El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, defendió hoy en el Senado la "prudencia" con la que se han recogido las previsiones de ingresos en los Presupuestos Generales del Estado de 2012. En su comparecencia en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta, indicó que la recaudación prevista es "acorde con la situación económica que atraviesa España".
España".
Pese a la debilidad del consumo que se ve reflejada en la recaudación del IVA, el secretario de Estado destacó cómo "en abril, el grado de ejecución de los ingresos ha rozado el 99%, en sintonía con lo diseñado por el Ejecutivo", por lo que el Gobierno no contempla un plan B alternativo. Es más, se mostró convencido del acierto del Ejecutivo de no haber contemplado una subida del IVA en los Presupuestos de este año, ya que "su efectividad habría sido muy reducida", dada la atonía del consumo.
Ferre destacó el conjunto de medidas tributarias incluidas en el decreto del 30 de marzo que sirven para reforzar la recaudación en un entorno de recesión económica como el actual. Afectan, sobre todo, a la tributación de personas jurídicas en el impuesto de sociedades. Todas ellas permitirán una recaudación extra de 12.300 millones de euros que ayudarán a la consecución del objetivo de consolidación fiscal este año y ensancharán las bases imponibles para ejercicios venideros. Sin estas medidas, la recaudación sufriría un descenso del 3% en el cómputo global del año.
Además, resaltó que con las modificaciones tributarias incorporadas se exigirá un mayor esfuerzo a quienes tienen una mayor capacidad de pago, a través del Impuesto de Sociedades y del IRPF. Adicionalmente, recalcó que gran parte de las medidas tiene carácter coyuntural, por lo que serán retiradas en cuando mejore la coyuntura.
Plan de regularización
El secretario de Estado destacó también el plan extraordinario de regularización de rentas ocultas incluido en el decreto de medidas tributarias aprobado el 30 de marzo. El plan permitirá aflorar rentas previo pago de un gravamen del 10% del valor de los bienes y derechos no declarados. Ferre anunció que el Ministerio de Hacienda está ultimando la orden que lo desarrolla, que "será publicada en los próximos días" en el Boletín Oficial del Estado tras el informe oportuno del Consejo de Estado. Incluye el modelo de declaración para quienes decidan apuntarse al programa, cuyo plazo finaliza el 30 de noviembre.
El Gobierno espera recaudar con ello 2.500 millones de euros, en un programa que cuenta con la aprobación de la OCDE. Ferre remarcó que esta orden ministerial "recogerá todos los argumentos jurídicos" y aportará, de esta forma, una seguridad jurídica extra a diferencia de lo ocurrido en otras legislaciones.
Medidas antifraude
El secretario de Estado recalcó, no obstante, que el plan de regularización no puede analizarse de forma aislada. Adicionalmente se esperan obtener otros ingresos a partir de una amplia batería de medidas tributarias, que colocarán a la administración española en la vanguardia de la lucha contra el fraude fiscal. Ferre destacó así el anteproyecto de ley de intensificación de lucha contra el fraude, que será remitido al Congreso en las próximas semanas una vez que el Gobierno lo apruebe en Consejo de Ministros.
Entre las medidas que se incluyen en la citada norma se encuentra la limitación del pago en efectivo a 2.500 euros en las operaciones en las que intervenga un empresario o profesional y la nueva obligación de información sobre valores y cuentas abiertas en el extranjero. También se ha incorporado la exclusión del régimen de módulos de algunos colectivos profesionales y mayores garantías para garantizar el cobro de deudas tributarias.
Penas más duras por delito fiscal
Ferre indicó, por otro lado, que la lucha contra el fraude fiscal se reforzará con la reforma de varios artículos del Código Penal por la que se fijará un nuevo tipo agravado de delito fiscal. Ello permitirá elevar a seis años la pena máxima de cárcel para estos supuestos, que tendrán también un plazo de prescripción mayor, de diez años, frente a los cinco actuales. La reforma del Código Penal, diseñada conjuntamente con el Ministerio de Justicia y el de Empleo y Seguridad Social, incluye también un endurecimiento de las sanciones y las penas por fraude a la Seguridad Social.
