Se ha perdido ya casi el 60% de la superficie de humedales costeros, el 70% de las lagunas costeras y sólo el 20% de los sistemas dunares está en buen estado

La organización ecologista Grenpeace ha comprobado cómo la mala gestión costera (con actuaciones como regeneración de playas, dragados, espigones y reconstrucción de paseos marítimos) supone un derroche constante de dinero público de 100 millones de euros anuales en “parches”, que podría evitarse con una política de gestión integral de la costa.

Esta cantidad solo contempla los Presupuestos Generales del Estado de 2012 para la gestión de obras estatales, sin tener en cuenta que las competencias autonómicas multiplican este gasto. De aquí a 2100 significará una inyección de 8.800 millones de euros. Por otro lado, nos enfrentamos a tres procedimientos de la Unión Europea por contaminación de las aguas costeras, que pueden acabar en una multa de otros 100 millones, cantidad equivalente a la recortada este año en justicia.

Además, la política actual de costas no está teniendo en cuenta la mayor amenaza a la que nos enfrentamos: el cambio climático, una inaceptable falta de visión de futuro que supondrá para el Estado un coste de 3.415 millones de euros de aquí a 2100 debido a la intensificación de los temporales y las sequías, así como la subida del nivel del mar.

Esta nueva edición del informe Destrucción a toda costa cuenta con el testimonio de veinte personas que viven en las diez comunidades autónomas del litoral. Todas ellas muestran cómo se puede vivir gracias a una costa bien conservada  y, por otro lado, cómo afecta convivir con un litoral destruido, contaminado o perdido para siempre. Con sus retratos y sus palabras Greenpeace se acerca a los efectos que las actividades humanas tienen en el equilibrio natural que conforma nuestra costa y en sus habitantes (2).

Una de las principales conclusiones del análisis es que, por lo general, al ejecutarse obras en la costa no se contempla el impacto económico añadido de la pérdida del capital natural. Actualmente se ha perdido casi el 60% de la superficie de humedales costeros o el 70% de las lagunas costeras y sólo el 20% de los sistemas dunares está en buen estado. La mala gestión también se traduce en pérdidas: Naciones Unidas estima que en España se ha perdido, debido al urbanismo, la contaminación y las infraestructuras, un 50% de los beneficios económicos y ambientales de la costa (pesca, turismo u otras actividades) y con ellos la capacidad del desarrollo económico futuro.


Por comunidades autónomas, los casos analizados más representativos son, por ejemplo, el gasto de 852 millones de euros al que tendrá que hacer frente Galicia debido al cambio climático, o los 38,5  millones de euros que cuesta esconder los lodos contaminados de Fertiberia (Huelva). Regenerar las playas de Barcelona costó en cuatro años (2008-2011) 33 millones de euros, y en la Comunidad Valenciana 125 millones de euros en tres años (2009-2011). Un mes duró el millón de euros de playa regenerada en Blanes (Girona), que literalmente se va al mar en cada temporal de invierno. La gestión de la contaminación de las rías gallegas supone una factura de 346 millones de euros y derribar 663 viviendas ilegales en Cantabria nos cuesta en torno a 243 millones de euros.

Proyectos como los de Valdevaqueros (Cádiz), El Algarrobico (Almería), Gozón (Asturias), Es Trenc (Mallorca) o Marina de Cope (Murcia), suponen el disparatado resurgir del ladrillo. El principal perjudicado de esta política es el turismo, con un modelo con exceso de alojamientos, carga ambiental y menores ingresos. De entre 115 destinos turísticos mundiales la Costa Brava (Cataluña), las islas Baleares y las Canarias aparecen en los últimos puestos en valoración de excelencia. De esos 115, la Costa del Sol (Andalucía) ocupa el último lugar por falta de atractivo estético y su escasa calidad ambiental.

