- La situación de los planes remitidos por el Principado al Ministerio de Hacienda es de total normalidad y presentan índices mejores que los de otras comunidades
- Es desleal que sea a través de una nota de prensa el medio por el cual el Gobierno de Asturias conozca la noticia de un eventual e infundado rechazo a su Plan Económico Financiero (PEF)
- Este comportamiento, además de desleal, es irrespetuoso, antijurídico y contraviene frontalmente todas las manifestaciones del principio de lealtad institucional contenidas en el artículo 9 de la Ley de Estabilidad
Oviedo.- Tras la remisión el pasado viernes del Plan Económico Financiero del Principado de Asturias 2012-2014, el Gobierno no ha tenido ninguna comunicación oficial con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por medio de las que éste planteara dudas acerca de su viabilidad. No consta oficialmente el rechazo del plan, ni siquiera algún tipo de reparo, objeción o petición de documentación adicional a la remitida que haga presumir, siquiera indiciariamente, una eventual oposición del Ministerio a PEF remitido.
El Gobierno regional ha cumplido con la obligación recogida en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, remitiendo un PEF al Ministerio que da pleno cumplimiento a las exigencias formales y materiales previstas en esta Ley:
- El PEF se ha construido de acuerdo con los parámetros suministrados por el Ministerio en cuanto a la estimación del PIB regional previsto para los años 2012, 2013 y 2014.
- Se garantiza que esta Comunidad Autónoma cumple el requisito del ratio de endeudamiento sobre el PIB previsto en la Ley de Estabilidad (inferior al 13% del PIB) con lo que queda garantizado el requisito esencial sobre el que se fundamenta la salvaguarda del principio de sostenibilidad financiera.
- Se prevé, en garantía del principio de estabilidad presupuestaria, que los porcentajes de déficit en que incurrirá el Principado en el período 2012-2014, del 0.99%, 1% y 1% respectivamente, sean inferiores a los máximos permitidos en cada uno de esos ejercicios (1,5%, 1,1% y 1%). Estos datos no sólo se ajustan a lo exigido para Asturias sino que además los mejoran sustancialmente. Sólo en 2012, frente a un techo de déficit permitido de 340 millones de euros, se traslada y demuestra en el PEF que el déficit previsto será de 227 millones de euros, es decir, 113 millones por debajo del máximo permitido.
Los datos económicos del PEF son claros y precisos. El Principado se encuentra dentro de la senda prevista para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fiscal. Además, aunque los PEF presentados por otras comunidades autónomas aún no se han hecho públicos, se estima que la situación financiera del Principado de Asturias es sustancialmente mejor que la de otras comunidades como Castilla La Mancha, Cataluña, Andalucía, Valencia, Islas Baleares o Murcia, entre otras.
Esta opinión también es propia de analistas económicos. La semana pasada la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) hizo públicos sus cálculos y estimaciones del déficit de las comunidades autónomas al cierre de 2012. Entre ellos destaca que Asturias será una de las comunidades menos deficitarias, sólo superada por Madrid, La Rioja, Galicia y Castilla-León. La estimación de la desviación para el resto de autonomías es peor que para Asturias. “Las mayores desviaciones las experimentarán Castilla-La Mancha, con un déficit del 4,9% para el conjunto del año; Murcia (déficit del 3,7% del PIB), Baleares (déficit del 3,4%), y la Comunidad Valenciana (3,3% del PIB). Les seguirán Cataluña, que registrará un déficit del 3% del PIB, el doble que el objetivo fijado; Cantabria (2,7% del PIB); País Vasco (2,6%); Navarra (2,5%); Andalucía (2,4%); Aragón (2,3%); Extremadura (2,2%)…”.
Es más, el pasado mes de marzo el Ministerio autorizó a Asturias a endeudarse en cerca de 325 millones de euros, lo que es reflejo de la estabilidad financiera de la Comunidad.
