El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha comparecido hoy a petición propia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para informar sobre la decisión del gobierno de Bolivia de expropiar la compañía Transportadora de Electricidad (TDE), filial de la española Red Eléctrica de España.
El ministro de Industria, Energía y Turismo ha lamentado la decisión del gobierno boliviano de expropiar TDE, una decisión enmarcada en una política sistemática de nacionalización de determinados sectores desarrollada desde 2006 y que tiene como base la Constitución boliviana.
Esta política de nacionalizaciones ha afectado a distintas empresas de distintos sectores de diferentes países, por lo que el ministro Soria señaló en el Congreso que no se observan signos de discriminación contra España o contra las empresas españolas en esta decisión del gobierno boliviano. El decreto de expropiación contempla además la indemnización a Red Eléctrica por los activos nacionalizados, para lo cual la compañía y el gobierno boliviano iniciarán un proceso negociador.
El gobierno de España confía en que el gobierno de Bolivia negocie con la empresa REE para alcanzar una compensación justa que satisfaga a todas las partes. El Gobierno ha constatado la voluntad de diálogo de Bolivia, según los contactos diversos mantenidos entre miembros de ambos gobiernos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, y otros miembros de su gabinete, reiteraron esta posición al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica español, Jesús Gracia, en una entrevista realizada ayer.
El gobierno de España, señaló el ministro Soria, acompañará a REE en este proceso de negociación y prestará todo el apoyo que sea necesario y posible a la empresa en la defensa de sus legítimos intereses.
El ministro de Industria, Energía y Turismo quiso establecer además las claras diferencias entre la nacionalización de TDE y el proceso de expropiación de YPF por parte de las autoridades argentinas, una decisión ilegal y discriminatoria, ya que afecta únicamente a la participación de la española Repsol en una compañía, y en la que ha habido una ausencia de diálogo para alcanzar acuerdos, señaló el ministro.