Los responsables de la trama cobraban entre 300 y 600 euros por contrato, importe que variaba en función de la duración del mismo o de la habilidad del comprador para negociar el precio. Han sido arrestadas 186 personas a lo largo de un año de investigaciones, todas en Baleares, entre las que se encuentran los cinco supuestos empresarios.

La investigación comenzó a raíz de un informe de la Inspección de Trabajo relacionado con la creación de unas empresas con un gran número de trabajadores, casi todos de origen marroquí, y en la que se detectaron irregularidades, principalmente en las obligaciones fiscales. Cuatro supuestos empresarios, con domicilio en Felanitx, crearon las mercantiles en connivencia con una quinta persona de origen marroquí.

Los arrestados creaban en primer lugar empresas ficticias, solicitando el Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con base mínima  en la actividad de construcción y de empleadas domésticas. Estas mercantiles dejaban de tener actividad alguna desde el primer momento de su creación y no pagaron ninguna obligación fiscal inherente a toda empresa constituida. Después vendían contratos de trabajo, sobre todo a personas extranjeras, en un porcentaje superior al 95% los implicados en esta operación. Los precios de los contratos iban desde los 300€ a los 600€, variando el importe cobrado según su duración e incluso la habilidad negociadora.

Finalmente, los falsos contratos de trabajo eran utilizados para renovar los permisos de residencia, para solicitar la prestación o el subsidio por desempleo, para acumular días de cotización y para solicitar la incapacidad laboral o las bajas por maternidad.

Un fraude de 700.000 euros

El Grupo 2 de falsedades documentales de La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Palma comprobó la existencia de las falsedades documentales y se dispuso inmediatamente a recopilar información de los distintos organismos oficiales implicados. Se comprobó que esta banda actuaba de una forma organizada, y tenían una serie de indicadores habituales establecidos por la Unión Europea para hablar de organización criminal, como la permanencia en el tiempo, estructura jerárquica, sospecha de comisión de delitos graves, búsqueda de beneficios o poder y uso de estructuras empresariales y testaferros.

Tras el análisis de los datos obtenidos los investigadores de la Policía han detenido a 186 personas y poner al descubierto un fraude que alcanza la cifra de los 700.000€. Los policías han localizado 318 contratos falsos de trabajo y atribuyen a los arrestados los delitos de falsedad documental, estafa, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y pertenencia a grupo criminal, según los casos.

El éxito de la operación ha sido posible gracias a la colaboración de la Policía Nacional con la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social, las Oficinas de Empleo y el Ministerio de Hacienda, los cuales han cruzado todos los datos existentes en cada uno de estos organismos oficiales para desarticular la trama. La operación continúa abierta y se esperan nuevas detenciones por este fraude a la Seguridad Social.