Oviedo.-nterpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al Consejo de Gobierno sobre política general en materia de minería de carbón y, más en concreto, sobre la situación del sector como consecuencia del brutal recorte de las ayudas.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Buenas tardes.

Gracias, señor Presidente.

Señorías:

Me siento especialmente orgulloso de que una de las últimas intervenciones, probablemente la última, que este Diputado vaya a realizar ante este Pleno de la Junta General del Principado, sea precisamente para hablar sobre la minería del carbón en Asturias a través de una interpelación al Consejo de Gobierno, fundamentalmente con el objetivo de conocer la posición de ese Consejo de Gobierno ante el reto que las últimas decisiones del Gobierno de España significan, no ya para el futuro de la minería del carbón, sino para el hoy, para el presente de la minería del carbón.

A lo largo del último año, el debate político en esta Comunidad Autónoma en torno al carbón se desarrolló sobre si resultaba factible o no modificar la decisión 2010/787 de la Unión Europea, que fijaba la fecha de cierre definitivo para la actividad minera del carbón en 2018, y que sólo permitía el mantenimiento de ayudas a la producción del carbón su éstas se enmarcaban, empresa por empresa, en un plan de cierre que tenía además, como elemento de seguridad, la exigencia de que si el cierre no se producía habría que proceder a la devolución de las ayudas.

Por lo que yo escuché a lo largo de este año parecía que todas las fuerzas políticas asturianas se pronunciaban en el sentido de rechazar que hubiera que aceptar el 2018 como fecha ineludible de cierre y, por el contrario, se apostaba por seguir manteniendo tanto una posición política como un nivel de exigencia y de presión sobre el Gobierno de España, sobre la Unión Europea, para alargar en el tiempo esa fecha del 2018. Sin embargo, es como si lo que ha ocurrido en los últimos meses, de alguna forma, descorriera un telón en el que dejara al descubierto que el 2018 actuó como señuelo, como una liebre tras la que se pretendía que corriéramos, mientras en la trastienda del poder se iban articulando estrategias, posiciones y políticas que no se conformaban tan siquiera con esperar al 2018, sino que se empezaban a urdir los mimbres para un cierre anticipado de la actividad minera en el conjunto del Estado y también en Asturias.

Nosotros nunca dimos por perdida la batalla, nunca aceptamos y asumimos que el 2018 debiera ser la fecha de cierre,. Por eso, como esta es una interpelación al Gobierno y, fundamentalmente, al Consejero de Industria, que supongo, vamos, de Economía como se llama ahora, quien va a intervenir en nombre del Gobierno tengo que decirle en primer lugar que me siento profundamente defraudado por unas recientes declaraciones del señor Consejero, en las que manifestaba que se había aceptado a regañadientes la fecha de 2018 como fecha de cierre. Yo ratifico que esta fuerza política que represento, que Izquierda Unida, nunca aceptó ni a regañadientes ni por imperativo legal la fecha del 2018 como fecha de cierre. Sin embargo, insisto, las decisiones que se han adoptado en el último año, en los últimos meses ya de forma dramática, iban empujando a un adelanto del cierre. Hay una responsabilidad obvia y evidente del Partido Popular y del Presidente Rajoy, pero yo no puedo ocultar que hubo responsabilidades de Gobiernos anteriores, ni puedo, ni quiero ocultarlo.

La decisión 7/87, la norma anterior de la Unión Europea, si no me equivoco del año 93, establecía que "Para los inicios del 2014 -podemos decir, finales del 2013- la reducción de las ayudas a la producción tenía que verse rebajada en un 25%". Eso era el imperativo legal.

La voluntad política del Gobierno del Presidente Zapatero fue que los ajustes empezaran antes, que los recortes empezaran ya en el año 2012, y que en vez de esperar al final del plazo para ajustar y reducir ese porcentaje, ya en 2012 se planteara una reducción del 10%. Eso era ya un mal indicio.

