La directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, ha intervenido ante al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra con una conferencia, en la que ha destacado las singularidades que tienen las víctimas del terrorismo respecto a las de otros delitos. Esto hace que "requieran -ha afirmado Ramos- un marco normativo específico, a través del cual reciban el reconocimiento social y el apoyo del Estado que merecen por una especial violación de los derechos humanos".

Sonia Ramos, que ha intervenido en representación de la delegación española, ha estado acompañada por la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua.

En la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrada en Ginebra, el relator especial sobre Derechos Humanos y Libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, ha presentado un informe -el primero que se elabora- que recoge una serie de conclusiones y recomendaciones, muchas de ellas sugeridas por víctimas españolas.

En su intervención, Sonia Ramos ha agradecido a Emmerson que su documento incluya una mención especial a la legislación española, destacando de ella el reconocimiento que hace de los derechos de las víctimas del terrorismo. En este sentido, la directora general del Ministerio del Interior ha destacado la ley española de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, debido a que "asume una idea fundamental que impregna todo su articulado: las víctimas del terrorismo son víctimas de violaciones de derechos humanos".

A continuación, Ramos ha subrayado que "esta tesis refuerza el estatus normativo de la víctima vinculando sus derechos a los valores universales de las sociedades abiertas y democráticas, y señalando correlativamente obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado que aseguran la adecuada compensación de quienes han sufrido la violencia contra el propio Estado con arreglo a los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad".

La directora general ha destacado, por ello, algunas novedades importantes de la Ley, como la inclusión de un conjunto de medidas bajo la denominación de "régimen de protección social" a favor de las víctimas del terrorismo y de sus familias, además de otras medidas destinadas a proteger a las víctimas en el ámbito procesal, inspiradas en el principio de mínima lesividad. Asimismo, la nueva ley refuerza la necesidad del abono de las indemnizaciones por parte del Estado.

Al finalizar, Sonia Ramos, en nombre de la delegación española, se ha dirigido a Ben Emmerson para trasladarle la necesidad de llevar a cabo "un estudio comparado sobre la legislación y buenas prácticas de los Estados en esta materia con el fin de presentarlo a este Consejo". A juicio de la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, se trata de un objetivo "imprescindible", ya que para acabar con las violaciones de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo es preciso "dignificar a la víctima y reconocer su sufrimiento. Este enfoque es un instrumento civilizador, de educación en valores y de deslegitimación de toda violencia".

En su intervención, Ramos recordó el "doloroso y trágicamente imborrable" atentado de Hipercor, del ahora se cumplen 25 años. En este acto terrorista, ETA acabó con la vida de 21 personas y causó heridas graves a otras 45. "Esperanzas rotas sin sentido", dijo la directora general del Ministerio del Interior.