• Es una apuesta sustentada en el equilibrio, en un reparto ponderado del ajuste y la preservación de la calidad de la sanidad, la educación y los servicios sociales

• La propuesta remitida al Ministerio de Hacienda contempla una subida de tributos para las rentas superiores a los 70.000 euros anuales, el incremento de un 10% del impuesto de patrimonio y la elevación del ‘céntimo sanitario’

• El control del gasto y la austeridad se realizan con una mejor gestión y sin necesidad de recortar los sueldos a los funcionarios y empleados públicos

• La contratación de personal interino y temporal caerá en torno a las 1.000 personas de un colectivo de casi 10.000, como consecuencia de los ajustes impuestos por el Gobierno central

• El plan reduce el número de altos cargos, suprime sociedades y organismos, y acomete una rebaja presupuestaria de otras entidades

Las inversiones para 2012 se reprograman y alcanzan los 426 millones de euros.

Asturias.-Cooperación, lealtad y energía en la defensa de Asturias. Estos tres principios están en el corazón de la intervención que Javier Fernández realizó el 22 de mayo en el pleno de la Junta General en el que fue elegido presidente del Principado de Asturias. Un compromiso que se materializa desde el primer momento con la elaboración de un conjunto de actuaciones que permita a Asturias cumplir con los retos adquiridos para atender el objetivo de déficit en el horizonte de 2012, fijado en el 1,5% del Producto Interior Bruto regional.

Asturias cumplirá con los recortes impuestos por el Gobierno de España, porque así lo exige la ley y porque incumplirla nunca será una opción para este Gobierno, con independencia de la valoración que se merezca.

El Ejecutivo asturiano ha elaborado una propuesta que, desde la cooperación y la lealtad, armoniza los duros ajustes exigidos por la Unión Europea y el Gobierno de España con medidas valientes y en sintonía con las responsabilidades adquiridas con todos los asturianos de preservar el estado del bienestar y la calidad de la sanidad, la educación y otros servicios públicos básicos.

Dentro de este marco de exigencias europeas y del Gobierno de la nación, el Ejecutivo asturiano tenía diferentes opciones a seguir. Por ello, sin rehuír su responsabilidad, ha tomado la senda de la equidad en el reparto de la carga. Por tanto es una apuesta sustentada en el equilibrio, en un reparto ponderado del ajuste y la preservación de la calidad de los servicios públicos.

El campo de actuación está nítidamente definido. Las medidas de ajuste afectan a todas las áreas de actuación:

1. Los ingresos, cuyo incremento es una pieza clave en el programa financiero de Asturias. Fiel a la mesura y la equidad, se adoptan medidas fiscales de solidaridad de los ciudadanos que más tienen con los más castigados por la crisis.
2. El control del gasto público y la austeridad están en el corazón de estas decisiones. Son principios que armonizan el blindaje de la calidad en los servicios públicos con un coste menor y la mejora de la gestión. Por eso, el Gobierno asturiano no ha optado por reducir los sueldos de los funcionarios y trabajadores públicos, consciente de su responsabilidad y cooperación para alcanzar estos objetivos, ni por cercenar la calidad de la educación, la sanidad o la asistencia social.
3. La reestructuración del sector público ha sido otra área de actuación, dada la necesidad de contar con una administración que armonice la eficiencia y el ahorro. Por ello se apuesta por la reducción del número de altos cargos, la supresión de sociedades y organismos o la rebaja presupuestaria de otras entidades.
4. La reprogramación de las inversiones no ha quedado fuera de las medidas de ajuste. Las inversiones para 2012 ascienden a 426 millones y se ha optado por aquéllas de mayor urgencia o las que permitan la recuperación de ingresos.

Las propuestas de ajuste y reformas del Gobierno asturiano se articulan en el Plan Económico- Financiero de Reequilibrio 2012-2014 (PEF), pendiente de aprobación en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aún sin fecha fijada, y en el Plan de Ajuste para evaluar la condicionalidad fiscal de los mecanismos extraordinarios de financiación, vinculado a la ley de endeudamiento de 243,4 millones de euros para saldar la deuda con los proveedores, aprobada en la Junta General del Principado de Asturias el 14 de junio y que al día siguiente contó con el visto bueno del Consejo de Ministros.

A día de hoy, desde la Consejería de Hacienda y Sector Público se continúa trabajando en el PEF, documento interrelacionado con el Plan de Ajuste, e intercambiando información con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

1. Servicios públicos de calidad

El Gobierno del Principado, pese a la difícil coyuntura económica y a los recortes impuestos por el Ejecutivo central, sostiene una firme apuesta por blindar los pilares del estado del bienestar, fuente de una sociedad de equilibrios y oportunidades para todos los ciudadanos, más allá de su origen y condición. Por eso la calidad en educación, sanidad y asistencia social es, ahora más que nunca, la esencia misma de un modelo que rechaza la austeridad depredadora y aboga por la austeridad creadora.

