Ginebra / Washington, D.C. - “Los asesinatos y amenazas repetidamente sufridos por defensores de derechos y periodistas en México deben detenerse inmediatamente,” instó un grupo de cuatro expertos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamando al Gobierno a avanzar en la promulgación rápida y aplicación efectiva de la ‘Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’.

Destacando la inmediatez de las amenazas que enfrentan defensores y periodistas, los expertos también instaron al Gobierno a aplicar los mecanismos de protección existentes como un asunto urgente, a fin de evitar más ataques y pérdidas de vidas, y de complementar las nuevas disposiciones cuando entren en vigor.

El proyecto de ley, que ha sido aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión, tiene por objeto garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas mediante la creación de un mecanismo con la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en riesgo, así como para prevenir que tales riesgos surjan en el futuro.

“Los defensores de derechos humanos en México necesitan desesperadamente la protección efectiva del Estado ahora”, dijo Margaret Sekaggya, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos. “Siguen sufriendo asesinatos, ataques, hostigamiento, amenazas, estigmatización y otras violaciones graves de derechos humanos”.

“El Estado debe implementar, en forma prioritaria, una política de protección global para defensoras y defensores de derechos humanos. La falta de sistemas adecuados y eficaces para la implementación de medidas de protección especializadas está relacionada con la situación de indefensión en la que muchos defensores de derechos humanos se encuentran, la cual ha ocasionado que varios de ellos hayan perdido la vida en los últimos años”, enfatizó Santiago A. Canton, el Secretario Ejecutivo de la CIDH en nombre de de la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos*.

“Necesitamos romper el ciclo de impunidad en México, que se está convirtiendo en un lugar cada vez más violento para los periodistas”, dijo Frank La Rue, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión. “Los asesinatos recientes de cuatro trabajadores de la prensa en Veracruz subrayan la necesidad urgente de adoptar medidas concretas para garantizar la seguridad de los periodistas y poner fin a la impunidad”.

Catalina Botero, Relatora Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, destacó que “salvaguardar a periodistas y defensores de derechos humanos no sólo es compatible con la lucha contra la delincuencia, es un elemento esencial de esta lucha. Las autoridades Mexicanas deben tomar medidas inmediatas para proteger a aquellos periodistas o defensores de derechos humanos que están siendo amenazados, así como avanzar decididamente en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos”.

Los cuatro expertos elogiaron al Congreso de la Unión por haber probado el proyecto de ley, indicando que proporcionaría un nuevo impulso y sostenibilidad a los marcos de protección existentes.

El proyecto de ley fue elaborado en consulta con organizaciones de la sociedad civil, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México proporcionaba consejos técnicos durante el proceso de redacción.

Los expertos de derechos humanos elogiaron el proceso consultivo que permitió a múltiples partes interesadas a desempeñar un papel importante en la redacción del proyecto de ley, y pidieron el mismo enfoque participativo durante todo el proceso de aplicación. Sin embargo, hicieron hincapié en la urgencia de proporcionar una protección eficaz a aquellos en situación de riesgo y de asegurar que las violaciones de derechos humanos contra periodistas y defensores de derechos humanos no queden impunes.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos/as por la Asamblea General de la OEA a título personal.

(*) De conformidad con el Artículo 17(2)(a) del Reglamento de Procedimiento de la Comisión, el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad Mexicana, no participa en asuntos relacionados con dicho país.