El Congreso de los Diputados ha convalidado hoy el Decreto Ley de medidas contra el empleo sumergido y fomento de rehabilitación de viviendas. En la misma sesión se han rechazado tres enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de reforma de las pensiones.
En unas declaraciones realizadas en el Parlamento, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha destacado que el Congreso ha aprobado la primera fase de la tramitación del proyecto de ley de reforma de las pensiones bajo dos principios: las sugerencias de los grupos políticos y el respeto a lo acordado con los agentes sociales.
El titular de Trabajo e Inmigración aseguró que la prioridad era aprobar el proyecto de ley en julio.
Respecto a la primera fase de actuación del Decreto Ley de medidas contra el empleo sumergido, que finaliza el 31 de julio y que permite a los empresarios regularizar a sus trabajadores irregulares de forma voluntaria, el ministro insistió en que lo importante no es el periodo transitorio, sino el definitivo.
Valeriano Gómez no quiso hacer un balance de posibles resultados señalando que prefería esperar al día 31 de julio, aunque apuntó que era en la subcontratación donde se concentraba más empleo irregular. Sí quiso matizar que a partir de esa fecha se intensificarían los controles y que tanto la plantilla de los inspectores, como sus actuaciones, se incrementarían un 10 por ciento.
En cuanto a la finalización de las negociaciones sobre la reforma de la negociación colectiva, el ministro afirmó que sí hubiera acuerdo suficiente la semana próxima "haremos el esfuerzo de llevarlo al Consejo de Ministros del día 3 de junio, y si no el día 10. Queremos estar seguros de que esta reforma entre en vigor en la presente legislatura", añadió.
El ministro mostró su optimismo en un resultado con acuerdo porque hay reuniones constantes "y mientras las reuniones continúen hay que ser optimistas", añadió.
Asimismo informó de que han celebrado dos mesas: una tripartita para la contratación laboral cuya agenda para la próxima semana se centra en el empleo juvenil y el contrato a tiempo parcial, y otra a dos bandas entre empresarios y sindicatos.
ERE de Telefónica
El último tema al que se refirió el titular de Trabajo e Inmigración fue el Expediente de Regulación de Empleo de Telefónica y fue contundente: "No criticamos el ejercicio de un derecho, el de hacer los ajustes que considere necesarios, pero si el expediente termina afectando los gastos del sistema de protección por desempleo, este debe ser asumido por la empresa y espero que la compañía esté dispuesta a asumir los costes".
El ministro aclaró que cuando una empresa prejubila realiza una actuación que no es perjudicial para el sistema de Seguridad Social, el perjuicio está en el coste de la protección por desempleo.
En respuesta a si el Ministerio podría rechazar el ERE, Valeriano Gómez dijo que sí, siempre y cuando no se cumplieran los requisitos legales.
No obstante el titular de Trabajo e Inmigración precisó que primero tiene que llevarse a cabo un periodo de consultas y después es la autoridad laboral competente, el Ministerio en este caso, quien dicta una resolución. Además insistió que no se critica el ejercicio de un derecho, sino el anuncio de un ajuste de plantilla a la vez que unas retribuciones por parte de la junta de accionistas.