Para ello, el Gobierno asturiano asume la responsabilidad de mostrar que hay alternativas políticas al discurso de demolición de los pilares del Estado de Bienestar.

La apuesta por la enseñanza pública se traduce en varias medidas esenciales:

• Mantenimiento de la ratio de alumnos.
• Preservación de otros derechos educativos como las becas de apoyo a los estudiantes.
• Las tasas universitarias no sufrirán incrementos en la primera matrícula.
• Reestructuración del mapa educativo de Asturias para evitar duplicidades y apostar por una gestión más acorde a las necesidades reales.

El compromiso con la sanidad parte de un principio inequívoco: el dinero destinado a la salud pública es una inversión, no un gasto. Por tanto, la mejora de la calidad de las prestaciones sanitarias tiene como aliadas la eficiencia y la buena gestión. El Gobierno del Principado plantea una serie de medidas de aplicación inmediata, pero también estructurales:

• Ahorro del gasto farmacéutico, con la extensión del programa de dispensación de fármacos genéricos, lo que implicaría una rebaja de 16 millones de euros anuales, y la potenciación de la central de compras, que representaría un ahorro de otros 5,2 millones.
• Reducción a una única gerencia por cada una de las 8 áreas sanitarias de Asturias.
• Revisión del mapa de servicios sanitarios.
• Mantenimiento de los hospitales y centros de salud existentes en el Principado.
• Revisión de la atención urgente hospitalaria con el fin de prestar un mejor servicio al ciudadano.
• Reducción de la aportación a los conciertos sanitarios.
• Racionalización de los programas especiales del personal sanitario.

2. Ajuste progresivo, justo y solidario

El déficit fijado para 2012 es de un 1,5 % del PIB regional, es decir, 345 millones de euros. En Asturias partíamos de un déficit en 2011 de 843 millones de euros (3,64 % del PIB). Esta diferencia implica que el Gobierno del Principado está obligado a realizar este año un ajuste de 498 millones de euros para cumplir con el déficit establecido y entrar así en la senda de recuperación económica para los próximos años.

Dentro de los límites de su margen de acción, el Gobierno del Principado apuesta por un ajuste progresivo, justo y solidario con los ciudadanos con menos recursos. Las medidas adoptadas afectan tanto a los ingresos públicos como a los gastos, buscan el equilibrio y minimizan el impacto sobre los más desfavorecidos. Nuestro objetivo es garantizar la prestación y la calidad de la sanidad, la educación y los servicios sociales básicos.

Se trata de medidas comprometidas con los asturianos en estos tiempos de zozobra. El Gobierno del Principado no va a renunciar a la pervivencia de un modelo de administración autonómica que garantiza la calidad presente y futura de los servicios públicos, pilares del Estado de Bienestar para todos los ciudadanos.

Estamos convencidos de que no hay un solo cauce para la austeridad.

2.1 Ingresos

Fiscalidad. El incremento de los ingresos es una pieza clave en el programa de reequilibrio financiero de Asturias. Para ello, el Gobierno del Principado ha elaborado una batería de medidas tributarias sustentadas en la solidaridad de los ciudadanos con más recursos con los que más sufren los embates de la crisis. Entre estas medidas destacan:

• Modificación en los últimos tramos de la tarifa autonómica del IRPF. Entre 70.000 y 175.000 euros se eleva un punto hasta el 22,5% y para las rentas superiores a los 175.000 el alza es del 1,5 hasta el 25,5%. Esta medida afecta a unos 12.000 asturianos con rentas más altas. La previsión es obtener 12,5 millones de euros más en 2015. (Se recauda dos años más tarde de su aplicación porque las entregas a cuenta se determinan en función de la tarifa establecida por defecto)
• El Impuesto de Patrimonio se incrementa un 10% y se aplica a unos 2.500 ciudadanos. La previsión del incremento de recaudación es de 2 millones de euros en 2013.
• Céntimo sanitario. Se multiplica por dos el tipo de gravamen autonómico actual del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, lo que permitirá elevar en unos 7 millones de euros los ingresos en 2013. A los profesionales del transporte, con tarjeta de transportistas, se les devolverá el incremento del gravamen. (Se eleva de 2,4 a 4,8 céntimos por litro de gasolina y de 2 a 4 por litro de gasóleo)
• Reforzamiento de sistemas de control fiscal, lo que permitirá elevar a final de este ejercicio la recaudación en 7,7 millones de euros más. (Entre estas medidas destacan la implantación del sistema de autoliquidaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que liberará carga de trabajo que se destinará a reforzar el control y supervisión del impuesto, y la ampliación del procedimiento sancionador al ámbito de la gestión tributaria)
• Incremento de las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en un 25%. Pese a la subida, los precios de las estaciones de ITV en Asturias seguirán estando entre los más bajos de España.

Otros ingresos. Las medidas de austeridad del Gobierno asturiano se sustentan también en la mejora de la eficiencia en la gestión para que Asturias vuelva a la senda de la recuperación, tras más de una década de disfrutar de unas finanzas saneadas.

