Entre las medidas aprobadas figuran la subida del IVA, la supresión de una paga a los funcionarios y de la desgravación por compra de vivienda, así como el recorte de las prestaciones por desempleo y de los gastos ministeriales. La vicepresidenta ha asegurado que estas medidas son "necesarias e inaplazables" y responden a criterios de "máxima justicia y equidad".
Madrid.-El Consejo de Ministros ha aprobado un conjunto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomentar la competividad. Estas medidas fueron anunciadas el pasado miércoles por el presidente del Gobierno en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que en un momento de crisis como el actual, el Gobierno "tiene que actuar con responsabilidad, con rigor y con realismo". "Este Gobierno ha adoptado medidas que no son ni sencillas, ni fáciles, ni populares" porque se está pidiendo a los españoles "esfuerzos adicionales, sacrificios importantes para entre todos sacar adelante el país", ha dicho.
Sáenz de Santamaría ha añadido que el Gobierno "tiene la obligación de ayudar al país a crecer y crear empleo", para lo que hay que hacer un esfuerzo de consolidación fiscal por la vía del gasto y por la vía del ingreso. "No tenemos otro remedio para intentar tapar el agujero que presentan nuestras cuentas públicas y que lastra nuestra posibilidad de crecimiento. Pagar los intereses de la deuda es dinero que se detrae de las pensiones, de la prestación del paro, del Estado de bienestar, la educación y la sanidad. No podemos mantener este nivel de intereses durante mucho tiempo", ha subrayado.
Además, la vicepresidenta ha destacado la necesidad de hacer reformas estructurales que nos permitan crecer y crear empleo: "Es el momento de cambiar lo que no funciona".
Soraya Sáenz de Santamaría ha trasladado un mensaje de esperanza: "Este es el camino. Podemos hacer dos cosas: no hacer ninguna reforma y renunciar a todo lo que ha conseguido España o hacer reformas, hacer cambios y mantener lo que España es y lo que puede llegar a ser. Y con ese esfuerzo de unidad y responsabilidad de todos queremos decirle a los españoles que es posible, que España lo ha logrado en otros momentos históricos y que los españoles somos los mismos y que por este Gobierno no va a quedar en esfuerzos, en rigor, en determinación y en trabajo".
Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que las medidas que está acometiendo el Gobierno "responden a la adecuación a la nueva senda de consolidación del objetivo de déficit público planteado por la Comisión Europea", y son fundamentales para la recuperación económica, la creación de empleo y para financiar la economía española. "Si no deducimos el déficit público al ritmo que estamos comprometidos tendremos la prologación de la crisis y de la recesión económica", ha dicho.
Subida del IVA el 1 de septiembre
El ministro Montoro ha anunciado que "la subida del IVA entrará en vigor a partir del 1 de septiembre" por cuestiones técnicas. Ha explicado que el tipo general subirá del 18% al 21%; el tipo reducido del 8% al 10% y el superreducido se quedará en el el 4%, ya que este último grava "los consumos de alimentación más básicos".
El ministro ha dicho que el aumento responde a lo anticipado en el Programa de Establilidad presentado en el mes de abril a las autoridades europeas. La subida del IVA se verá correspondida con la deducción de las cotizaciones que hacen los empleadores a la Seguridad Social: "En el año 2013 veremos una reducción de un punto en las cotizaciones, seguido de un punto adicional en el 2014".
Cristóbal Montoro también ha señalado que a partir del 1 de enero queda suprimida la desgravación por la adquisición de vivienda y ha anunciado una subida en la tributación del tabaco.
Funcionarios
Cristóbal Montoro ha explicado que el Gobierno ha aprobado cambios en la función pública encaminados a asimilar el régimen laboral de los empleados públicos con el régimen laboral de los trabajadores del sector privado.
Entre las medidas avanzadas por el ministro está la asimilación del régimen de incapacidad laboral transitoria al régimen general de la Seguridad Social. La renuncia a la paga extraordinaria de diciembre en este año que "quedará compensada a partir de 2015 en forma de retribución en el sistema complementario de pensiones", la eliminación de días de libre disposición y la reducción de liberados sindicales.
El ministro ha reconocido que España tiene una gran función pública, pero considera que "hay que renovarla para que esté a la altura de un tiempo difícil". En la misma línea, Soraya Sáenz de Santamaría ha expresado su reconocimiento al esfuerzo que los empleados públicos vienen haciendo desde 2010 cuando se rebajaron sus retribuciones y luego quedaron congeladas.
Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
La reforma, según Cristóbal Montoro, pretende hacer válido el principio de "una administración una competencia". La futura ley persigue que las corporaciones locales acometan solo las funciones para las que tengan presupuesto.
El ministro ha explicado que se eliminarán los órganos intermedios "que no tienen sentido ni contribuyen a una eficaz gestión" y se suprimirán las entidades locales de orden menor. Además, se reducirá el 30% del número de concejales, lo que que permitirá aligerar y favorecer la toma de decisiones políticas.
Liberalización de horarios comerciales
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha resumido las medidas de comercio interior y de fomento a la exportación. Entre ellas destacan la ampliación el horario máximo de apertura comercial en días laborables de 72 horas semanales a 90 horas. Se modifica al alza el mínimo de domingos y festivos de apertura, de 8 a 10, a partir del 1 de enero de 2013. Se definen, por primera vez, criterios básicos para la determinación de las zonas de gran afluencia turística. Además, se liberaliza el periodo de rebajas.
Por otra parte, se abre la puerta a la privatización de la compañía Españao de Seguro de Crédito a la Exportación (CECSE). Se sumprime Invest in Spain, que se integra en el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Liquidez de las Comunidades Autónomas
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas en el ámbito financiero que prevé la creación de un "Mecanismo de Financiación Territorial", que consiste en la creación de un Fondo que prestará a las Comunidades Autónomas, con objeto de cubrir sus necesidades de liquidez y que será financiado por el Tesoro.
La gestión de los préstamos será una responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con la colaboración del ICO, que será el encargado de llevar la gestión financiera del Fondo.
Luis de Guindos ha resaltado que la adhesión a este mecanismo será voluntaria y supondrá que cumplan unas determinadas condiciones financieras, como la presentación de un plan de ajuste.
El ministro estima que el nuevo fondo de apoyo contará con un máximo de 18.000 millones de euros, una parte de los cuales procederá de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado con cargo a intereses futuros.
Reformas para el segundo semestre de 2012
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado sobre el calendario del Programa Nacional de Reformas para el segundo semestre del año. "Se aprobarán 20 leyes que tienen como objetivo fundamental reformar las administraciones públicas, ganar en competitividad y mejorar la economía para crecer", ha concretado.
Por otra parte, Sáenz de Santamaría ha declarado que el Gobierno ha estudiado el Anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas, cuyo objetivo es alcanzar la "tolerancia cero" frente a las agresiones en la costa.
A partir de ahora la Administración podrá intervernir para parar aquellas obras en pleno dominio público que sean contrarias a la legislación medioambiental. El Gobierno podrá actuar frente a los acuerdos municipales que otorguen licencias que sean contrarias a la legislación, según ha explicado la vicepresidenta.
