Ésta es una de las conclusiones que recoge la Comisón Europea en una evaluación sobre el plan de reformas presentado por el Gobierno español que parece querer recordar al gabinete de Rajoy que, aunque la UE se encuentre en un momento de encrucijada histórica y España en el ojo del huracán, las bases de la recuperación económica no pueden darle de nuevo la espalda a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio climático.

El análisis de Bruselas coincide en buena medida con los tesis del sector de las renovables, y sostiene que la tarifa eléctrica resulta inflada por los beneficios extraordinarios de las nucleares y las hidroeléctricas. Según la evaluación de los funcionarios europeos, la falta de competencia y el déficit tarifario han favorecido en España “unas compensaciones excesivas de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes hidroeléctricas“. También recrimina que se mantengan las subvenciones a las minas de carbón, que son “ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente”.

El informe también advierte que “con una menor proporción de energías renovables, la dependencia de España de la energía importada aumentaría respecto de la tasa actual del 79% (que es ya muy superior a la media de la UE, del 54%)”.

Mientras que la Fundación Renovables ha aplaudido con estusiasmo la reacción de la UE, la patronal Unesa ha replicado que la evaluación de la Comisión demuestra un desconocimiento profundo del sector eléctrico español. Su presidente, Eduardo Montes, insiste en que las primas a las renovables deberían contenerse hasta quedar en un “nivel mínimo razonable”, lo que a su juicio ayudaría a garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Fiscalidad ambiental

La UE también se muestra muy crítica con la ficalidad ambiental que practica España y advirte  la “amplia gama de reducciones y exenciones tributarias, así como las subvenciones para actividades que resultan perjudiciales para el medio ambiente”.

Europa cree que “hay margen de maniobra para aumentos de los impuestos especiales sobre los combustibles de transporte (gasolina sin plomo y gasóleo)”. Además, recuerda que el Gobierno tiene que detallar “la forma en que España se propone reducir gradualmente hasta suprimir las ayudas a la producción de carbón y cerrar las minas de aquí al 2018”.