Libia/AI.-Existe el riesgo de que se repitan en Libia las mismas violaciones que condujeron a la “revolución del 17 de febrero”, a menos que los vencedores de las elecciones previstas esta semana hagan del Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos su prioridad máxima, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

En Libya: rule of law or rule of militias?, la organización afirma que casi un año después de que Trípoli cayera en manos de los combatientes revolucionarios (thuwwar), las recurrentes violaciones de los derechos humanos –entre las que se incluyen detenciones y reclusiones arbitrarias, torturas que en ocasiones producen la muerte, homicidios ilegítimos y desplazamientos forzados impunes– ensombrecen las primeras elecciones nacionales celebradas en el país desde la caída de Gadafi.

Durante una visita a Libia realizada en mayo y junio, Amnistía Internacional concluyó que cientos de milicias armadas continúan actuando al margen de la ley y que muchas de ellas se niegan a desarmarse y a integrarse en el ejército o la policía. El Ministerio del Interior comunicó a la organización que había desmantelado cuatro milicias en Trípoli, una ínfima parte del número total de milicias existentes.

“Es muy entristecedor que tras tantos meses las autoridades no hayan sido en absoluto capaces de disputar a las milicias el control que estas ejercen sobre la seguridad de Libia, lo cual tiene desastrosas consecuencias para los ciudadanos que sufren sus acciones”, lamenta Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“La ‘revolución del 17 de febrero’ nació a raíz de las demandas del fin de la represión y la injusticia. Si no se llevan a cabo acciones inmediatas que detengan los abusos y la injusticia, Libia se enfrentará a un peligro muy real y podrían terminar reproduciéndose y enquistándose las reiteradas violaciones de los derechos humanos que hemos conocido durante las últimas cuatro décadas”.

Abusos de personas detenidas y muertes bajo custodia
Las milicias continúan deteniendo a personas y recluyéndolas en centros de detención no oficiales y secretos. Pese a que se han realizado progresos en la centralización de las detenciones, se estima que 4.000 personas siguen recluidas en centros que las autoridades centrales no tienen bajo control. Algunas personas llevan un año detenidas sin cargos.

El abuso de personas detenidas continúa, especialmente el de las detenidas recientemente. Un equipo de investigación de Amnistía Internacional halló pruebas de palizas recientes y otros abusos, que en algunos casos constituyen tortura, en 12 de los 15 centros de detención, donde durante su última visita tuvo la oportunidad de entrevistar a personas detenidas.

Entre los métodos de tortura sobre los que se ha informado a la organización se incluyen la suspensión en posturas dolorosas y largas palizas con diversos objetos, como barras y cadenas metálicas, cables eléctricos, palos de madera, mangueras de plástico, tuberías y culatas de fusil, así como con descargas eléctricas.

Amnistía Internacional ha proporcionado información detallada sobre al menos 20 casos de muertes bajo custodia como resultado de torturas practicadas por las milicias desde finales de agosto de 2011.

Enfrentamientos armados y desplazamientos forzados

Los enfrentamientos entre milicias armadas, que usan temerariamente ametralladoras, granadas propulsadas por cohetes y otras armas en zonas residenciales, siguen asolando Libia y provocando muertos y heridos entre los transeúntes y otras personas ajenas a dichos enfrentamientos.

La localidad meridional de Kufra, de la que es oriunda la minoría tabu, ha vivido tres brotes de enfrentamientos entre febrero y junio. Amnistía Internacional declaró que dichos enfrentamientos, que habitualmente tienen como consecuencia detenciones arbitrarias y torturas por parte de ambos bandos, enquistan aún más las divisiones regionales, tribales y étnicas.

Amnistía Internacional también criticó duramente a las autoridades por no resolver la situación de comunidades enteras desplazadas forzadamente durante el conflicto del año pasado y que aún no pueden regresar a sus viviendas, saqueadas e incendiadas por milicias armadas. Toda la población de la localidad de Tawargha, estimada en 30.000 personas, sigue teniendo prohibido regresar a su hogar.

Ciudadanos extranjeros en riesgo

Según el informe, los africanos subsaharianos en Libia –en especial los migrantes en situación irregular– siguen sufriendo detenciones arbitrarias, reclusiones indefinidas, palizas que en algunos casos constituyen tortura y explotación a manos de las milicias armadas. Quienes acosan a ciudadanos extranjeros por lo general no hacen distinción entre migrantes y personas que huyen de la guerra y de la persecución en sus países de origen.

Amnistía Internacional afirmó que las dificultades que atraviesan los migrantes en Libia se ven agravadas por la incapacidad de las autoridades de abordar el extendido racismo y xenofobia contra los libios de piel oscura y los africanos subsaharianos.

Ausencia de justicia para las víctimas

Las autoridades libias continúan minimizando la gravedad de los reiterados abusos contra los derechos humanos por parte de las milicias y mantienen que se trata de acciones individuales que deben valorarse en el contexto de los abusos sufridos bajo el mandato de Gadafi.

En mayo, el gobierno de transición adoptó una ley que concede inmunidad judicial a los thuwwar (revolucionarios) por los actos militares y civiles cometidos “con el objetivo de procurar el éxito y proteger la revolución del 17 de febrero”.

Durante una reunión en junio con Amnistía Internacional, el fiscal general de Libia se mostró incapaz de proporcionar información detallada sobre los thuwwar que serían llevados ante la justicia por torturar a detenidos o cometer otros abusos contra los derechos humanos.

Hasna Shaeeb, de 31 años, acusada de ser leal a Gadafi, permaneció detenida durante tres días en octubre del año pasado, recibió descargas eléctricas, fue golpeada y azotada hasta que perdió la conciencia y vertieron orina sobre ella. Los guardias amenazaron con violar a su madre si no confesaba.

Hasna fue liberada sin cargos tres días después y desde entonces ha denunciado los hechos por medio de diversos canales. Fue explorada por un patólogo forense, cuyo informe corroboró su testimonio.

Al parecer, no se ha emprendido ninguna acción significativa para investigar su denuncia. Por el contrario, Hasna ha recibido varias amenazas telefónicas anónimas. En junio, además, recibió una llamada telefónica de la persona que la había detenido. En marzo, su apartamento fue incendiado de madrugada por atacantes desconocidos.

Exigencias a las autoridades libias tras las elecciones

Amnistía Internacional declaró que tras las elecciones, como primer paso antes de pasar página, espera que el Congreso Nacional General y el gobierno que este nombre reconozcan públicamente la escala y la gravedad de los abusos de los derechos humanos, los condenen inequívocamente y transmitan el mensaje de que tales violaciones no se tolerarán.

“En reconocimiento a los sacrificios y el sufrimiento de la ciudadanía libia, quienes acepten la responsabilidad de gobernar la nueva Libia deben dejar claro que su propósito es llevar ante la justicia y hacer rendir cuentas a quienes hayan cometido abusos contra los derechos humanos, sea cual fuere su rango o afiliación”, declaró Hassiba Hadj Sahraoui.

FOTO: Detenido golpeado en la prisión de Ain Zara. © Particular