“Si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que lo que no sea sostenible medioambientalmente, no será útil económicamente, qué mejor ejemplo puede darnos que invertir en conservar y en hacer una gestión sostenible del litoral, y con ello, de toda la economía asociada, como el turismo, la pesca o la agricultura”, ha declarado Mario Rodríguez, Director Ejecutivo de Greenpeace España. “España no podrá salir de la crisis si continúa su huída hacia delante, apostando por el ladrillo y reformando la Ley de Costas, es un suicidio económico ”, concluye Rodríguez.

Greenpeace denuncia que la ausencia de un plan de gestión integrada del litoral provoca que España deje de ganar 7.745 millones de euros cada año en beneficios ambientales de la costa, ya que por ejemplo el valor productivo de las reservas marinas del Estado se estima en 500 millones de euros al año y el de una hectárea de posidonia, 22.000 euros. El Parque Nacional de Doñana (Andalucía) reporta unos beneficios anuales por turismo de 206 millones de euros, mientras que un estudio de la Politécnica de Valencia cuantificó los servicios ambientales de l’Albufera de Valencia en 3.000 millones de euros. La isla de Mallorca, su medio costero presta un servicio de 1.400 millones al año. Y por último, el monte Jaizkibel (Pasaia, Gipuzkoa), amenazado por la construcción del puerto exterior, tiene un valor estimado en 535 millones de euros. El mayor beneficio es invertir en medio ambiente.

Una de las soluciones que propone Greenpeace para revertir las pérdidas, e incluso obtener mayores beneficios, es realizar una inversión estimada en 5.000 millones de euros en la recuperación del litoral (el 3% de lo que generamos cada año sólo en turismo costero) vinculando el turismo a la sostenibilidad. Con esta cantidad se respetaría y aumentaría el dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres de protección (esto implica el derribo de construcciones ilegales), se restaurarían zonas de alto valor ambiental y económico (marismas, espacios naturales protegidos de la costa, dunas, acantilados, humedales, etc.) y se comprarían terrenos costeros para su protección. Con esta inversión se socializarían los beneficios y se privatizarían los gastos, justo lo contrario de lo que pasa actualmente.

En 2020 se podrían obtener 18.600 millones de euros de beneficio turístico, añadido al actual, recuperando la integridad física del litoral, eliminando irregularidades e ilegalidades, buscando alternativas a industrias y viviendas en primera línea de mar, y recuperando las características de los ecosistemas costeros.

Greenpeace reclama en el informe una profunda reflexión en torno a cuál debe ser el modelo de futuro en nuestra costa. Sin embargo, el planteamiento del actual Gobierno en la próxima reforma de la Ley de Costas parece obedecer a un anhelo de contentar a aquellos que permitieron determinadas barbaridades en el litoral con reformas “a la carta” de la Ley de Costas. En la nueva reforma se debe desarrollar una Estrategia de Gestión Integrada de la Costa, en concordancia con las políticas internacionales. Es necesario abordar un sistema impositivo, o fiscalidad ambiental para las actividades que más destruyen el litoral o la imposición de una ecotasa para la industria turística.

“Nos tememos que el nuevo texto de la Ley de Costas significará un retroceso en la conservación del litoral”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. “Cada vez que se anuncia la reforma de la Ley de Costas, que se amnistían ilegalidades, que se emplea dinero público para regenerar playas y, en general, para parches temporales, se está tirando, literalmente, nuestro dinero al mar“.

FOTO: Mi nombre es José Ramón Menendez, tengo 46 años. Soy ganadero, nací y resido en Viodo, Cabo de Peñas (Asturias). Soltero. Trabajo en el campo desde siempre, el día a día en él es como cualquier trabajo al que le prestes dedicación alternando las labores en el campo (siega, ensilado, recogida forraje, etc.) con el trabajo de la ganadería, donde no existen fiestas, pues los animales no saben de horarios. ¿Ideología política? pues que más que en los políticos creo en las personas.

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