13/06/2012 - Comunicados

La moción defendida por Cayo Lara en el Pleno tuvo los 175 votos en contra del PP, 15 abstenciones de CiU y el apoyo del resto de grupos parlamentarios (139 votos), que se mostraron de acuerdo en que la Cámara Baja buscara averiguar las causas y los responsables de la crisis financiera que ha derivado en tener que pedir un rescate de 100.000 millones de euros a Europa.
Lara defendió el contenido del texto de la moción donde se demandaba investigar los posibles fraudes y abusos perpetrados en el sector bancario, el papel de los reguladores y supervisores, los problemas de fluidez del crédito o el tratamiento fiscal de los productos financieros.

Intervención de Cayo Lara durante su defensa de la Moción sobre las medidas concretas que piensa tomar el Gobierno para examinar las causas de la crisis financiera en España.

Traemos a la Cámara esta Moción para solicitar la creación de una comisión de investigación sobre la mayor ‘crisis-estafa’ que ha conocido la historia de nuestro país. Consecuencia de un modelo de desarrollo inmobiliario insostenible, basado en la especulación sin límites sobre el suelo y la vivienda por la que se han enriquecido banqueros y promotores urbanísticos a costa de dejar a millones de personas con hipotecas abusivas de por vida.

Dejan a más de 300.000 familias desahuciadas de sus casas porque perdieron el empleo y no pueden pagar su hipoteca, un país endeudado con una deuda privada intolerable y una generación de jóvenes parados a los que se les ha robado la esperanza.

Se creó una ‘burbuja inmobiliaria’ que ha estallado en la cara a millones de personas que, sin ser responsables de ello, sufren los ajustes y recortes que han aplicado los diferentes gobiernos de forma injusta.

Las consecuencias son un escandaloso número de parados, un dramático índice de pobreza y desintegración social que afecta de forma escalofriante a más de dos millones de niños. Abuelos que las familias sacan de las residencias privadas para sobrevivir con su pensión, recorte de empleo y aumento de jornada a los profesionales en Sanidad y Educación, masificación de las aulas, incremento de tasas universitarias, reducciones de salarios en el sector público o repagos en Sanidad.

Los drásticos recortes en ayuda al desarrollo se traducen en más miseria y muerte de seres humanos, recortes en el sector de la minería que se levanta justamente, centenares de miles de empresas y autónomos ahogados por la ausencia de crédito, reformas laborales que facilitan el despido rápido y barato, y que destruye el empleo de muchos mayores condenados al paro definitivamente.

Ese modelo de desarrollo ha traído aparejado escándalos de corrupción que han deteriorado el valor de la política en España, ha favorecido un inmenso fraude fiscal con la banca como actor y vehículo esencial hacia los paraísos fiscales y una reducción de ingresos a la hacienda pública que se ha incrementado por las rebajas fiscales a los grandes beneficios y fortunas.

La recesión económica es la herencia y el temido rescate ha llegado, paradójicamente, para tapar el agujero de unas irresponsables entidades financieras, las grandes responsables del desastre, para quienes siempre ha habido y hay dinero disponible con la garantía del Estado.

¿Quién dice que no hay razones para crear una comisión de investigación y que se descubra toda la verdad de lo ocurrido? El pueblo español quiere saber la verdad, tiene derecho a conocer la verdad y este Parlamento, si realmente representa el sentir de los ciudadanos, debe investigar a todos los que han tenido responsabilidades en la toma de decisiones, que han creado tanto sufrimiento a tanta gente y que han llevado el país a un estado de shock.

Hay que investigar a los responsables que facilitaron con leyes del suelo que los promotores pudieran construir en cualquier parte del territorio y sin exigencias de viviendas protegidas.

A los bancos que incrementaron el crédito en el sector inmobiliario movidos por la especulación, superando los propios depósitos de los clientes y contrayendo una inmensa deuda externa que hoy nos asfixia.

Hay que investigar por qué la banca extranjera concedió ingentes cantidades de préstamos a la banca española para ahora poner un corsé de acero a las cuentas y a la soberanía del Estado, del Gobierno, de las comunidades y de los ayuntamientos.

Hay que investigar por qué se sobretasaron las viviendas y el suelo para dar créditos por encima del valor real de las promociones con el afán lucrativo de cobrar más comisiones.

Hay que investigar las estafas en las participaciones preferentes o en las cláusulas suelo. Hay que investigar las empresas que propiciaron los avales colectivos, que aceptaban determinadas entidades, especialmente entre los inmigrantes. Hay que investigar por qué hacían campañas tan agresivas hacia los ciudadanos ofreciendo préstamos a 30 ó 40 años con hipotecas imposibles de digerir por los usuarios.

Hay que investigar a los ejecutivos de las entidades financieras que decidían sobre los créditos muy arriesgados, que sin duda se concedieron por infinidad de entidades, y los créditos que han sido condonados.

Hay que investigar a los consejos de administración de las entidades de ahorros y saber su nivel de información, opinión y decisión sobre las operaciones de alto riesgo que se acordaban.

Hay que investigar a los gobernadores del Banco de España que no hicieron nada ante el endeudamiento temerario de la Banca y saber por qué desoyeron las denuncias presentadas en la última década por los inspectores. Hay que investigar las actuaciones de la CNMV en su responsabilidad como supervisora de los mercados de valores.

Hay que investigar a los directivos que se llevaron insultantes retribuciones y se blindaron con pensiones escandalosas lejos de los resultados que obtenían las propias entidades.

Hay que investigar a los directivos y consejeros que consiguieron créditos preferentes entidades que administraban. Hay que investigar las operaciones crediticias inviables que se concedieron a muchos promotores urbanísticos y que hoy adeudan a las entidades financieras.

Hay que investigar a las agencias de calificación que han determinado el crecimiento de la prima de riesgo. Hay que investigar todo y a todos. Caiga quien caiga.

Porque esta crisis no la ha provocado una catástrofe natural. Aquí hay responsables y víctimas y alguien tiene que explicar por qué tenemos que pagar entre todos este fraude de unos cuantos.

Nunca estuvo tan justificada una comisión de investigación para conocer la verdad. La credibilidad, interna y externa, sólo puede darla la verdad, la transparencia y la depuración de todas las responsabilidades. El peor mensaje que puede dar este Parlamento es decidir no crear la comisión de investigación porque mucha gente podría llegar a dos conclusiones: Una: Que parte de los responsables se sientan en estos escaños. O dos: Que se pretende encubrir a los auténticos responsables del desastre.

Hay que investigar todo y a todos porque este país tiene derecho a conocer la verdad.