AsturiasMundial.-El anuncio del Ministerio de Hacienda de que ha ordenado a la Abogacía y la Intervención general del Estado estudiar la intervención del Principado de Asturias, hecha en un simple comunicado, ni siquiera mediante una comparecencia del ministro, supone una humillación frente a la que la sociedad asturiana debe de reaccionar firme y unida, rechazando una actuación que ni Asturias, que tantas veces a socorrido a España en momentos trascendentales, ni sus ciudadanos se merecen.
En una España en la que el Gobierno acude cada poco a socorrer a Valencia o Cataluña con grandes 'maconas' llenas de millones de euros para que puedan pagar sus nóminas, o en que de otras como Andalucía no se sabe siquiera el monto real de su deuda, al Ejecutivo no le le ocurre más que, igual que haría un matón repetidor pegando al chiquillo más pequeño, y con gafas, en el patio del colegio, amenazar con la intervención a una Comunidad que aún está entre las menos endeudadas y con mayor control de su déficit. Y lo hace con deslealtad institucional y consecuencias gravemente lesivas para la economía de las empresas asturianas y de los propios ciudadanos.
Con deslealtad institucional porque, en funciones o no, Asturias tiene un Gobierno, al igual que tiene un Parlamento que, tras un proceso electoral, procede a la elección de un nuevo presidente dentro de los plazos normales y legales previstos estatutaria y constitucionalmente. Y no es de recibo obrar como si aquí se hubiese producido una 'espantá' y la casa estuviese vacía. Hasta la terminología es ofensiva, pues se habla de 'región', en lugar de 'Comunidad Autónoma', algo que el señor Montoro sabe que no hará jamás con Cataluña, Euskadi o Galicia.
Y con graves consecuencias para nuestra economía, porque no hay más que escuchar los informativos hoy domingo para darse cuenta de que la piedra lanzada al lago se amplifica en ondas que, sin tener ni idea de la situación asturiana, hablan del Principado como si fuese Grecia o peor.
Los partidos políticos asturianos, a excepción del PP, y el propio Ejecutivo, ya han salido al paso, con mayor o menor intensidad del sorprendente 'recado' lanzado por el Ministerio en una jornada en la que cientos de miles de españoles proclamaban su indignación contra la supresión paulatina de derechos y libertades básicas, así como la privatización anunciada de servicios esenciales. Pero no es suficiente. La voz unida de la sociedad asturiana debe de expresar su repulsa sin palativos lo antes posible antes de que, de facto, se disuelva nuestra histórica --ésta sí-- Comunidad.
Por la dignidad de nuestros muertos, y la de las generaciones venideras, es hora de expresar el orgullo y la identidad de este pueblo generoso, honrado y trabajador.
Si quieren rodearnos con un cercado de espinos gigantes como a una tribu de primitivos astures vestidos con pieles de raposu, y arrojarnos algunos boniatos y papas para que comamos durante el invierno, como a una tribu de indígenas sometidos, que lo hagan, pero quizá nos sea mejor en ese caso lanzar la última carga contra la caballería ligera del hombre blanco que habla con lengua traidora. ¡Dignidad!