Con estos antecedentes el Ministerio se descuelga la tarde del sábado con una nota de prensa en la que recoge su preocupación por la situación política que vive el Principado de Asturias indicando que “Dentro de los planes presentados preocupa especialmente el de Asturias, porque la situación de Gobierno en funciones existente en esa Comunidad impide que el mismo adopte compromisos en materia de ingresos y gastos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria.
Hacienda ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudie la aplicación de esta Ley en el caso de Asturias, que dada su situación política no puede garantizar la adopción de medidas para el cumplimiento del objetivo de estabilidad. La nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige la aprobación del Plan Económico Financiero o, en caso contrario, la aplicación de las medidas correctivas y coercitivas contenidas en la misma, y, en último extremo, la tutela de las cuentas de la región por la Administración del Estado.
Por tanto, se deberá estudiar por la Intervención General del Estado y el Servicio Jurídico las consecuencias de una posible no aprobación del PEF de Asturias en el marco de las normas de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
La gravedad de esta declaración no tiene precedentes en la historia reciente de España. Se basa en meras elucubraciones acerca del futuro político de una Comunidad Autónoma desconociendo que el proceso de formación de un nuevo ejecutivo, principal línea argumental de su crítica, concluirá este mes de mayo al iniciarse el día 22 el proceso de investidura en la Junta General del Principado.
Así explicado por el Ministerio y a falta de reparos al contenido del PEF el problema ya no es el déficit regional y su contención, sino la estabilidad del propio ejecutivo, que se encuentra en funciones, pendiente de la investidura que sigue a las recientes elecciones autonómicas, y por lo tanto no puede alcanzar compromisos de largo plazo con Madrid, como es obvio, y no puede ser de otra manera, pues de pactar compromisos que no puede alcanzar, invadiría las competencias del próximo gobierno. Además, la situación del Ejecutivo en funciones es una situación transitoria que concluirá el próximo día 22 de mayo con el inicio del procedimiento e investidura de un nuevo Gobierno regional. Se trata de una situación normal y reglada que si bien supone limitaciones operativas en la capacidad del Gobierno para adoptar acuerdos que afecten al futuro Ejecutivo no le impide cumplir las obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico, entre ellas, las relativas a garantizar la estabilidad y sostenibilidad fiscal de la Comunidad Autónoma.
Comportamiento infundado y antijurídico
Antes de publicar oficialmente sus dudas acerca de las finanzas regionales asturianas el Ministerio debió dirigirse al Principado solicitando aclaraciones, pedir documentación adicional, plantear eventuales reajustes al PEF que se le ha remitido, etc. Nunca debió aparecer amenazando a una Comunidad Autónoma con la tutela de sus cuentas y menos, aun, sin especificar los motivos que, con arreglo a la citada Ley de Estabilidad, justifican una pretendida medida de tanto calado.
Por tal motivo, desde el Gobierno del Principado no se comprenden las manifestaciones efectuadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, salvo que con ellas se persigan fines políticos ajenos a la estabilidad presupuestaria y a la corrección del déficit, al existir presentado un plan de ajuste y un plan económico, ser el déficit actual del Principado inferior al de otras Comunidades Autónomas y no existir comunicación alguna por el Ministerio de Hacienda referente a los citados planes. La actuación del Ministerio resulta a todas luces infundada.
Este comportamiento del Ministerio es, además, antijurídico. Contraviene frontalmente todas las manifestaciones del principio de lealtad institucional contenidas en el artículo 9 de la Ley de Estabilidad:
- El Ministerio no ha valorado el impacto que sus actuaciones, sobre las materias a las que se refiere esta Ley, pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas. Ha hecho un comunicado falto de rigor y seriedad, poniendo en solfa a Asturias y a los asturianos que quedan desacreditados ante la comunidad financiera nacional e internacional al infundir la falsa noticia de un incumplimiento de esta Comunidad de sus obligaciones en materia de estabilidad que le generará un importante descrédito, caída inmediata del rating y encarecimiento de la financiación a corto y largo plazo.
