Según las organizaciones ecologistas, este permiso constituye un grave error porque pone en peligro innecesariamente al medio ambiente, admemás de suponer un nuevo paso atrás en la política energética del Gobierno, que apuesta una vez más por los combustibles fósiles a pesar de ser más caros y contaminantes, y de ser el motor del cambio climático.

Los dos colectivos entienden, además, que la decisión es incomprensible con el historial medioambiental de Repsol en la zona y cuando todavía no se ha resuelto el procedimiento penal contra la empresa abierto por el Juzgado nº3 de Tarragona por dos vertidos en la fase de exploración de los pozos Lubina y Montanazo.

Lamentan además que la Secretaría de Estado de Medio  Ambiente no haya tenido en cuenta las alternativas energéticas al petróleo y considera "una broma" el argumento del promotor de que la no explotación de los yacimientos "supondría el aumento en la importación de crudo que llevaría asociada un incremento de emisiones a la atmósfera como consecuencia de su transporte desde localidades remotas".

Además, entiende que la justificación energética es falsa ya que España tiene alternativas válidas al consumo de petróleo, independientemente de su origen, que pueden reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo energético para el año 2050 y destaca que la producción total interna de crudo cuando entren en explotación los dos nuevos pozos no alcanzará el 0,6% del consumo nacional para entre siete o diez años.

En cambio, el Gobierno español podría reducir el consumo nacional en una cantidad 10 veces superior tan solo con apoyar unos estándares de eficiencia energética más ambiciosos para los coches que se discuten este año en las instituciones europeas. Esta reducción sería a coste ambiental cero, sin mareas negras y generaría un nuevo impulso a la innovación.

A pesar de la existencia de alternativas energéticas viables, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, asume en su Resolución unos riesgos para favorecer la explotación petrolífera y admite en su Resolución que: en el caso en que se dieran las circunstancias de un vertido de hidrocarburos, "las  consecuencias podrían ser de moderadas a severas sobre la fauna marina, sobre la  pesca o sobre el turismo costero, pudiendo ser críticas sobre determinadas especies de  avifauna y sobre el Parque Natural del Delta del Ebro".

Greenpeace y  Ecologistes en Acció exigen:

• Que se usen los miles de millones de euros que se invierten en extraer más petróleo para mejorar la eficiencia de los vehículos y el despliegue de nuevas tecnologías limpias. Estas medidas evitarían vertidos, frenarían el cambio climático y generarían muchos más empleos.

• Que se defina un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por ahorro, eficiencia y energías renovables, así como la imposición de una moratoria en la exploración, especialmente de hidrocarburos no convencionales, en el territorio español.