Pero nos encontramos con que las elecciones generales dieron una mayoría absoluta, absolutísima, al Partido Popular, y el Partido Popular, en el ejercicio de su acción de gobierno, entendió que esa reducción del 10% ya no le valía, que necesitaba acelerar los plazos, que necesitaba acelerar el fin de la minería española y asturiana. Y de ahí que los Presupuestos de 2012 incluyeran ya un recorte en las ayudas a la producción del 63%, y eso todos los que estamos en esta Junta General del Principado, la sociedad asturiana, saben que aboca al cierre inminente ya de alguna de las explotaciones que en este momento mantienen su actividad, aunque sólo sea por una razón fundamental. En decisiones anteriores, tanto de la Unión Europea como de los planes de la minería en nuestro país, se fueron comprometiendo inversiones, inversiones que tuvieron que realizar las empresas privadas y que, en un marco ya muy negativo, tenían un período de amortización que era el 2018.

Si ese período de amortización, de una forma sorprende y sorpresiva, se cercena, acompañado de una reducción del 63% de las reducciones, es inevitable que en términos económicos se aboque a esas empresas al cierre. Cierre de las explotaciones privadas en unas comarcas que siguen teniendo una amplísima dependencia por más que se hayan dedicado fondos mineros a intentar modificar las condiciones económicas y sociales de las mismas, del empleo relacionado con la minería. 4.000 empleos en Asturias, como mínimo indirectos dos por cada uno de esos 4.000. Estamos hablando de 12.000 puestos de trabajo sin ir más allá, sin ir al entorno, al entorno de toda la actividad económica que no guarda relación directa con la minería pero que depende de los ingresos que a los trabajadores de la minería esa actividad provoca.

En un momento en el que en nuestro país y en el conjunto de Europa se habla de decenas de miles, de cientos de millones de euros como ayudas públicas, como medidas de intervención sin que nadie se pare a reflexionar sobre cuánto representan, pero bueno, un 1% del producto interior bruto, que es la última decisión europeo para la dinamización se considera que es una medida razonable y manejable, hablar de que en el 2012 en nuestro país, y en Asturias, se va a abocar al cierre de la minería por algo menos de 120 millones de euros es hacer un escarnio de un sector económico que ha contribuido de forma histórica, sustancial, no solamente al desarrollo de Asturias -no seríamos lo que somos hoy sin la minería-, sino del conjunto del Estado. Desde 1990 todas las ayudas recibidas por el sector minero, no las ayudas a la producción, sino el conjunto de ayudas, Fondos Mineros, todo lo que queramos meter, representa algo menos de 24.000 millones de euros. Pues hace 15 días aproximadamente se comprometía la misma cantidad, de una tacada, para salvar Bankia. Es claro que la prioridad no está en los trabajadores, ni en los trabajadores del sector del carbón ni en los demás trabajadores.

Si además ello va acompañado del recorte en el conjunto de los recursos dedicados a la minería, los famosos Fondos Mineros, 40% en infraestructuras, más del 75% en proyectos empresariales, desaparecen, quedan 2 millones las becas y la formación, desaparece la seguridad minera, en un clima además económico general en el que no se puede decir a las comarcas mineras: El sector minero es un sector caduco que no tiene futuro, pero sin parar emergen oportunidades de actividad económica, de generación de empleo, de desarrollo, que de forma natural y sin ninguna dificultad pueden significar el encaje de esos trabajadores que pierden su puesto de trabajo, estamos hablando de condenar a la extinción, a la emigración, al despoblamiento, a unas comarcas que llevan ya muchos años padeciendo esos fenómenos a pesar de los recursos públicos con ellas comprometidos.

Yo creo, y desde luego será el motivo fundamental de la moción subsiguiente que este Grupo Parlamentario presente, que esta Cámara tiene que pronunciarse de la forma más amplia posible, unánimemente, si es posible, en respaldo del sector minero del carbón en Asturias y en el conjunto del Estado, en exigencia de que esos pocos recursos necesarios para mantener el empleo y la actividad minera en 2012 se comprometan ya, porque no es tan difícil para el Gobierno de España el conseguir los mismos. Y por eso pretendemos hacerlo, y en la redacción de la moción, me comprometo hoy ya a ser especialmente cuidadoso, sin ninguna búsqueda de rentabilidad política, propiciando consensos, buscando apoyos, intentando que el pronunciamiento de esta Cámara de compromiso y solidaridad con el sector minero sea lo más amplia posible. Muchísimas gracias.