- No ha respetado el ejercicio legítimo de las competencias que el Principado de Asturias tiene atribuidas. En particular, no es respetuoso con la facultad estatutaria de los asturianos en autogobernarse y organizarse. El Ministerio no puede entrar a criticar el proceso de investidura de un nuevo gobierno al amparo de la Ley de Estabilidad porque es un asunto que no afecta a la estabilidad, máxime cuando el PEF presentado garantiza plenamente el cumplimiento de los objetivos preceptivos.
- No ha ponderado en el ejercicio de sus competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión está encomendada a otras Administraciones Públicas, como es la del Principado de Asturias.
- Aun de ser ciertas, que no lo son, las eventuales dificultades del Principado de Asturias para cumplir el objetivo de estabilidad, el Ministerio no ha facilitado ningún tipo de información previa anterior a la nota de prensa, no ha sido transparente y no ha prestado la cooperación y asistencia al Principado para evitar medidas como las que anuncia.
En resumen, este comportamiento no puede dejar de calificarse como de desleal e irrespetuoso.
La nota de prensa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, hecha pública en el día de ayer, supone un profundo desconocimiento, o desprecio, de la figura del Gobierno en funciones, de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, del concepto de interés general, y de las relaciones constitucionalmente establecidas entre las diferentes administraciones públicas que componen el Estado Español basadas en un principio de lealtad y respeto institucional, existiendo un evidente intento de interferir en el proceso de elección del Presidente del Principado.
La figura del Gobierno en funciones en la que se basa el comunicado ministerial, prevista en el ordenamiento jurídico estatal y en los ordenamientos autonómicos, es una situación normal y transitoria derivada del funcionamiento democrático de nuestros sistemas de gobierno parlamentario que no supone la falta de gobierno sino, de acuerdo con la Ley 50/1997 y la doctrina del Tribunal Supremo, simplemente la limitación de las funciones del gobierno a la realización de actuaciones de gestión administrativa ordinaria ausente de valoraciones y decisiones en las que entren criterios políticos salvo que se motive debidamente la urgencia o las razones de interés general que justifiquen la adopción de medidas de otra naturaleza.
Pues bien, dejando al margen que la transitoriedad del Gobierno desaparecerá en breves fechas y que por ello no justifica decisión alguna por el Ministerio de Hacienda como se ha dicho, el interés general que subyace en el principio de equilibrio presupuestario y corrección del déficit, reflejado en su incorporación al artículo 135 de la Constitución con la reforma de 27 de septiembre de 2011 -la exposición de motivos de la citada reforma dice que “la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado Social que proclama el artículo 1.1 de la propia Ley Fundamental y, en definitiva, de la prosperidad presente y futura de los ciudadanos. Un valor, pues, que justifica su consagración constitucional, con el efecto de limitar y orientar, con el mayor rango normativo, la actuación de los poderes públicos”- es el que permite la presentación por un gobierno en funciones del correspondiente plan económico financiero. Lo contrario supondría no comprender cual es la causa por la que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas requiere la presentación de un PEF y al mismo tiempo rechaza el mismo por la imposibilidad de adoptar medidas de reducción del déficit, cuando precisamente es este el contenido del PEF, siendo una actuación que supone ir contra sus propios actos (la solicitud y el rechazo al mismo tiempo sin examinar su contenido); y mucho menos comprender que se puedan adoptar medidas limitativas o intervencionistas sobre una Comunidad Autónoma en base al interés general que supone el equilibrio presupuestario y al mismo tiempo no se reconozca este interés para poder adoptar medidas para su corrección, cuando es precisamente ese interés el que permite adoptar medidas a un gobierno en funciones (el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, del Gobierno dice “3. El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”).
Permitiéndose, además y en todo caso, al nuevo Gobierno del Principado la modificación del PEF y de las medidas de contención del gasto por aquellas que estime oportunas, ya que la única vinculación o limitación que resulta de la normativa aplicable es la consecución de un resultado de déficit.
