Esther Díaz critica que los ajustes propuestos por el Ministerio de Sanidad ?vuelvan a incidir en nuestros mayores?

Oviedo.-La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha manifestado que las  propuestas que el Ministerio de Sanidad realizó ayer en la Comisión Delegada de directores generales de las comunidades autónomas, celebrada en Madrid,  están encaminadas a recortar la inversión en dependencia y no a mejorar su aplicación. La directora general de Atención a la Dependencia, Clara Costales, acudió a esta reunión y expresó la oposición del Gobierno asturiano a que se perjudique a los colectivos más desfavorecidos.

Entre esas propuestas destaca el aplazamiento al año 2015 de la aplicación de los grado 1 (personas con dependencia moderada), cuando estaba previsto para 2013. Además, en la citada comisión se propuso suspender el convenio general de alta de las cuidadoras no profesionales, así como reducir la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Ante las propuestas del ministerio, la consejera de Bienestar Social y Vivienda denuncia que ?los ajustes vuelven a incidir, una vez más, en las personas más débiles de nuestra sociedad, nuestros mayores, que son quienes más han trabajado para que hoy disfrutemos de una sociedad del bienestar y al final de su trayectoria vital se ven afectados con medidas y recortes que no nos gustan?. Asimismo, Esther Díaz recordó que la próxima semana se reunirá el Consejo Territorial, donde se analizará la posición de las comunidades autónomas.

Por otro lado, la consejera recuerda que, en el caso de aprobarse el borrador de Real Decreto sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presentado también por el ministerio en la reunión de la Comisión Delegada de directores generales, habría que revisar de oficio, en el plazo máximo de un año, todas las prestaciones de dependencia reconocidas con anterioridad a la promulgación de este decreto. La medida supondría un impedimento para continuar valorando la resolución de nuevas solicitudes