Con motivo del Día Internacional contra la Tortura, Amnistía Internacional denuncia la que sufren mujeres y niñas como consecuencia de la discriminación

Madrid.- La tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Y sin embargo, existe, y ataca doblemente a mujeres, niñas y personas pertenecientes a minorías sexuales, que la reciben por lo que son y también por lo que hacen: ser activistas de derechos humanos, opositoras políticas o simplemente, por no callarse y denunciar lo que les ocurre.

Todo esto lo denuncia  Amnistía Internacional (AI) en un nuevo documento titulado “Torturadas por lo que son, torturadas por lo que hacen” y publicado con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, que se conmemora el 26 de junio. La tortura es un acto basado en el abuso de poder y la discriminación de género facilita formas de tortura y penas crueles, inhumanas o degradantes que tienen como objetivo  de manera especial o desproporcionada a las mujeres y las personas con identidades sexuales no mayoritarias. 

Al igual que los hombres, las mujeres están expuestas a sufrir tortura bajo custodia, lo que en su caso puede incluir amenazas de violaciones o humillaciones de tipo sexual, pero donde las mujeres corren más riesgo hoy por hoy es en la calle. El protagonismo cada vez mayor que han adoptado en las protestas contra los gobernantes ha conllevado el intento de silenciarlas, a menudo usando la tortura.

Así ha ocurrido en Yemen, donde las activistas y periodistas que se manifestaron contra el gobierno fueron perseguidas y en algunos casos, recibieron palizas. O en Bahrein, donde Aayat Alqomorzi recibió descargas eléctricas en el rostro después de ser detenida por recitar poemas alusivos al rey durante las protestas de 2011.

Además, las mujeres corren riesgo por ser defensoras de derechos humanos o activistas políticas. Se ha documentado en China, donde la abogada Ni Yulan -experta en casos de demolición de viviendas- fue torturada hasta dejarla en una silla de ruedas, y en otros países como Irán o Zimbawe.

La discriminación de género está en el origen de vejaciones como las pruebas de virginidad, una práctica habitual durante el gobierno de Mubarak en Egipto. Cuando el ejército desalojó a los manifestantes de la plaza Tahrir de El Cairo el 9 de marzo de 2011, se sometió a registros corporales sin ropa a 17 de las mujeres que fueron detenidas allí y a 7 de ellas se les practicaron “pruebas de virginidad”, que están reconocidas como una forma de tortura. A finales 2011, un tribunal administrativo determinó que las "pruebas de virginidad" eran ilegales y ordenó a las fuerzas armadas que dejaran de hacerlas, aunque en marzo de 2012 un médico militar egipcio acusado de realizarlas fue absuelto.

Conflictos armados: mujeres objetivo de todas las partes

En los conflictos armados, las mujeres y las niñas en numerosas ocasiones son víctimas de la violencia sexual como instrumento de terror (violación pública, incesto forzado, propagación deliberada del VIH), son torturadas (con actos de crueldad extrema: inserción de objetos como cañones de armas, palos, botellas, porras embadurnadas con picante), son ofrecidas como “botín” a las tropas tras un enfrentamiento armado y tratadas como esclavas sexuales, y las menores son utilizadas como niñas soldados.

Hechos como estos han sucedido en la República Democrática del Congo, donde se cometieron violaciones masivas en 2010 y 2011 por parte tanto de soldados de las fuerzas armadas congoleñas como de miembros de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda. En Costa de Marfil se han documentado casos de esclavitud sexual por combatientes o violaciones en público y en presencia de familiares de la víctima para humillar a la comunidad a la que pertenecen.

Controlar por la fuerza la sexualidad y la reproducción

La mutilación genital femenina afecta cada año a miles de mujeres y niñas en muchas partes del mundo. La operación puede causar infección generalizada e incluso la muerte, pero el sufrimiento dura toda la vida ya que a largo plazo puede provocar tumores, infertilidad, mayor riesgo de infección de VIH/SIDA, incontinencia urinaria y relaciones íntimas dolorosas, entre otras graves consecuencias.

Aunque países como Guinea-Bissau o Suiza aprobaron legislación para prohibir o penar esta práctica en 2011, en otros, como Liberia o Sierra Leona, sigue sin penalizarse. En Indonesia esta práctica incluso ha sido defendida públicamente por la ministra de Salud.

En ocasiones, tras una violación, las víctimas son obligadas a contraer matrimonio con los violadores, como única manera para mantener el “honor” de su familia y su entorno. El sufrimiento se perpetúa así durante toda la vida de la mujer o la niña violada. El matrimonio forzado y a edad temprana no sólo es discriminatorio, sino que puede equivaler a tortura y esclavitud sexual. Según la ONU, en el 56% de las bodas celebradas en Afganistán la novia tenía menos de 16 años.

La esterilización forzada también puede constituir tortura o malos tratos, como ha reconocido el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Amnistía Internacional ha  denunciado situaciones como la de China donde, con el pretexto de la planificación familiar, se han adoptado medidas para esterilizar a miles de personas, algunas en contra de su voluntad. En Eslovaquia, las autoridades siguen sin reconocer su responsabilidad en los casos de mujeres gitanas esterilizadas sin su consentimiento pleno e informado.

Más esperanzadora es la situación Perú, donde la Fiscalía de la Nación ha reabierto una investigación sobre la esterilización forzada de más de 200.000 mujeres realizada durante la presidencia de Alberto Fujimori, en la década de 1990.

A Amnistía Internacional también le preocupan las restricciones en el acceso al aborto, especialmente cuando la continuación del embarazo supone un riesgo para la vida de la mujer o cuando la gestación es producto de una violación. Así ocurre en Nicaragua, donde a “Amalia”, de 27 años, le negaron el aborto terapéutico que solicitaba para poder recibir tratamiento contra el cáncer que padecía. AI considera que la prohibición total del aborto constituye una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas, incluido el derecho a no sufrir tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

Castigar la orientación sexual y la identidad de género

En ocasiones, la discriminación por su identidad de género o su orientación sexual hace que algunas personas sufran violaciones de sus derechos humanos que pueden constituir tortura. Es el caso de la denominada violación “correctiva” o “curativa” de lesbianas con la supuesta intención de modificar su orientación sexual, o los exámenes anales de gays bajo custodia con el fin de “demostrar” su homosexualidad.

En Uganda, ser homosexual es un delito que se castiga con la cadena perpetua y los activistas son perseguidos y torturados. Es paradigmático el caso de David Kato, asesinado en 2011 después de que un periódico ugandés publicara una lista de los “100 primeros homosexuales” del país y pidiera ahorcar a los incluidos en ella. En Honduras, el colectivo GLBTI es víctima de constantes malos tratos y los homicidios de mujeres transgénero como Jazmín Zelaya o Cintia Nicole Moreno ni siquiera se investigan.

Recomendaciones

Para acabar con la discriminación y la tortura que sufren mujeres, y personas gays, lesbianas, transexuales,  bisexuales y transgénero, los Estados deben derogar las normas discriminatorias; proteger a estas personas frente a todas las formas de violencia; acabar con todas las detenciones ilegítimas; no aceptar en los juicios pruebas obtenidas bajo tortura; llevar a cabo investigaciones independientes y asegurar que las víctimas tienen acceso a la justicia y a una reparación plena.

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