• Venta de las delegaciones de Bruselas y Madrid. Los ingresos por las ventas de los edificios propiedad del Principado de Asturias en la capital europea y de España están estimados en 25 millones de euros.
• Venta a sus inquilinos de 63 viviendas con más de 50 años de antigüedad del parque público del Principado, actualmente en régimen de alquiler, y venta de plazas de garaje. Los ingresos estimados por estas ventas ascienden a 1,8 millones en 2013.

Se pondrá en marcha un Plan de Reestructuración del Sector Público Autonómico que contemplará enajenaciones, fusiones, supresiones y otras medidas en estudio con una doble finalidad: reducir el gasto y elevar la eficacia y eficiencia de los entes, empresas mercantiles, fundaciones y organismos autónomos en los que la Administración asturiana participa en mayor o menor proporción.

• Simplificación y redimensionamiento de los instrumentos de promoción económica del Principado.
• Análisis de la venta de las participaciones en establecimientos hoteleros (Hotel de La Reconquista de Oviedo y otros).
• Se suprime el Instituto Asturiano de Estadística.
• Se estudia la explotación privada o venta del GITPA (Gestor de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias).
• Se vende la empresa SEDES.
• Se revisará el objeto social de SERPA (Sociedad de Servicios del Principado de Asturias) para proceder a su redimensionamiento.
• Se mantiene la condición de servicio público de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), con una rebaja sustancial de las aportaciones económicas realizadas hasta la fecha y apostando por un modelo más austero.

2.2. Gastos

El ajuste financiero se sustenta también en una mejora de la eficiencia en la gestión y en una racionalización de los gastos corrientes, que se articula en el principio de ofrecer la misma calidad en los servicios públicos con un coste menor.

Estructura de Gobierno. Dotarse de una estructura administrativa moderna, acorde con las necesidades reales de los ciudadanos, es compatible con la contención del gasto. Si la austeridad debe estar en los cromosomas del buen gobierno, mucho más en tiempos de crisis, donde la caída de ingresos convierte en una prioridad el blindaje de la financiación necesaria de los servicios públicos.

Para ello, el Gobierno del Principado se ha fijado como una obligación política la reducción de su estructura de altos cargos. Ejemplo de ello es el recorte de 9 a 8 consejerías y de 7 a 2 viceconsejerías. Con esta nueva estructura se genera sólo en retribuciones un ahorro anual de 578.353,62 euros.

Los salarios de los altos cargos del Ejecutivo asturiano son una referencia nacional por su moderación. El presidente del Principado es, con el de Cantabria, el que menor sueldo percibe, mientras que los consejeros, viceconsejeros y directores generales figuran entre los que tienen unas retribuciones más bajas (terceros y quintos).

Esta estrategia se refuerza con la redacción de una Ley del Sector Público, en la que se pondrá techo a los salarios de todos los altos cargos de las diferentes sociedades que integran la administración regional y se regulará el número de representantes en los consejos de administración.

A estas medidas de austeridad se suman otras como la obligación de hacer público el patrimonio de los altos cargos, con el objetivo de impulsar la mayor transparencia sobre las personas que asumen responsabilidades institucionales en el Gobierno del Principado.

Empleo público. El Gobierno del Principado ha asumido el compromiso de mantener las plantillas de funcionarios y personal público que garanticen la prestación de los servicios, principalmente en sanidad, educación y atención social.

El Gobierno de España ha obligado a las comunidades autónomas a elevar la jornada laboral de los empleados públicos de la Administración autonómica (aumento de la jornada lectiva para los profesores de Educación Secundaria y de 35 a 37,5 horas semanales del resto de empleados públicos de la Administración del Principado). Esta decisión forzará a la reducción de la contratación de unas 1.000 personas de un colectivo empleados temporales de casi 10.000.

Este incremento tiene que traducirse en la toma de decisiones para armonizar la calidad y la racionalidad económica de la función pública. Entre ellas está un mayor protagonismo de los funcionarios y personal laboral y una reducción en los casos necesarios de los trabajadores interinos.

Entre las medidas a adoptar, destacan:

• Congelación de las nuevas ofertas públicas de empleo.
• Incremento del control del absentismo laboral con la modulación del complemento de incapacidad temporal y el reforzamiento de la inspección médica.
• Supresión de los incentivos a la jubilación.
• Revisión de la discrecionalidad de jubilarse más allá de la edad legal de jubilación.
• Revisión de las acciones formativas en horario laboral.
• Desaparición de 42 asesores técnicos docentes.
• Supresión de 44 plazas de liberados institucionales.
• Modificación en las fórmulas de contratación laboral del personal interino de Educación, entre ellas que a partir del próximo curso la duración del contrato será de septiembre a junio.

Ajuste y reprogramación de inversiones. Las medidas de ajuste del Gobierno del Principado apuestan por mantener los equilibrios y huir de las soluciones traumáticas. La reprogramación de las inversiones responde a este espíritu y da prioridad a aquellas que permitan recuperar los ingresos.