En el arco mediterráneo la pesca artesanal proporciona trabajo directo a 66.000 personas  y en Cataluya cuenta con unas 1.106 embarcaciones (56% del total de la flota pesquera). Por ejemplos, en una localidad como Sitges hay unos 15 barcos de bajura que generan decenas de empleos directos e indirectos, sin embargo el sector apenas ha recibido en los últimos años el 20% de las subvenciones procedentes de Europa, cuando el sector artesanal es el que más vela por el bienestar de los ecosistemas marinos al utilizar artes de pesca muy selectivas con apenas descartes.

Por este motivo, Greenpeace exige a la Generalitat de Catalunya y al Gobierno central su apoyo sin fisuras al sector artesanal tanto en los foros nacionales como europeos. España es la principal potencia europea en materia pesquera, sin embargo, a pesar de que el sector artesanal representa el 80% del total de la pesca del país, no cuenta con la representación ni del Gobierno central ni de la Generalitat catalana.

"Queremos que se apliquen políticas medioambientales para todo el litoral, para que así se recuperen los stocks pesqueros", ha declarado Enric del Campo, patrón mayor de la Cofradía Sitges. "Además en Sitges nos gustaría recuperar la marca de pescado de Sitges con un punto de primera venta que generará muchos empleos indirectos, y acreditar el pescado de calidad de 'kilómetro cero' para los restaurantes de Sitges”

Greenpeace denuncia que Catalunya ha visto cómo solo en los dos últimos años su flota artesanal se ha reducido en un 43%, mientras las autoridades asisten impasibles a la actuación del arrastre costero que deteriora con impunidad los ecosistemas marinos y genera numerosos descartes. Como dato, esta flota consume 40 litros de gasóleo por cada kilogramo de pescado. “Toda la flota artesanal catalana podría vivir durante un año de las capturas de un solo arrastrero, algo intolerable e insostenible”, ha lamentado Celia Ojeda, responsable de Océanos de Greenpeace.

Entre las demandas conjuntas del sector artesanal destacan la necesidad de la cogestión de los caladeros a largo plazo, la prioridad de acceso a los recursos para los artes más sostenibles y la coherencia entre las cuotas pesqueras y las recomendaciones científicas. En cuanto a las subvenciones, el sector exige un mayor control y que estos fondos se destinen a la recuperación de los hábitats y al apoyo de la pesca sostenible. Asimismo, defienden el establecimiento de Reservas Marinas como una herramienta de gestión.

Greenpeace considera que la actual Política Pesquera Común ha sido un fracaso ya que casi el 80% de los stocks pesqueros están agotados, por lo que, a pesar de la última decisión del Consejo de Ministros Europeo de Pesca y la indiferencia de los Gobiernos español y catalán, seguirá luchando para alcanzar una reforma coherente con los recursos disponibles y la salud de los hábitats marinos.

“Pesca artesanal significa dos cosas: conservación de los recursos marinos y empleo. La apuesta segura para estabilizar la población en las zonas de costa, para generar empleo y a la vez que los caladeros no se esquilmen es la pesca sostenible”, ha declarado  Ojeda. “Podemos concluir que si realmente lo que queremos es que la pesca extractiva tenga un futuro, se impone un replanteamiento basado en la sostenibilidad. Pero sobre todo, es necesaria una voluntad política real de avanzar hacia una pesca sostenible”.

Dentro de los esfuerzos de Greenpeace para dar a conocer a la clase política la realidad del sector, se ha realizado una actividad similar en Corcubión (Galicia) y se realizará el próximo lunes 18 en El Cabo de Gata (Almería). En estas visitas también han participado representantes del sector de la distribución.

Demandas de Greenpeace para la Política Pesquera Común:

Eliminar la sobrecapacidad pesquera, dando prioridad a la eliminación de aquellas flotas más destructivas para ajustar la flota pesquera a unos objetivos sostenibles.
Eliminar los artes pesqueros destructivos, como el arrastre y mejorar la selectividad de las técnicas pesqueras para recuperar los stocks a niveles de rendimiento máximo sostenible.
Fijar límites de capturas ajustados a las recomendaciones científicas.
Establecer una gestión pesquera a largo plazo basada en planes regionales y planes de cogestión.
Promover y apoyar la creación de Reservas Marinas.
Permitir el derecho al acceso a los recursos y a las subvenciones pesqueras sólo a las empresas y países que cumplan con la normativa y de forma preferente a quienes contribuyan al beneficio social y ambiental.
Promover la transparencia, la información y la trazabilidad de los productos pesqueros desde su captura hasta el consumidor final.
Favorecer aquellas pesquerías más sostenibles como la pesca artesanal y situarla en el corazón de la reforma.


Nota:
(1) En la jornada de pesca han participado:
M. Mercè Santmartí i Miró, directora General de Pesca y Acción Marítima
Laia Ortiz Castellví, portavoz de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento estatal por Izquierda Plural.