La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su satisfacción por la condena proferida en El Salvador en contra de uno de los asesinos del camarógrafo Alfredo Antonio Hurtado Núñez, crimen ocurrido en San Salvador el 25 de abril de 2011.

De acuerdo con la información recibida, el Tribunal Especializado de Sentencia A, de San Salvador, sentenció el 31 de mayo a Jonathan Alexander Martínez Castro a 30 años de prisión por el homicidio de Alfredo Hurtado. El mismo tribunal reafirmó la orden judicial de captura en contra de Marlon Stanley Abrego Rivas, presunto corresponsable del homicidio, quien no ha sido detenido.

Alfredo Hurtado se dirigía a su trabajo la noche del 25 de abril de 2011, cuando dos hombres armados subieron al autobús en el cual viajaba y le dispararon en varias ocasiones. Los asesinos no robaron ninguna pertenencia. Hurtado trabajaba como camarógrafo nocturno del noticiero Teleprensa, del Canal 33, y tenía más de 20 años de experiencia. De manera cotidiana cubría hechos criminales e información acerca de violencia de pandillas. De acuerdo con la información recibida, Martínez y Abrego habrían disparado a Hurtado porque creían que debido a su trabajo habría identificado a un integrante de una pandilla, vinculado con otro asesinato. La Relatoría Especial condenó el homicidio del Hurtado el 2 de mayo de 2011 y solicitó a las autoridades salvadoreñas conducir una investigación exhaustiva que tomara en cuenta la posibilidad de que el crimen hubiera sido motivado por el ejercicio periodístico de la víctima.

La Relatoría Especial celebra la decisión de la justicia salvadoreña, imprescindible para combatir la impunidad, defender la libertad de expresión, impedir la repetición de los hechos y reparar a la familia de la víctima, y confía en que las autoridades competentes harán todo lo necesario para capturar y juzgar al segundo acusado en fuga.

El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH el cual establece que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.