El diputado del PP Matías Rodríguez Feito solicita también que el Ejecutivo aclare si fomentará la
fusión de municipios y plantea la necesidad de constituir la junta de seguridad del Principado

• Cuervas-Mons, portavoz popular de Justicia, pregunta por los criterios que deben cumplir los candidatos a cubrir la vacante del TSJA y reclama la reversión de la Unidad de Policía Adscrita al Ministerio del Interior

Oviedo.-  El Partido Popular reclamó hoy al Gobierno regional que incremente las medidas de prevención y extinción de los incendios forestales en Asturias, para lograr una respuesta inmediata a los fuegos que permita minimizar los daños medioambientales y económicos.

El diputado regional del PP por la circunscripción occidental Matías Rodríguez Feito señaló en la Junta General, durante la comparecencia en Comisión del consejero de Presidencia, que en 2011 se registraron en Asturias 1.793 incendios forestales, 69 más que el año anterior, y la superficie quemada se multiplicó por dos, hasta cerca de las 14.000 hectáreas.

         Rodríguez Feito propuso que se generalicen los planes de prevención de incendios, que actualmente se llevan en cabo en once municipios de la región, y planteó la necesidad de intensificar las medidas preventivas en las zonas susceptibles de un mayor riesgo de quemas, fomentando actividades como el desbroce periódico de los montes, el mantenimiento de pastizales para la ganadería o la rotulación de terrenos expuestos a riesgos de incendios.

El parlamentario del PP también pidió información sobre si el Ejecutivo tiene pensado aplicar medidas coercitivas y disuasorias para evitar los incendios intencionados, como la retirada de subvenciones a los terrenos quemados dolosamente, la restricción del pastoreo o la intensificación de la vigilancia en las zonas de mayor incidencia pirómana.

         Matías Rodríguez Feito solicitó también al consejero de la Presidencia que el Gobierno asturiano aclare si va a fomentar la fusión de municipios mediante la imposición o la agrupación voluntaria, y pidió plazos para el anunciado estudio sobre la posible unión de concejos.

         Asimismo, defendió la constitución de la junta de seguridad del Principado para coordinar las medidas de las distintas administraciones en caso de catástrofes o graves accidentes, y recordó que sigue pendiente el desarrollo del decreto de coordinación de las policías locales.

         El diputado popular realizó durante su intervención un llamamiento a la “rebelión colectiva” de la ciudadanía contra la violencia de género. Así, destacó que “no se puede consentir que esta lacra siga manteniéndose” y que es imprescindible “romper esta dinámica criminal y proteger a las víctimas, no sólo a las mujeres sino también a los menores” que viven en entornos de violencia doméstica.

         Además, criticó que la mitad de los directores generales nombrados por el Gobierno que preside Javier Fernández no sean funcionarios , como aconseja la ley, lo que supone un “desprecio a los empleados públicos de la región”.

Planes para Justicia

Por su parte, el diputado regional del PP José Agustín Cuervas-Mons, portavoz en asuntos de Justicia, preguntó al consejero de Presidencia cuáles deben ser, a juicio del Gobierno asturiano, las condiciones que tienen que reunir los integrantes de la terna que debe proponer la Junta General del Principado al Consejo General del Poder Judicial para cubrir la plaza actualmente vacante en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

A juicio del Partido Popular, los juristas que proponga el Parlamento regional deben aunar criterios de independencia, reconocido prestigio jurídico y experiencia contrastada en el ámbito del Derecho.

         Cuervas-Mons, por otra parte, pidió que el Ejecutivo regional aclare sus planes para la Oficina Judicial y las medidas que se adoptarán para evitar la dispersión de las sedes judiciales en Oviedo, después de los fracasados proyectos para construir un nuevo Palacio de Justicia en la capital asturiana.

            Por último, el diputado popular inquirió al consejero sobre el coste que para las arcas regionales tiene el despliegue de la Unidad de Policía Adscrita, y se mostró partidario de revertir totalmente estos funcionarios al Ministerio del Interior, dada la grave crisis económica por la que atraviesa nuestra región y la necesidad de adoptar medidas de austeridad y de contención del gasto público.