Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Marcos Ávila García, cuyo cuerpo apareció el 18 de mayo en Sonora, un día después de haber sido secuestrado. Esta Relatoría manifiesta su profunda preocupación por la repetición de gravísimos hechos de violencia contra la prensa en México, y solicita a las autoridades competentes una investigación diligente, oportuna y exhaustiva que agote adecuadamente la hipótesis según la cual la causa del crimen haya sido la actividad periodística.
De acuerdo con la información recibida, al menos tres hombres armados y con las caras cubiertas secuestraron al periodista en la tarde del jueves 17 de mayo, cuando se encontraba en un autolavado en Ciudad Obregón, estado de Sonora. Las autoridades desplegaron un importante operativo policial para intentar encontrarlo. El 18 de mayo el reportero apareció asesinado a un lado de una carretera, con signos de tortura y un presunto mensaje del crimen organizado. Marcos Ávila cubría información policial en el diario El Regional de Sonora en Ciudad Obregón, y era reconocido por su seriedad y profesionalismo.
El asesinato de Ávila se suma al menos a otros cinco crímenes de trabajadores de medios de comunicación ocurridos este año en México, que podrían estar relacionados con el ejercicio periodístico. El pasado 28 de abril la periodista Regina Martínez fue hallada muerta en su casa en Veracruz, con señales de violencia, y el 3 de mayo aparecieron, también en Veracruz, los fotógrafos Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, así como Irasema Becerra, empleada administrativa del diario El Dictamen.
La Relatoría Especial fue informada de las medidas tomadas por las autoridades mexicanas para investigar los crímenes contra periodistas. En el caso de Marcos Ávila, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició de oficio una investigación y ordenó entrevistar a familiares de la víctima y directivos de los medios donde laboraba, así como apoyar las investigaciones de autoridades ministeriales. En cuanto al homicidio de los fotoreporteros, dichas medidas incluirían la posible coadyuvancia de la Procuraduría General de la República (PGR) y la designación de una comisión investigadora encabezada por el Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Asimismo, en lo relacionado con el asesinato de Regina Martínez, el gobierno de Veracruz integró una Comisión Especial investigadora y solicitó la participación de la PGR, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de un periodista de la revista Proceso, entre otras acciones.
Los ataques contra la prensa en México han obligado a numerosos medios de comunicación, como medida de seguridad, a renunciar a la publicación de noticias acerca del crimen organizado, privando así a toda la sociedad mexicana de información vital. El Estado mexicano debe hacer de manera inmediata todo lo que esté a su alcance para frenar la ola de violencia contra los y las periodistas, combatir la impunidad e impedir el silenciamiento de los medios de comunicación. Es urgente la implementación de una política de protección para las y los comunicadores, romper el ciclo de impunidad que invita a los criminales a cometer nuevos crímenes contra periodistas y entender que proteger a la prensa y a defensores de derechos humanos es esencial para el combate integral de la delincuencia y la protección de la democracia.
En ese sentido debe ser una prioridad la aplicación efectiva y urgente de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, recientemente aprobada, el fortalecimiento de la FEADLE y la aprobación por parte de las legislaturas de los estados de la reforma constitucional que facultaría a las autoridades federales investigar y juzgar los delitos contra el ejercicio de la libertad de expresión. Mientras se concreta el proceso de federalización actualmente en curso, es necesaria la activación de los mecanismos existentes para que las autoridades federales asuman la investigación de los homicidios cometidos.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
Credit: Juan Manuel Herrera/OAS
