Entre los arrestados se encontraba un abogado y el administrador de una empresa ficticia. Daban de alta a falsos trabajadores para conseguir cobrar las prestaciones por desempleo a cambio de cantidades entre 500 y 1.200 euros. El principal implicado afiliaba a los supuestos empleados a través del sistema RED de Seguridad Social y les dotaba de certificados de empresa y contratos de trabajo fraudulentos.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 21 personas y han imputado a otras 47, todas ellas acusadas de delitos de falsedad documental y fraude al Servicio Público de Empleo por una cuantía superior a los 300.000 euros. La prontitud de las actuaciones realizadas por las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo de Valencia ha evitado que el fraude fuera mucho más elevado.
Las investigaciones se han llevado a cabo por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica ubicada en Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de Valencia.
El engaño se realizaba mediante una empresa instrumentalizada para dar de alta como trabajadores a las personas detenidas e imputadas que, posteriormente, han accedido al cobro de prestaciones y/o subsidios por desempleo en virtud de la relación laboral con dicha empresa.
El administrador de la empresa instrumentalizada suscribía falsos contratos de trabajo, operaba altas y bajas de los falsos trabajadores a través del sistema RED con la Seguridad Social y les dotaba de la documentación necesaria para obtener las prestaciones, trámites por los que percibía entre 500 y 1.200 euros en cada caso.
Las investigaciones se iniciaron como consecuencia de las actuaciones de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y de Inspección de Trabajo de Valencia, al detectar la existencia de una empresa en la que se producían continuos movimientos de altas y bajas, sin que aparentemente existiera una actividad laboral real y que presentaba deudas en sus cotizaciones sociales por importe de más de 300.000 euros. Inmediatamente se cancelaron las prestaciones que en ese momento estaban percibiendo los acusados y se imposibilitó el acceso a las mismas de otros solicitantes.