Ante el escrito que D. José María Ruiz Mateos ha enviado a los titulares de pagarés y participaciones de las empresas integrantes de Nueva Rumasa, en el que ofrece el pago de los mismos con cargo al dinero que en su caso debiera hacer efectivo a su favor el Estado, como consecuencia de transacción judicial o extrajudicial o de una eventual resolución favorable a sus intereses de diversos procedimientos judiciales, el Ministerio de Economía y Hacienda se ve obligado a efectuar tres precisiones:
1ª) Existen más de doscientas sentencias firmes del Tribunal Supremo contrarias a los intereses de la familia Ruiz Mateos, que se cierran con el fallo de la sentencia de 22 de noviembre de 2004 del Tribunal Supremo que fija un valor de cero pesetas como justiprecio del Grupo empresarial RUMASA. Consecuentemente hasta la fecha no ha existido, ni existe ninguna obligación del Estado como consecuencia de sentencia firme o en resolución de ejecución de la misma para abonar cantidad alguna a los accionistas mayoritarios (familia Ruiz Mateos) de RUMASA.
2ª) Aunque el Sr. Ruiz-Mateos y sus familiares han iniciado procedimientos reclamando la retasación de las empresas, el único fallo judicial que ha recaído hasta la fecha (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de febrero de 2010) es contrario a las pretensiones a la familia Ruiz Mateos, sin reconocer a su favor derecho de pago alguno. El resto de los procedimientos de retasación iniciados tienen un planteamiento idéntico al que ha sido desestimado.
3ª) No existe, ni hay previsión de que exista, ninguna transacción judicial o extrajudicial entre el Estado español y el Sr. Ruiz Mateos.
Estos datos, que hablan por sí mismos, deben ser tenidos en cuenta y valorados por los titulares de pagarés y participaciones de las empresas integrantes de Nueva Rumasa.
Se reitera que este comunicado se emite en cuanto que el Estado español es mencionado en la propuesta como supuesto y eventual titular de unas obligaciones de pago que, desde luego, niega y combate y que, hasta ahora, han sido totalmente rechazadas por los Tribunales de Justicia.
