se cree que hay agentes de la policía de Aragua implicados en cada uno de los homicidios. 

Los intentos de la familia Barrios de pedir justicia por los homicidios han tenido por respuesta continuas amenazas y ataques. 

“Las autoridades nacionales y estatales de Venezuela deben explicar claramente que la violencia que se está ejerciendo contra la familia Barrios es intolerable”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional. 

“Hay siete miembros de la familia muertos, mientras los agresores continúan paseándose en libertad. Los responsables de estos delitos deben ser llevados ante la justicia, y las autoridades venezolanas deben prestar protección adecuada a los miembros de la familia Barrios que siguen vivos.”

Desde 1998, agentes de policía de Aragua han participado presuntamente en el homicidio de seis miembros varones de la familia de Juan José Barrios: Benito, Narciso, Luís Alberto, Rigoberto, Óscar y Wilmer José. 

De acuerdo con los informes, unos agentes de policía de Aragua mataron a Benito Barrios el 28 de agosto de 1998. Desde que denunciaron el homicidio, los miembros de la familia Barrios han sufrido hostigamiento e intimidaciones de la policía, incluidas detenciones arbitrarias, amenazas, acoso y tortura y otros malos tratos. 

Testigo del homicidio de Narciso en diciembre de 2003 tras una discusión con agentes de policía de Aragua, Néstor Caudi Barrios recibió posteriormente varias amenazas de muerte de agentes de policía y no recibió ninguna protección cuando lo denunció. Sufrió lesiones permanentes como consecuencia de disparos efectuados contra él por dos motoristas el 2 de enero de 2011. 

Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que haya habido avances en las investigaciones del atentado contra Néstor Caudi Barrios o de los homicidios de sus siete familiares. 

Las amenazas y la violencia de que son objeto han obligado a algunos miembros de la familia Barrios a mudarse de casa, vivir separados de sus seres queridos y abandonar su trabajo. 

A instancias de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, desde junio de 2004 se ha prestado protección policial a miembros de la familia Barrios, pero de manera esporádica e ineficaz. Desde que se adoptó esta medida han matado a cinco miembros de la familia. 

En abril del 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que Venezuela había violado el derecho a la vida, la integridad física y la libertad de varios miembros de la familia Barrios, algunos de ellos menores de edad. La Comisión ordenó a las autoridades venezolanas que abrieran investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables y ofrecieran la debida reparación a las víctimas. Venezuela no acató la orden, por lo que el asunto se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2010.

“Los miembros de la familia Barrios han sido víctimas de atentados crueles y constantes contra sus derechos humanos. Es preciso ponerles fin ya y que las autoridades venezolanas garanticen que no vuelven a producirse ni contra la familia Barrios ni contra ninguna otra familia”, ha afirmado Guadalupe Marengo.

Foto: Palacio de Miraflores. Caracas. wikipedia