Madrid.-En el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado la pasada semana se anunció a las Comunidades Autónomas que se había puesto en marcha un procedimiento de seguimiento de su ejecución presupuestaria, partiendo de los datos del primer trimestre de 2012, para comprobar, ya desde este momento, sus posibilidades de cumplir con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria del 1,5% del PIB a finales del ejercicio 2012. La experiencia de lo sucedido en años anteriores ha demostrado la importancia de hacer un seguimiento continuo de la evolución de los ingresos y gatos públicos, que permita la rápida detección de problemas y desviaciones y su corrección, antes de que se comprometa de manera irresoluble el cumplimiento del objetivo para el ejercicio.

Por este motivo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas puso en marcha esta actuación remitiendo a cada CCAA un documento en el que se solicitaban una serie de datos y aclaraciones imprescindibles para realizar ese seguimiento. Ahora, se trata de contrastar con un buen número de Comunidades Autónomas su ejecución presupuestaria, añadiendo datos del segundo trimestre de 2012, y de comprobar la puesta en marcha de las medidas de ahorro de gasto y de incremento de ingresos comprometidas en los Planes Económico Financieros. Todo ello para garantizar el cumplimiento de los objetivos 2012. Por tanto, no se trata de un procedimiento de intervención, sino que se trata de un chequeo, que va a ser habitual en los próximos meses y años, como consecuencia de los procedimientos preventivos contemplados en la nueva Ley Orgánica.

En el curso de las reuniones con las Comunidades Autónomas se podrá contrastar, además, la implantación de las medidas de ahorro contenidas en los Reales Decretos leyes 14 y 16/2012, relativos a la Sanidad y Educación, e incluso el Real Decreto ley 20/2012, publicado este sábado, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Hacienda lamenta que informaciones periodísticas hayan confundido este procedimiento preventivo y ordinario con los procedimientos coercitivos y de ejecución forzosa previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como las declaraciones políticas fuera de lugar basadas en estas informaciones.