El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y el vicepresidente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, han firmado en Valencia dos convenios específicos de colaboración entre ambas instituciones para promover diversos instrumentos que permitan mejorar la coordinación de las actuaciones entre los órganos judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
El primero de los protocolos tiene por objeto establecer una Oficina de Presentaciones y Comparecencias Apud Acta (con representación previa) que se constituirá en una oficina de identificación de imputados que, al mismo tiempo que controla la identidad de los acusados, obtiene el máximo rendimiento de las bases de datos policiales y judiciales, localizando de inmediato requisitorias y averiguaciones de domicilio que penden sobre el compareciente, favoreciendo así la comunicación y el conocimiento por los órganos judiciales de los datos y de las condenas de los imputados, especialmente de las faltas, y evitando disfunciones en la actuación coordinada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Juzgados y Tribunales de Justicia.
Este nuevo sistema facilitará que los órganos judiciales conozcan de manera inmediata la reiteración de las infracciones penales leves (faltas) cometidas por los delincuentes. Se trata de un mecanismo que se pondrá en marcha en un primer momento en las principales capitales y posteriormente en toda España.
El Ministerio de Interior se dota así de un instrumento eficaz y ágil para luchar contra la multirreincidencia ante la alarma social que crea en el conjunto de la sociedad la sensación de impunidad con la que muchos autores de estas faltas reincidentes salen indemnes cuando son detenidos por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La presencia de los oficiales de enlace en los decanatos judiciales permitirá actuar de una forma más adecuada contra las personas que han convertido los hurtos y los pequeños robos en su modo de vida. La mayoría de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que actuarán como oficiales de enlace serán los que hasta ahora ejercían funciones de escolta o protección personal.
En las Comunidades Autónomas con cuerpos de Policía propia, como ocurre en Cataluña, País Vasco y Navarra, se aplicará lo mismo pero poniéndose de acuerdo en la coordinación directamente con los Mossos d' Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra según cada caso, con Policía Nacional y Guardia Civil, ya que muchos de estos delincuentes actúan en distintos puntos del territorio nacional.
Ruedas de reconocimiento del imputado
El segundo de los convenios firmados creará un servicio de gestión de ruedas de reconocimiento del imputado -una de las diligencias más utilizadas en la instrucción penal- que posibilitará que los condenados a trabajos en beneficio de la comunidad, puedan voluntariamente participar en las ruedas de reconocimiento como si fuera un trabajo que se computará como un día de condena.
De esta manera, se facilitará la práctica de la diligencia, que en ocasiones tiene que ser suspendida por los problemas que las Unidades de Policía Judicial sufren para buscar figurantes de similares características con el sujeto que debe ser identificado, fomentando así la colaboración de los penados con la Administración de Justicia.