Pero es más, aun acogiendo que no exista un interés general que permita la adopción de otras medidas, la única limitación que existe en este momento por existir un gobierno en funciones sería la adopción de medidas de contención del déficit que supongan una limitación de las actuaciones políticas del futuro gobierno, las cuales no han sido llevadas a cabo por el actual gobierno en funciones que se ha limitado a una reducción del gasto sin iniciar otro tipo de actuaciones.
Todo ello refleja que el Gobierno de España, encabezado en este caso por el Sr. Montoro, reconoce un interés general para anunciar medidas contra el Principado de Asturias, pero al mismo tiempo niega ese mismo interés para poder adoptar medidas a un Gobierno en funciones, lo que revela que el interés de tutela no es presupuestario o financiero sino político, en un intento de tutelar el procedimiento de elección de Presidente del Principado, lo que supone una ingerencia intolerable de un Ministro de Hacienda en los asuntos propios de una Comunidad Autónoma.
La finalidad política de las actuaciones con las que se amenaza resulta con mayor claridad, si cabe, del hecho de que la Ley Orgánica 2/2012, Ley de Estabilidad en la que el Sr. Montoro quiere basar su actuación, establece diferentes mecanismos de control del déficit de carácter progresivo, los cuales exigen para su adopción la tramitación del correspondiente procedimiento, sin que hasta la fecha se haya recibido comunicación alguna del Ministerio, no constando ni siquiera respuesta a los planes de ajuste presentados ante el Ministerio cuando el artículo 19 de la citada Ley Orgánica 2/2012 requiere una advertencia motivada con audiencia de la Comunidad Autónoma interesada, concediendo plazo de un mes para adoptar medidas, plazo previsto incluso con carácter previo para la adopción de las medidas automáticas establecidas en la Ley.
Finalmente es necesario poner de manifiesto dos hechos o circunstancias adicionales. En primer lugar la situación de desequilibrio económico de otras Comunidades Autónomas muy superior a la del Principado de Asturias, especialmente las gobernadas por el Partido Popular como se ha indicado, respecto de las cuales no se ha anunciado medida alguna, ni siquiera formulado requerimiento de corrección público por el Sr. Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En segundo lugar, que desde la toma de posesión del actual Gobierno del Principado uno de sus objetivos fundamentales ha sido la corrección del déficit heredado del anterior gobierno, adoptando múltiples medidas encaminadas a ello, encontrándose con un rechazo frontal de la totalidad de los partidos de la oposición, entre ellos el propio Partido Popular que sustenta al Gobierno de España -baste recordar la tramitación parlamentaria por vía de emergencia de la Ley 3/2011, con la que se pretendía dejar sin efecto la retención de créditos por 10,6 millones de euros practicada a la RTPA, y con la que se eliminaron todas las facultades del Gobierno del Principado para reordenar el sector público autonómico, atribuyéndose a la Junta General del Principado; o la enmienda a la totalidad de los presupuestos para 2012, haciendo revivir los presupuestos deficitarios del Gobierno anterior, enmienda presentada y aprobada por el Partido Popular-, sin que el Gobierno de España y el Sr. Montoro hiciesen ni siquiera una manifestación en contra de las mismas.
Todo lo anterior evidencia, bien a las claras, que estamos en presencia de una actuación política, no económica o presupuestaria, que busca interferir o tutelar el proceso de elección del Presidente del Principado en la forma que más beneficie a los intereses del Gobierno de España por afinidades políticas o de amistad. Procediendo en consecuencia el Principado de Asturias a dar traslado de las manifestaciones realizadas hasta la fecha por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a sus Servicios Jurídicos, a fin de que procedan al estudio de las mismas con el objeto de impugnar cualesquiera medidas que se puedan llevar a cabo, así como a formular las reclamaciones, por vía de responsabilidad patrimonial, por los perjuicios que las mismas ocasionen al Principado de Asturias, como pudiera ser el encarecimiento de su financiación a corto y largo plazo.
